Cuadernos de Políca Exterior Argenna (Nueva Época), 143, Enero-Junio 2026
ISSN 1852-7213 (edición en línea)
El pretorianismo en áfrica en el siglo XXI: el caso de Burkina Faso
*
Eduardo A. Carreño
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https://orcid.org/0000-0002-5587-1116
Desde la década de 1990, la narrativa predominante sobre África apuntaba hacia una
progresiva democratización y la reducción de las intervenciones militares en la política
(Harsch, 2025). Sin embargo, a partir de 2020, una sucesión de golpes de Estado en países
como Malí, Burkina Faso, Guinea y Níger ha reconfigurado radicalmente el panorama
geopolítico de la región, creando lo que analistas y medios denominan el "cinturón de golpes"
o coup belt (Engels, 2023; Habtom y Waller, 2025). Esta ola contemporánea constituye la
tercera gran ola de intervenciones militares en la historia poscolonial de África Occidental,
sucediendo a los derrocamientos de los líderes de la liberación nacional (1960-1980), y a la
posterior crisis del desarrollismo militar (1980-1990) (Gerőcs, 2025). A pesar de que los golpes
de Estado habían experimentado un marcado declive a nivel mundial, su resurgimiento en el
Sahel desafía profundamente las expectativas sobre la consolidación democrática y obliga a
repensar la naturaleza de las instituciones en el continente (Obi y Andrews, 2025).
Para comprender este fenómeno de manera integral, resulta imperativo superar el análisis
occidental que reduce los golpes de Estado a simples anomalías institucionales o retrocesos
democráticos. La literatura académica reciente argumenta que es necesario replantear las
relaciones civil-militares en África alejándose del modelo tradicional que exige un control civil
objetivo para analizar dos dimensiones estructurales mucho más pertinentes: la proximidad al
régimen y el arraigo social de las fuerzas armadas (Day y Khisa, 2022). En la mayoría de los
Estados africanos, la frontera entre las autoridades políticas y el poder militar es fluida, y los
cuerpos armados mantienen complejas redes de relaciones sociales con la población civil a la
*
Agradezco la asistencia de la señorita Antonia Vega Pacheco (Estudios Internacionales, UCHILE) en la recopilación de
algunos datos.
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Doctor en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Asociado, Instituto de Estudios Internacionales,
Universidad de Chile. ecarreno@uchile.cl
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que deben proteger. En este contexto, la intervención castrense no es un evento aislado
impulsado únicamente por la ambición de una camarilla de oficiales, sino el resultado de una
crisis estructural donde los militares actúan en respuesta a las enormes presiones de la sociedad
y a la incapacidad sistémica de las élites civiles para gobernar eficazmente (Harsch, 2025).
Este escenario ha marcado el retorno de una forma de gobierno postcolonial conocida
como el “Estado pretoriano” (Habtom y Waller, 2025). Históricamente, el pretorianismo se
define como un sistema en el que los distintos grupos políticos luchan directamente por el
poder sin la mediación de instituciones sólidas, y donde las organizaciones militares poseen
una ventaja decisiva frente a los actores civiles debido a su cohesión organizativa, su autonomía
y su percepción agresiva de sí mismas. Sin embargo, el pretorianismo del siglo XXI en el Sahel
presenta una característica fundamental y novedosa: la tutela o salvaguardia nacional se ha
elevado al nivel de una verdadera ideología. Los nuevos líderes militares, predominantemente
jóvenes, justifican su asalto al poder no sólo como una medida tecnocrática temporal, sino
como un deber patriótico absoluto. Su misión declarada es proteger a la nación de enemigos
directos (p.ej.: insurgencias islamistas) y de enemigos indirectos (p.ej.: gobernantes civiles
percibidos como corruptos, incompetentes o subordinados a intereses neocoloniales
extranjeros). Como resultado, estos militares asumen un papel cuasi mesiánico para salvar a
sus países del abismo del subdesarrollo y el caos.
El caso de Burkina Faso sirve como el paradigma central para examinar estas dinámicas
contemporáneas. El país experimentó dos golpes de Estado sucesivos en 2022, culminando con
el ascenso al poder del Capitán Ibrahim Traoré, un joven líder de 34 años. Traoré ha logrado
aglutinar el descontento popular y ha reavivado la conciencia panafricana emulando el legado
del histórico líder revolucionario de su país, Thomas Sankara, al poner en el centro de su agenda
la autosuficiencia, los derechos locales y la total independencia económica frente a las
dinámicas neocoloniales (Appiah-Mensah, 2025).
La principal tesis de esta reflexión sostiene que el régimen pretoriano liderado por Traoré
en Burkina Faso no representa simplemente una regresión al autoritarismo del pasado, sino que
constituye una compleja revuelta desde la periferia contra el imperialismo y contra el rotundo
fracaso del Estado civil (Zhang y Poulin, 2025). Esta revuelta se articula a través de un proyecto
explícito de decolonialidad y un agresivo nacionalismo de recursos, buscando construir una
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economía autocéntrica que rompa definitivamente con los lazos históricos de dominación
francesa (Simura, 2024).
A lo largo de los siguientes apartados, este artículo analizará cómo esta reconfiguración
busca reescribir el marco jurídico y la economía internacional a favor de la soberanía local,
mientras simultáneamente se enfrenta a contradicciones críticas: el riesgo inminente de una
militarización opresiva de la sociedad, la incapacidad para erradicar la violencia terrorista, y el
peligro latente de sustituir antiguas ataduras europeas por nuevas dependencias asimétricas con
potencias como Rusia y China en un emergente orden multipolar.
El fracaso del electoralismo y la crisis estructural de seguridad
Tras el final del bipolarismo y bajo la presión de Occidente, África experimentó una
democratización multipartidista que generó altas expectativas populares para el continente. Sin
embargo, las décadas siguientes mostraron las severas debilidades de este modelo, dando lugar
a un fenómeno que los críticos denominan "electoralismo", es decir, un sistema donde el
enfoque se reduce a la celebración de elecciones regulares, pero que carece de mecanismos
efectivos para mejorar las condiciones materiales de los ciudadanos, frenar la corrupción o
garantizar una participación ciudadana genuina. A pesar de que las encuestas indican que la
mayoría de los ciudadanos africanos sigue prefiriendo la democracia como forma de gobierno
frente a alternativas autoritarias (Gráfico N° 1), existe una profunda desilusión con los líderes
electos, a quienes se percibe como corruptos, nepotistas y dispuestos a manipular las
constituciones para perpetuarse en el poder. Este déficit crónico entre la robusta demanda
popular de democracia y la deficiente oferta institucional sentó las bases para la legitimación
de las intervenciones militares en la región.
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Gráfico N° 1: Preferencias sobre tipo de gobierno por país (2021-2023)
1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Afrobarometer (2024).
El fracaso de estas democracias de fachada no fue accidental, sino el resultado de
constricciones estructurales derivadas de políticas económicas impuestas desde el exterior.
Como señaló Mkandawire (1999), la obligación casi ineludible de adoptar programas de
liberalización del mercado supervisados por instituciones financieras internacionales dio lugar
a democracias sin opciones. En este sistema, aunque los ciudadanos podían cambiar a sus
líderes políticos en las urnas, los gobiernos electos carecían de autonomía para alterar el
enfoque económico básico, permitiendo que las corporaciones operaran bajo un control
limitado y amasaran enormes riquezas a expensas de la mayoría de la población.
Desde otra perspectiva, Zhang y Poulin (2025) explican esta incapacidad del Estado civil
a través de la relación asimétrica de explotación entre el centro imperialista y la periferia
1
Texto exacto de la pregunta: “¿Cuál de estas tres afirmaciones es la más cercana a su opinión? 1) La democracia es preferible
a cualquier otro tipo de gobierno. / 2) En algunas circunstancias, un gobierno no democrático puede ser preferible. / 3) Para
alguien como yo, no importa qué tipo de gobierno tengamos”.
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africana. Las élites políticas electas en países francófonos funcionaron esencialmente como
una burguesía compradora, es decir, una clase capitalista comercial subordinada a los intereses
de las potencias occidentales, particularmente Francia. En lugar de fomentar un desarrollo
económico nacional, estos gobiernos facilitaron la extracción continua de riqueza hacia el
Norte Global. Por consiguiente, los recientes golpes de Estado en la región son entendidos por
las poblaciones locales no como ataques a la democracia, sino como una revuelta de la periferia
contra esta burguesía compradora que había perpetuado el subdesarrollo.
Esta marginación económica estructural tiene raíces históricas profundas que se
remontan a la violenta incorporación de la región del Sahel al sistema-mundo capitalista
(Gerőcs, 2025). Durante la era precolonial, el Sahel no era una periferia aislada, sino una
intrincada red comercial transahariana que conectaba a los pueblos sedentarios de África
Occidental con los nómadas del Sahara y el Mediterráneo. El colonialismo europeo interrumpió
y finalmente desmanteló este milenario ecosistema para reorientar la extracción de recursos
comerciales hacia la costa atlántica. Esta reconfiguración generó desigualdades territoriales y
de clase: los capitales y el poder administrativo se concentraron en los protectorados costeros
o del sur, mientras que el interior saheliano fue relegado, exacerbando las tensiones que
perduran hasta el presente.
Fue precisamente esta extrema debilidad estatal heredada la que impidió al gobierno civil
de Burkina Faso hacer frente a la amenaza existencial que detonó su colapso: la letal
insurgencia yihadista. La incapacidad del presidente electo Roch Marc Christian Kaboré para
contener la violencia de los grupos extremistas destruyó la legitimidad de su administración y
desató el desencanto ciudadano. La frustración de las tropas llevó a la instalación de una junta
militar en enero de 2022 encabezada por el teniente coronel Paul-Henri Damiba, quien
prometió mayor eficacia contrainsurgente. Sin embargo, al no lograr avances significativos, un
segundo golpe liderado por el joven capitán Ibrahim Traoré lo derrocó tan sólo ocho meses
después.
La crisis de seguridad saheliana se vio trágicamente agravada por las dinámicas de la
Guerra Global contra el Terrorismo (GWOT en su sigla en inglés) impulsada por Occidente.
Como argumenta Billy (2025), la macro-securitización estadounidense y francesa en el Sahel
se basó en evaluaciones exageradas de la amenaza hacia sus propios intereses, pasando por alto
las causas complejas y locales de la violencia extremista. Peor aún, el suministro de asistencia
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de seguridad a líderes autoritarios propició violaciones a los derechos humanos y represión,
alimentando la radicalización de grupos marginados.
Ante el vacío de seguridad e incapacidad del Estado, la gobernanza en la región se tornó
híbrida. En el caso de Burkina Faso, la total falta de capacidad gubernamental llevó al Estado
a cooptar, reconocer y movilizar formalmente a grupos de vigilantes y milicias civiles para
ayudar a repeler los ataques yihadistas (Bjarnesen y Bjarnesen, 2025). Esta difuminación de
las fronteras entre actores armados estatales y no estatales profundizó la militarización de la
sociedad civil. Esta conjunción de fracaso institucional civil y crisis armada permanente forjó
el escenario ideal para el retorno del pretorianismo, en el que los militares se asumen
ideológicamente como los únicos guardianes cohesionados con la capacidad moral y operativa
para salvar a la nación de la catástrofe.
Ideología de tutela y la lucha por la decolonialidad
A diferencia de las juntas militares latinoamericanas de la Guerra Fría, que a menudo se
definían por su férrea oposición al comunismo, o de los primeros golpes de Estado
poscoloniales en África que carecían de un marco ideológico profundo, el pretorianismo
contemporáneo en el Sahel francófono ha elevado la noción de tutela o salvaguarda
(guardianship) al nivel de una verdadera ideología política (Habtom y Waller, 2025). Ésta se
nutre de un resentimiento intergeneracional arraigado en poblaciones predominantemente
jóvenes que, frente a la ineficacia de los gobernantes civiles y la perpetuación de la pobreza,
ven en las fuerzas armadas la única institución capaz de recuperar la soberanía nacional.
Para comprender la magnitud de esta reconfiguración política, es imperativo distinguir
entre el anticolonialismo histórico y el proyecto de la decolonialidad. Mientras que las luchas
anticoloniales del siglo XX lograron la retirada física de las administraciones europeas y la
obtención de la independencia formal, la decolonialidad busca desmantelar las estructuras de
poder globales, los patrones culturales y las asimetrías económicas que han perdurado en la era
poscolonial y que continúan marginando al Sur Global (Simura, 2024). En los países
francófonos de África Occidental, este sistema de dominación continua fue institucionalizado
a través de la Françafrique, una red de acuerdos políticos, militares y comerciales diseñada por
Francia para mantener una influencia hegemónica sobre sus excolonias, garantizando el acceso
a recursos estratégicos a expensas del desarrollo local (Gerőcs, 2025). Las élites civiles
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africanas que sostuvieron este sistema actuaron, desde una perspectiva marxista y de análisis
de clases, como una "burguesía compradora" subordinada al centro imperialista, facilitando la
explotación de la periferia (Zhang y Poulin, 2025). En consecuencia, los golpes de Estado
liderados por figuras como Traoré son interpretados no como simples quiebres institucionales,
sino como revueltas desde la periferia destinadas a romper estas cadenas estructurales.
El liderazgo de Traoré ha canalizado este profundo resentimiento popular capitalizando
el legado del líder revolucionario Thomas Sankara, y reavivando una potente conciencia
panafricana (Appiah-Mensah, 2025). El nuevo régimen se enmarca en una retórica
explícitamente antiimperialista, orientada a la autosuficiencia material y a la construcción de
una economía autocéntrica, un modelo de desarrollo que busca integrar los sectores productivos
internamente en lugar de funcionar como una mera economía extractiva al servicio de las
metrópolis europeas (Zhang y Poulin, 2025). Traoré ha capturado el imaginario de la juventud
africana al presentarse como el heredero de líderes históricos como Kwame Nkrumah y el
propio Sankara, exigiendo que los recursos del continente sirvan prioritariamente a sus
ciudadanos.
La legitimidad del régimen de Traoré se ha construido, en gran medida, mediante una
hábil apropiación simbólica e ideológica del legado de Sankara. Existen paralelismos
biográficos y estilísticos innegables que la junta ha explotado para movilizar a la juventud: al
igual que Sankara, Traoré asumió el poder mediante un golpe de Estado a una edad
excepcionalmente temprana y ha adoptado una postura radical y enérgica, presentándose en
uniforme militar como un líder cercano a las bases (Harsch, 2025). Esta conexión histórica e
identitaria permite a Traoré transformar la percepción pública de su intervención, elevándola
de un simple quiebre institucional a la categoría de un renacimiento revolucionario orientado a
la verdadera emancipación frente al imperialismo occidental.
Esta inspiración sankarista no se limita a la retórica anticolonial, sino que se ha
institucionalizado a través de nombramientos clave y políticas de austeridad. Un ejemplo
fundamental fue la designación como Primer Ministro de Apollinaire Joachim Kyélem de
Tambèla, un reconocido intelectual nacionalista, marxista-leninista y ferviente seguidor de
Sankara. Bajo esta matriz ideológica, el gobierno de transición ha implementado medidas que
emulan directamente las políticas de la revolución de la década de 1980. La decisión de reducir
en un 5% el salario de los ministros del gabinete ilustra este esfuerzo por replicar el rechazo
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sankarista a los privilegios de la élite y demostrar solidaridad con las severas penurias
económicas de la población civil (Zhang y Poulin, 2025).
En el plano geopolítico, Traoré ha utilizado el sankarismo como plataforma para liderar
un resurgimiento de la conciencia panafricana. Al enmarcar su agenda en los principios de
autosuficiencia, nacionalismo de recursos y unidad contra la influencia extranjera, Traoré es
percibido como el heredero de un espíritu histórico que conecta la era de la independencia de
Nkrumah con la etapa revolucionaria de Sankara (Chothia, 2025). Este enfoque decolonial
justifica su estrategia de ruptura con organismos regionales tradicionales, motivando la salida
de Burkina Faso de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) al
considerar que sus políticas no sirven a los intereses africanos, y promoviendo en su lugar la
formación de un bloque regional emancipado para la construcción de una economía
autocéntrica (Appiah-Mensah, 2025).
En el plano económico, el pilar central de la decolonialidad es la ofensiva contra el franco
CFA, la moneda heredada de la época colonial que es gestionada bajo la tutela del Tesoro
francés y el Banco Central Europeo (Gerőcs, 2025). El franco CFA ha sido ampliamente
criticado por intelectuales y economistas africanos como un mecanismo de esclavitud
financiera y un obstáculo estructural para la industrialización y el desarrollo, ya que subordina
las instituciones monetarias de África Occidental a los intereses económicos de Europa y
restringe severamente su autonomía crediticia (Simura, 2024). Los líderes de la AES han
declarado que la recuperación de la soberanía monetaria y el abandono del franco CFA son
pasos innegociables para desvincularse definitivamente de la Françafrique (Zhang y Poulin,
2025).
Esta ideología de tutela y decolonialidad se ha traducido en políticas de ruptura radical y
tangible en múltiples frentes. En el ámbito de la soberanía militar y geopolítica, Burkina Faso,
al igual que Malí y Níger, exigió y ejecutó la expulsión de las tropas francesas de su territorio,
denunciando que su presencia durante años no logró contener la amenaza yihadista y operaba
bajo lógicas de ocupación neocolonial (Habtom y Waller, 2025). Al considerar a las
instituciones regionales tradicionales como instrumentos de la hegemonía occidental, estos tres
países anunciaron su retirada de la CEDEAO y formaron la Alianza de Estados del Sahel (AES)
(Gerőcs, 2025). La creación de la AES representa la materialización política del nuevo
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panafricanismo: una confederación que busca la defensa mutua y la integración económica al
margen de las directrices dictadas por París o Washington (Zhang y Poulin, 2025).
Sin embargo, el enorme desafío de la confederación radica en su aislamiento geográfico
y la necesidad de una reconfiguración geopolítica. Al estar conformada por Estados sin salida
al mar y enfrentar bloqueos logísticos y energéticos por parte de sus vecinos costeros de la
CEDEAO, la viabilidad de la AES depende críticamente de forjar alianzas en el emergente
orden multipolar (Gerőcs, 2025). Para sortear este asilamiento, la alianza ha profundizado su
pragmatismo buscando no sólo el paraguas de seguridad de Rusia, sino también inversiones
masivas de China para desarrollar megaproyectos de infraestructura, como la reactivación de
redes ferroviarias vitales para el acceso a puertos atlánticos. El éxito histórico de la AES
dependerá de si esta reorientación hacia el Este logra generar un desarrollo complementario
real o si simplemente sustituye el dominio europeo por nuevas formas de dependencia externa
en el siglo XXI.
Finalmente, el esfuerzo decolonial de la junta pretoriana ha abarcado también una
profunda desvinculación cultural. En un acto de gran simbolismo histórico, Burkina Faso
modificó su Constitución a finales de 2023 para degradar el idioma francés, despojándolo de
su estatus como idioma oficial y relegándolo a la categoría de "idioma de trabajo", al tiempo
que elevaba las lenguas indígenas nacionales a la categoría de idiomas oficiales (Simura, 2024).
El gobierno burkinés argumentó que la redacción de una nueva Constitución y la revalorización
de las identidades lingüísticas locales son cuestiones fundamentales de soberanía política y
cultural, afirmando que ninguna nación puede florecer verdaderamente basándose en los
conceptos impuestos por otros. A través de esta combinación de expulsión militar extranjera,
reestructuración de alianzas regionales, búsqueda de soberanía monetaria y reafirmación
cultural indígena, el gobierno pretoriano de Burkina Faso ilustra cómo las fuerzas armadas han
asumido el rol de guardianes no sólo de la seguridad física del Estado, sino del proyecto
inconcluso de la liberación nacional africana (Habtom y Waller, 2025).
Nacionalismo de recursos
El núcleo material que dota de legitimidad al nuevo pretorianismo en Burkina Faso es la
adopción de un agresivo nacionalismo de recursos. El continente africano posee una riqueza
mineral inmensa, albergando proporciones masivas de las reservas mundiales de oro, cobalto
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y uranio, pero –paradójicamente- sus poblaciones permanecen marginadas en la periferia de la
economía global. Traoré ha sabido articular esta profunda frustración popular mediante una
interrogante discursiva central: "¿cómo es que África se mantuvo pobre siendo tan rica?"
(Mathlouthi et al., 2026).
Desde la perspectiva histórico-estructural y de los sistemas-mundo, esta paradoja es el
resultado directo del modelo extractivo neocolonial perpetuado por la Françafrique y el capital
transnacional. Históricamente, la matriz de extracción de recursos en la región saheliana operó
permitiendo que el valor y las ganancias se concentraran casi exclusivamente en la cima de la
cadena de valor global, mientras que los enormes costos sociales y ecológicos de la explotación
minera eran reprimidos y externalizados hacia las sociedades locales (Gerőcs, 2025). Para
desmantelar esta asimetría, la junta militar impulsó un modelo de desarrollo que busca integrar
los sectores productivos internamente en contraposición a una economía periférica diseñada
únicamente para la exportación de materias primas baratas (Zhang y Poulin, 2025).
Las políticas de Traoré se han materializado en reformas institucionales radicales,
especialmente en el sector aurífero, el cual representa aproximadamente el 12% del Producto
Interno Bruto (PIB) del país y resulta esencial para la supervivencia financiera del régimen
(Vaughan, 2025). Entre las medidas más destacadas orientadas a retener el valor agregado
dentro de las fronteras nacionales se encuentra la creación de Malena Raffinor-bf-sa, la primera
refinería nacional de oro de capital mixto, así como el establecimiento inédito de reservas
nacionales de oro (Chothia, 2025). Complementariamente, el gobierno militar promulgó el
nuevo Código Minero (Ley N° 016-2024/ALT), el cual altera radicalmente las reglas del juego
corporativo al exigir a las empresas mineras extranjeras la transferencia gratuita de una
participación del 15% de sus acciones a favor del Estado (Mathlouthi et al., 2026).
Sin embargo, este giro audaz hacia la soberanía material sitúa a Burkina Faso en un curso
de colisión frontal contra la estricta arquitectura del Derecho Económico Internacional, que
históricamente ha protegido los intereses del capital transnacional mediante tratados bilaterales
de inversión. Un claro ejemplo de esta tensión estructural es el caso de la corporación
australiana Sarama Resources, la cual llevó al Estado burkinés a un arbitraje internacional tras
la retirada de su licencia de exploración comercial (Chothia, 2025).
Para dotar de sustento legal a estas acciones, la junta militar ampara sus medidas
soberanas en la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
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Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales, así como en el Artículo 21 de la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En la arena jurídica de los tribunales de
arbitraje de inversión (p.ej.: CIADI), los expertos sugieren que Burkina Faso podría articular
su defensa apelando al principio de "estado de necesidad" o force majeure, sosteniendo que la
apropiación de un mayor porcentaje de las rentas mineras es una medida proporcional y
absolutamente vital para asegurar la supervivencia fiscal y existencial del Estado frente a la
letal amenaza insurgente (Mathlouthi et al., 2026). Asimismo, se plantea la innovadora defensa
de la "erosión del consentimiento", la cual argumenta que los contratos originales con las
multinacionales fueron firmados bajo condiciones de extrema asimetría estructural y de
información, perpetuando una pobreza que constituye una violación de los deberes de debida
diligencia corporativa en materia de derechos humanos (Mathlouthi et al., 2026). De este modo,
el nacionalismo de recursos impulsado por Ibrahim Traoré no sólo desafía la explotación
neocolonial a nivel doméstico, sino que busca reescribir la interpretación del derecho
internacional a favor de la justicia y la emancipación de las naciones periféricas.
Contradicciones y riesgos del nuevo pretorianismo
A pesar de la retórica emancipadora y el entusiasmo popular inicial, el modelo pretoriano
de Traoré enfrenta profundas contradicciones sistémicas que amenazan la viabilidad de su
proyecto decolonial. Un primer riesgo evidente es la manipulación de la percepción pública
mediante la creación de un "culto en línea" impulsado por redes de desinformación
propagandística (Vaughan, 2025). En el ecosistema digital han proliferado noticias falsas que
glorifican a la junta militar, las cuales a menudo se apoyan en imágenes generadas por
inteligencia artificial o fotografías de protestas europeas sacadas de contexto. Éstas construyen
una ilusión de éxito monumental que enmascara, simplemente, las graves deficiencias
estructurales del gobierno.
La principal contradicción del régimen radica en su incapacidad para resolver la crisis
existencial que sirvió como justificación principal para el golpe de Estado: el terrorismo
yihadista. A pesar de las promesas de la junta de erradicar rápidamente la insurgencia,
estadísticas independientes revelan que desde el año 2020 Burkina Faso se ha convertido en el
país más severamente impactado por el terrorismo a nivel mundial (Gráfico N° 2). Tan sólo en
el año 2023, la violencia indiscriminada provocó la muerte de miles de personas y contribuyó
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a una crisis humanitaria con más de 2.6 millones de desplazados en la región del Sahel
(Vaughan, 2025). La postura intransigente de Traoré, quien ha proscrito los esfuerzos de
mediación local con los grupos insurgentes en su búsqueda de una victoria militar absoluta, ha
puesto en un riesgo aún mayor la vida de los civiles, demostrando que la militarización
expansiva no se ha traducido en seguridad humana efectiva.
Gráfico N° 2: Índice de Paz Global (IPG) / Burkina Faso (2010-2025)
2
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “Global Peace Index”
El segundo gran riesgo es la deriva autoritaria y la consolidación de una cleptocracia.
Bajo la coartada de proteger la seguridad nacional y blindar la soberanía del Estado, la junta ha
comenzado a suprimir gradualmente el pluralismo, lo que genera temores fundados de que el
país se encamine hacia una dictadura represiva que asfixia a la sociedad civil y restringe
severamente a la prensa, recordando a regímenes pasados que traicionaron sus promesas
2
El IPG mide la paz de 163 países en una escala del 1 al 5 (1, máximo nivel de paz; 5, máximo nivel de violencia). Este índice
cuantifica el nivel de paz negativa de un país a través de tres dimensiones: conflicto doméstico e internacional en curso,
seguridad social y ciudadana, y militarización.
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iniciales (Mathlouthi et al., 2026). Asimismo, el agresivo nacionalismo de recursos conlleva la
trampa de la corrupción gubernamental. La nacionalización o retención de rentas mineras sin
la creación simultánea de mecanismos institucionales transparentes, corre el riesgo de transferir
la riqueza directamente a burocracias castrenses exentas de escrutinio público. Sin esta
integridad institucional, la nueva élite militar podría transformarse en una encarnación
contemporánea de la burguesía compradora que históricamente facilitó la extracción de
recursos y perpetuó el subdesarrollo nacional (Zhang y Poulin, 2025).
La alianza estratégica con Rusia y el Grupo Wagner encierra profundas contradicciones
que amenazan la misma soberanía que la junta afirma defender. Aunque el régimen burkinés
enmarca pragmáticamente este acercamiento en una retórica antiimperialista compartida con
Moscú, la realidad operativa de Wagner en África está marcada por la brutalidad y la falta de
rendición de cuentas (Habtom y Waller, 2025). Organizaciones internacionales han
documentado severas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas
y ejecuciones extrajudiciales cometidas por estos contingentes mercenarios contra civiles en
países vecinos como Malí y la República Centroafricana (Engels, 2023). Además, al ofrecer un
respaldo de seguridad externo que carece de cualquier condicionalidad sobre la gobernanza
democrática y/o el respeto a los derechos humanos, Rusia altera el cálculo de riesgo de los
ejércitos locales y facilita que los líderes pretorianos se afiancen en el poder de forma
autoritaria sin incentivos para restaurar el orden civil.
En el plano económico, la asistencia de seguridad rusa opera bajo una lógica
estrictamente transaccional que socava los cimientos del nacionalismo de recursos pregonado
por Traoré. Lejos de fomentar una verdadera economía autocéntrica, esta relación fomenta una
nueva dependencia de materias primas por seguridad, donde la protección militar del régimen
se intercambia por el acceso directo a minerales estratégicos (Mathlouthi et al., 2026). Un
ejemplo paradigmático de esta agresiva apropiación es la corporación rusa Nordgold, a la cual
la junta burkinesa otorgó nuevas licencias de explotación aurífera en 2022, permitiendo la
continuidad de la fuga de riqueza nacional hacia el exterior a pesar de las sanciones
internacionales que pesaban sobre la empresa (Gerőcs, 2025). En la práctica, el riesgo radica
en que el régimen liquide las reservas de oro del Estado para pagar a mercenarios extranjeros,
sustituyendo la Françafrique por una nueva forma de dependencia neocolonial que no altera la
perniciosa lógica del extractivismo capitalista global (Engels, 2023).
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Asimismo, la ruptura radical y abrupta con las misiones militares y diplomáticas
occidentales para realinearse con Moscú arrastra a la región hacia una peligrosa confrontación
geopolítica sistémica. Al expulsar a las tropas francesas y estadounidenses para cobijar a
fuerzas rusas, la AES corre el peligro inminente de convertir sus territorios en una nueva zona
de guerra por delegación (proxy war) (Gerőcs, 2025). En este escenario, el Sahel deja de ser
un sujeto político soberano para volver a ser el tablero de ajedrez donde las grandes potencias
compiten por la supremacía estratégica, un fenómeno que margina de forma definitiva el
desarrollo socioeconómico de la población e imposibilita la estabilización de la paz a largo
plazo (Mathlouthi et al., 2026).
Por último, las contradicciones del nuevo pretorianismo no pueden entenderse en su
totalidad sin analizar el fracaso sistémico de las instituciones multilaterales, particularmente la
CEDEAO y la Unión Africana. Estas organizaciones han socavado su propia autoridad moral
y credibilidad ante la población al aplicar un doble rasero evidente: mientras son implacables
para suspender y sancionar económicamente a las naciones que sufren golpes militares, han
sido históricamente indulgentes frente a los "golpes constitucionales", aquellos en los que
líderes civiles en funciones manipulan las leyes electorales y abolen los límites de mandato
para perpetuarse ilegítimamente en el poder (Damman y Day, 2022). Esta flagrante
inconsistencia normativa proporcionó a las juntas militares de Burkina Faso, Malí y Níger la
coartada perfecta para denunciar a estos bloques como instrumentos de la hegemonía
neocolonial, permitiéndoles aglutinar el apoyo popular en torno al victimismo patriótico y
justificar su ruptura regional para formar la Alianza de Estados del Sahel (AES) (Harsch,
2025).
Conclusiones
La reciente ola de golpes de Estado en el Sahel, y de manera paradigmática el caso de
Burkina Faso bajo el liderazgo de Traoré, no representa una simple regresión a las dictaduras
militares poscoloniales de la Guerra Fría. Se trata, por el contrario, del resurgimiento de un
Estado pretoriano donde las fuerzas armadas intervienen directamente en la política impulsadas
por una profunda ideología de tutela y salvaguarda nacional, justificando su accionar frente a
la incompetencia civil y la injerencia extranjera. Como se ha analizado, esta reconfiguración
radical del poder constituye una revuelta estructural contra la marginación económica histórica,
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el extractivismo de la Françafrique y el fracaso del electoralismo para resolver amenazas
existenciales como la violencia yihadista y la pobreza sistémica.
Sin embargo, aunque el nacionalismo de recursos y la retórica decolonial han logrado
movilizar un vasto apoyo popular y reavivar la conciencia panafricana en el corto plazo, el
heroísmo carismático tiene límites inherentes y no puede ser la única base para el verdadero
empoderamiento de una nación. La genuina emancipación material y política de Burkina Faso
exige trascender las proclamas antiimperialistas para llevar a cabo una profunda revolución
institucional.
Para que el régimen de Traoré deje un legado histórico duradero y positivo, deberá
enfocarse en alcanzar la paz y construir instituciones estatales sólidas que garanticen la buena
gobernanza, en lugar de personalizar el poder o reprimir a la disidencia. La recuperación de la
soberanía sobre los minerales estratégicos será inútil si la riqueza simplemente cambia de
manos desde las corporaciones occidentales hacia nuevas élites militares o burocráticas exentas
de escrutinio público. Por ello, resulta imperativo establecer marcos de gobernanza
transparentes, descentralizados e inclusivos, asegurando la participación activa de las
comunidades locales, las mujeres y la juventud en la toma de decisiones.
Finalmente, en el plano geopolítico, el pragmatismo de expulsar la influencia militar y
económica francesa para forjar nuevas alianzas con potencias emergentes como Rusia o China
conlleva riesgos monumentales. El proyecto decolonial fracasará si la ruptura con Occidente
simplemente conduce a nuevas formas de dependencia asimétrica o si convierte a la región del
Sahel en una nueva zona de guerra por delegación.
El éxito histórico del nuevo pretorianismo burkinés no se medirá únicamente por su
valentía para desafiar el Derecho Económico Internacional o expulsar tropas extranjeras, sino
por su capacidad técnica para edificar un Estado verdaderamente soberano y capaz. El futuro
de los recursos de África y la viabilidad de su independencia no se decidirán en las salas de
juntas fuera del continente, sino en la eficacia con la que los líderes, las instituciones y los
ciudadanos africanos colaboren en casa para asegurar que su inmensa riqueza sirva por fin a
sus propios pueblos.
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