Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 142, Julio-Diciembre 2025
ISSN 1852-7213 (edición en línea)
La Política de Defensa argentina.
Necesidad de cambios fundamentales en materia presupuestaria,
de equipamiento y de estructura de personal.
Argentine Defense Policy.
The need for fundamental changes in budget, equipment, and
personnel structure.
José Manuel Ugarte
1
Resumen
La política de defensa argentina se caracteriza por logros importantes, obtenidos en su mayoría
en las dos primeras décadas posteriores a la restauración de la democracia en el país: ha logrado
relaciones civiles-militares adecuadas, consolidando la conducción de la defensa por el poder
político, solucionar la casi totalidad de los conflictos limítrofes del país, y con el auxilio de una
política exterior inteligente, crear lazos comunes con los países vecinos a través de la integración
regional.
No obstante, un error inicial agravado por el curso de los años -una fuerte reducción
presupuestaria que se fue profundizando con el tiempo, sin realizar una reestructuración de las
Fuerzas Armadas que adecuara sus estructuras a las posibilidades presupuestarias- provocó una
progresiva degradación y obsolescencia de los medios materiales de dichas Fuerzas, y perjudicó
su adiestramiento. Asimismo, se fueron produciendo diversos desequilibrios en materia de
personal y marchas y contramarchas en los objetivos de la defensa, sin que la conducción política
adoptara medidas para solucionar tales aspectos.
Todo ello ha reducido significativamente las capacidades de defensa del país.
Palabras clave: conducción política, integración, presupuesto, reestructuración,
obsolescencia.
1
Universidad de Buenos Aires (UBA). E-mail: manuguart@gmail.com
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Abstract
Argentina's defense policy is characterized by significant achievements, most of which were
obtained in the first two decades after the restoration of democracy in the country: it has
established adequate civil-military relations, consolidated the direction of defense by the political
power, resolved almost all of the country's border conflicts, and, with the help of an intelligent
foreign policy, created common ties with neighboring countries through regional integration.
However, an initial error, exacerbated over the years—a sharp budget cut that deepened over time,
without restructuring the Armed Forces to adapt their structures to budgetary possibilities—led to
a progressive degradation and obsolescence of the Armed Forces' material resources and impaired
their training. Likewise, various imbalances in personnel and setbacks in defense objectives
occurred, without the political leadership taking measures to address these issues.
All of this have significantly reduced the country's defense capabilities.
Key words: political direction, integration, budget, restructuring, obsolescence.
TRABAJO RECIBIDO: 28/7/2025 TRABAJO ACEPTADO: 17/9/2025
Esta obra está bajo una licencia internacional https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
1. Introducción. La política de defensa argentina.
Nos proponemos analizar aquí las características fundamentales de la política de
defensa argentina, en especial, los objetivos de defensa de Argentina, las características
fundamentales de su política de defensa, incluyendo el ambiente internacional, las
amenazas y riesgos que enfrenta el país, las normas jurídicas fundamentales que rigen la
materia, el presupuesto de defensa, el equipamiento militar, las dificultades que ha debido
enfrentar y en general, la idoneidad de dicha política para el cumplimiento de los
objetivos de defensa, y las perspectivas de futuro. También haremos propuestas para su
perfeccionamiento.
2. ¿Cuáles son los objetivos de la política de defensa, en cualquier país?
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El website de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, señala que …El
Departamento de Defensa provee las fuerzas militares necesarias para disuadir la guerra
y asegurar la seguridad de nuestra nación…(DOD, 2025).
Por su parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido proclama en su website
que …Nosotros trabajamos por un seguro y próspero Reino Unido, con alcance e
influencia global. Protegeremos a nuestro pueblo, territorios, valores e intereses tanto en
el país como en el exterior, a través de fuerzas armadas fuertes y en sociedad con aliados,
para asegurar nuestra seguridad, apoyar nuestros intereses nacionales, y salvaguardar
nuestra prosperidad…(MOD, 2025).
El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia afirma, en su website, que …La
estrategia de defensa y seguridad nacional está hoy definida gracias a seis grandes
funciones estratégicas: conocimiento-comprensión-anticipación; disuasión; protección-
resiliencia; prevención; intervención; influencia.
Dentro de este cuadro, el papel del Ministerio de las Fuerzas Armadas es asegurar
la protección del territorio, de la población y de los intereses franceses. Responderá
también a otras misiones en el cuadro de acuerdos y tratados internacionales (OTAN) o
regiones (Europa de la Defensa)…(Ministerio de las Fuerzas Armadas, 2025).
Por su parte, en el website del Ministerio de Defensa de la República Popular
China puede leerse que se señala respecto de la política de defensa que consiste en …
Salvaguardar resueltamente su soberanía, su seguridad y sus intereses de desarrollo es el
objetivo fundamental de la defensa nacional de China en la nueva era… (Ministerio de
Defensa de la República Popular China, 2025).
Como puede advertirse, cuatro países con sustanciales diferencias entre sí tienen
perfectamente en claro para qué ejercen y desarrollan su defensa.
Podríamos señalar que un común denominador es la protección del territorio, de
su población y de sus intereses, ante un eventual agresor externo. Tales intereses, como
es el caso de Estados Unidos, pueden tener alcance mundial. También los Estados deben
cumplir los compromisos contraídos en los Tratados, y particularmente, los tratados de
alianza o de seguridad colectiva que integran, y tal cumplimiento integrará también sus
objetivos de defensa.
En la generalidad de los países, el objetivo fundamental de la política de defensa
es asegurar la capacidad del país de resistir exitosamente el ataque de fuerzas armadas de
otros países, o, cuando menos, de imponer al agresor costos que le hagan poco atractiva
una eventual agresión. También la política de defensa apoya la política exterior del país,
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especialmente en países con alguna capacidad de proyección de poder, por lo que ambas
políticas deben actuar cuidadosamente relacionadas y coordinadas.
En algunos países con mayores capacidades militares u objetivos ambiciosos de
política exterior o de crecimiento territorial, tales objetivos pueden incluir el apoyo a la
política exterior a través del ejercicio de la coacción armada, ya sea el uso de la fuerza, o
su amenaza. Países con intereses y presencia mundial incluyen en su política de defensa,
la capacidad de proteger a sus aliados.
Diversos países consideran –lo que no es unánime- adecuado participar en
misiones de paz internacional, generalmente auspiciadas por la Organización de las
Naciones Unidas o, en algunos casos, por una organización regional. También hay países
que eluden participar en tales misiones, por considerar que no aportan a la preparación
para la guerra de sus fuerzas armadas.
Diversos países también otorgan a las Fuerzas Armadas, además de la defensa,
misiones ajenas a ella, como la de brindar apoyo en distintos modos y con diversas
extensión e intensidad a la seguridad interior del país, y la de prestar cooperación en tareas
de protección civil, fundamentalmente en materia de desastres naturales y antrópicos.
¿Qué aspectos deben constituir objeto de análisis, en un examen de las políticas
de defensa de los países?
En un estudio comparativo de las políticas de defensa de países y de regiones,
Douglas J. Murray y Paul R. Viotti (1994) como compiladores, propusieron un extenso
marco, comprensivo del ambiente internacional y la posición relativa en él del país,
amenazas, percepción por el país de su rol y de sus oportunidades en el sistema
internacional, lazos e interdependencias del país, objetivos de seguridad nacional,
estrategias nacionales y doctrinas militares, el proceso de toma de decisiones en materia
de defensa -incluyendo limitaciones presupuestarias, personal, reservas, armamentos y
logística- asuntos recurrentes -incluyendo relaciones civiles-militares, adquisición de
armamento, postura de fuerza, y uso de la fuerza.
En una obra reeditada en varias oportunidades que analiza la política de
seguridad nacional estadounidense, Amos Jordan, William Taylor Jr., Michael Meese y
Suzanne Nielsen (2009) utilizaron un esquema caracterizado fundamentalmente por: el
escenario internacional, la evolución de la política de seguridad estadounidense, los
actores y procesos de la seguridad nacional, describiendo el accionar en la materia de los
principales órganos del país (incluyendo a las fuerzas armadas y los organismos de
inteligencia); política de seguridad nacional: métodos y medios de estrategia nacional,
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describiendo la estrategia nacional estadounidense en las diversas regiones del mundo.
William Odom (1997) propuso un esquema con importantes similitudes al descripto
precedentemente.
En una reflexión acerca del diseño de la política de defensa de Bulgaria en la era
postsoviética, se sostuvo que “(…) Respecto a la política, en cuanto se relaciona con la
defensa y asuntos militares, hay dos tareas distintas: 1. Cómo usar los medios disponibles
para alcanzar los fines, por ejemplo, en el caso de una agresión militar contra un país. 2.
Definir los medios que permitirían a un país enfrentar eficazmente las amenazas y
desafíos futuros. (…) La segunda tarea es la tarea primaria de la política de defensa (…)”
(Tagarev, 2006:15-34)
Se trata de guías útiles, que tendremos en cuenta dentro de los límites impuestos
por la extensión de este artículo.
3. El ambiente internacional: Latinoamérica y Sudamérica. Posición relativa
de Argentina, Amenazas y riesgos.
Argentina integra la región latinoamericana, caracterizada por poseer
relativamente escasos guerras o conflictos armados internacionales y una inversión en
defensa comparativamente baja.
El último conflicto armado de carácter internacional que ha experimentado dicha
región fue la denominada “Guerra de Cenepa” entre Perú y Ecuador (26 de enero- 28 de
febrero de 1995) una típica guerra limitada, concentrada en el área en disputa, y en la que
ambos pauses se abstuvieron de emplear todo su potencial militar, ni de enfrentarse en
toda la extensión de la frontera común, limitándose el daño que recíprocamente se
hacían.
Con anterioridad, el Conflicto Malvinas, fue otro enfrentamiento bélico, también
con características de guerra limitada entre Argentina y el Reino Unido (1982, 2 de abril
a 14 de junio), que incluyó la recuperación de las islas por parte argentina, y su recaptura
por parte británica.
Como consecuencia, el Reino Unido, que con anterioridad al conflicto tenía una
reducida guarnición de infantes de marina, construyó la base aérea Mount Pleasant,
estableciendo una guarnición militar que incluye la presencia en las islas de buques de
guerra y frecuentemente, submarinos nucleares, y un aeródromo con capacidad de
aterrizaje de aviones de transporte y de combate de todo tipo.
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Las capacidades de la base antes señalada incluyen la posibilidad de un rápido
incremento de la presencia militar británica en las islas, situadas a 350 km. del territorio
continental argentino. Si bien Argentina, que mantiene el reclamo de soberanía, y el
Reino Unido, tienen hoy normales relaciones diplomáticas y comerciales, resulta
inevitable la inclusión de este aspecto en el presente análisis.
También existieron situaciones de tensión que involucraron significativamente a
Argentina, tales como los reiterados conflictos limítrofes con Chile, y las tensiones
producidas entre Argentina y Brasil por la coordinación de sus proyectos hidroeléctricos
en el Río Paraná, solucionadas estas últimas por el Acuerdo Multilateral sobre Corpus-
Itaipú, firmado en 1979.
Tras la restauración de la democracia en ambos países, su relación evolucionó
favorablemente, fortaleciéndose con la constitución formal del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) por el Tratado de Asunción entre la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, el
26 de marzo de 1991, complementado por el Protocolo de Ouro Preto, del 17 de diciembre
de 1994.
El MERCOSUR, pese a sus dificultades y limitaciones, ha constituido el núcleo
fundamental de la integración subregional en Sudamérica y el eje de creación de un haz
de intereses comunes entre los países de la región, superador de antiguos conflictos. Suº
importancia se vio acrecentada por la firma por el MERCOSUR de acuerdos de libre
comercio con los países sudamericanos que no fueron miembros del Tratado.
El MERCOSUR fortaleció las relaciones entre los países miembros y aquellos
asociados por tratados de libre comercio, derivándose de él una creciente cooperación en
materia de asuntos de justicia e interior ─particularmente en aspectos policiales─
importantes medidas de construcción de confianza y cooperación en materia de defensa;
el establecimiento de una zona de paz y libre de armas de destrucción masiva, la
existencia de un mecanismo de consulta y concertación política del MERCOSUR, así
como de una acción tendiente a salvaguardar y fortalecer la vigencia del sistema
democrático en los Estados miembros.
Cabe destacar entre múltiples antecedentes, el Protocolo de Ushuaia sobre
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de
Chile, el 24 de julio de 1998, acuerdo incorporado al Tratado de Asunción y a los
Acuerdos de integración celebrados por el MERCOSUR con las Repúblicas de Bolivia y
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Chile, complementado con el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la
Democracia en el Mercosur (Ushuaia II) del 20 de diciembre de 2011.
También debe señalarse la firma por los Presidentes de los países integrantes del
MERCOSUR, Bolivia y Chile, en la misma fecha y oportunidad, de la Declaración
Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como Zona de Paz en la que se acordó declarar
al Mercosur, Bolivia y Chile como Zona de Paz y libre de armas de destrucción en
masa.
La solución de los conflictos limítrofes con Chile, que llevaran a ambos países el
22 de diciembre de 1978 al borde de la guerra, tuvo como aspectos destacados tras la
mediación del Papa Juan Pablo II, la firma entre Argentina y Chile del Tratado de Paz y
Amistad, celebrado entre ambos gobiernos en Ciudad del Vaticano el 29 de noviembre de
1984.
A partir de dicho Tratado, la voluntad política de ambas partes en cuanto a
superar los diferendos pendientes, se tradujo en el dictado y acatamiento de la sentencia
del Tribunal Arbitral Internacional del 21 de octubre de 1994, que zanjó la cuestión
relativa a la traza del límite entre el hito 62 y el monte Fitz Roy (área de Laguna del
Desierto) y, por otra parte, el Acuerdo para precisar el Límite entre el Monte Fitz Roy y
el Cerro Daudet que puso término al diferendo en torno de los Hielos Continentales, del
que resta exclusivamente concluir algunos tramos de la demarcación.
Entre las medidas de construcción de confianza y seguridad características de la
época, merecen destacarse la firma entre Argentina, Brasil y Chile del Compromiso de
Mendoza, firmado en septiembre de 1991, y al cual, posteriormente, adhirió Uruguay, en
el que los signatarios se comprometieron a no desarrollar, no producir, no adquirir de
modo alguno, no almacenar ni retener, no transferir directa o indirectamente y no usar,
armas químicas y biológicas.
En junio de 1991, tuvo lugar la firma entre Argentina y Brasil del Acuerdo Bilateral
sobre los Usos Exclusivamente Pacíficos de la Energía Nuclea, que estableció
formalmente el Sistema Común de Contabilidad y Control y creó la Agencia Brasileño-
Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares para implementar el sistema
de verificación establecido (ABACC). En diciembre de 1991, ambos países, la ABACC
y la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) firmaron el Acuerdo
Cuatripartito (INFCIRC/435) que entró en vigencia en marzo de 1994, y que estableció
la realización de actividades de verificación por parte de ABACC y de OIEA. Argentina
y Brasil firmaron sucesivamente los Tratados de No Proliferación de las Armas Nucleares
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(TNP) y para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe
(Tratado de Tlatelolco).
También caracteriza a la relación entre los países del Cono Sur la realización
anualmente y en forma constante de múltiples ejercicios militares combinados, que
comprendieron hipótesis de combate, así como la existencia de cooperación militar en
muy diversos aspectos.
Se destaca la creación y conformación, entre Argentina y Chile, de la Fuerza de
Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”, constituida por Memorando de 2006, y que se
encuentra a disposición de la Organización de Naciones Unidas, conforme memorandos
de 2010 y 2011 firmados entre los ministros de Defensa de ambos países y funcionarios
de la Organización de las Naciones Unidas, realizándose adiestramientos y planeamientos
combinados.
En el mismo sentido, la participación de Chile, Brasil y Argentina, en la Misión
de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH, 2004-2017) constituyó un
hito importante de la cooperación militar entre los tres países.
Brasil y Chile fueron, con el apoyo de Argentina, fundamentales fundadores de la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) el 23 de Mayo de 2008, así como
protagonistas en la creación el 16 de diciembre de 2008, del Consejo de Defensa
Suramericano (CDS).
No obstante, a partir de 2015, Sudamérica comenzó a padecer una creciente
polarización política, acentuada con la sucesiva asunción de presidentes de signo
conservador en Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Paraguay, países que
suspendieron inicialmente y abandonaron posteriormente su participación en UNASUR
(2018) ocasionando la virtual desaparición de dicho acuerdo de integración.
A ello se sumó la asunción en Estados Unidos de América del Presidente Donald
John Trump (20 de enero de 2017) cuyo gobierno anunció su propósito de sustituir los
gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, procurando desplazar al primero requiriendo
inútilmente a las Fuerzas Armadas venezolanas que lo derrocaran (BBC News Mundo,
2019). También durante el gobierno de Trump tuvo lugar el derrocamiento por golpe de
Estado del presidente boliviano Evo Morales Ayma (10 al 20 de noviembre de 2019).
Aunque la elección de gobiernos de centro izquierda en diversos países
latinoamericanos, la restauración de la democracia en Bolivia, y la reciente elección de
un gobierno izquierdista en Colombia, modificaron momentáneamente la situación
descripta, persistió la polarización política dentro de las respectivas sociedades y entre
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los países respectivos, que continúa evolucionando, con variantes en función de la
afiliación política de los respectivos Presidentes.
A la ya comentada desaparición de UNASUR, se unen los crecientes problemas
que experimenta el MERCOSUR, en el cual Uruguay pretendía una mayor “flexibilidad”
permitiéndose a los países celebrar individualmente acuerdos de libre comercio, y
actualmente cuestionado desde Argentina por el Presidente conservador Javier Milei con
un planteo similar al uruguayo, al que agregó críticas a la estructura “elefantiásica” del
MERCOSUR (Mi Argentina, 2025) pero defendido por el Presidente progresista Luiz
Inácio “Lula” da Silva, invirtiendo exactamente las posiciones que tenían sobre la
cuestión los anteriores Presidentes de dichos países Alberto Fernández y Jair Messias
Bolsonaro.
Además de los vaivenes y dificultades del MERCOSUR, las perspectivas de
integración latinoamericana quedan hoy limitadas a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ente intergubernamental que agrupa a 33
Estados de Latinoamérica y el Caribe. No obstante, la heterogeneidad de los miembros,
la carencia de una estructura burocrática que permita una adecuada implementación de
las decisiones y la aludida polarización imperante entre los países latinoamericanos hace
de este ente un ámbito de limitadas concreciones.
En definitiva, la integración latinoamericana, una de las bases de la prolongada
paz en la región, se evidencia debilitada, y la situación internacional en la región no posee
actualmente las características que tuviera entre 1990 y 2010.
Si bien no se avizoran situaciones de conflicto que puedan dar lugar a
enfrentamientos bélicos, la situación de la región, especialmente en Sudamérica, no se
caracteriza por la amistad y la colaboración que primaran en las décadas de 1990 y
2000.Las diversidades en materia política pesan actualmente en las relaciones de los
Estados.
En suma, la situación de paz y cooperación que caracterizara a Latinoamérica y
particularmente a Sudamérica y al Cono Sur, está experimentando a partir de la década
pasada tensiones, aunque la paz no parece por el momento amenazada.
Si bien persiste la cooperación militar entre los Estados sudamericanos, traducida
en los habituales ejercicios combinados entre dichos países, con participación argentina,
lo cierto es que la progresiva obsolescencia que va caracterizando al equipamiento
argentino en relación a otros países de la región, especialmente Brasil y Chile, ha ido
disminuyendo la intensidad de tal cooperación.
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4. La Política de Defensa argentina.
4.1 Las Fuerzas Armadas, y las normas y estructuras fundamentales en materia
de defensa.
Argentina vivió un prolongado período (1955-1983) caracterizado por gobiernos
militares (1955-58, 1962-63, 1966-1973, 1976-1983) con intervalos de gobiernos civiles
condicionados (1958-62, 1963-66, 1973-76,) conforme a las doctrinas de seguridad
nacional imperantes a la sazón en la región. Las referidas doctrinas se caracterizaban por
otorgar al concepto de seguridad nacional alcances virtualmente omnicomprensivos y
equivalentes virtualmente a la casi totalidad de la política exterior e interior del país. Su
verdadera función era la de brindar una base política e ideológica, en el marco de la
Guerra Fría, para el establecimiento y funcionamiento de gobiernos militares, y brindar
una base normativa para la intervención de las Fuerzas Armadas en los más variados
aspectos.
Restablecida la vigencia del sistema democrático el 10 de diciembre de 1983,
comenzó a elaborarse un plexo normativo constituido por la Ley N° 23.554 de Defensa
Nacional (1988), Ley N° 24.059 de Seguridad Interior (1992), Ley 24.429 de Servicio
Militar Voluntario (1994), Ley Nº 24.498 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas
(1998), Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional (2001) con el consenso de los partidos
políticos más representativos de la época, que permitieron a sucesivos gobiernos obtener
el control de la seguridad interior y de la actividad de inteligencia civil, así como ejercer
la conducción de las Fuerzas Armadas.
Particularmente, la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional significó un importante
cambio, estableciéndose sólidamente la autoridad del Presidente de la Nación y del
Ministro de Defensa sobre las Fuerzas Armadas, fortaleciéndose también las facultades
del Estado Mayor Conjunto.
Se redujo también la amplitud del concepto de defensa nacional, que quedó
reducido a la preparación durante la paz y la respuesta en caso de guerra a las agresiones
militares externas, distinguiéndose la función de la defensa nacional, de la de seguridad
interior. Se estableció la dependencia respecto de dicho Ministerio de los Jefes de los
Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, (artículo 23) así como del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (artículo 16).
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Por otra parte, la ley asignó al Estado Mayor Conjunto la asistencia y
asesoramiento al Ministro de Defensa en materia de estrategia militar, así como el
ejercicio por sí de la totalidad de las facultades relativas al accionar militar conjunto,
respecto de la doctrina, el planeamiento, y el adiestramiento militar conjunto, así como el
control del planeamiento estratégico operacional (artículos 16, 17, 21 y 22 de la ley).
En la Ley N° 23.554, las Fuerzas Armadas individuales constituyen
agrupamientos administrativos (artículo 22) cuya función fundamental, además del
reclutamiento, formación y perfeccionamiento de su personal, es la preparación para la
guerra de sus elementos operacionales y su apoyo logístico (artículo 24 2do. párrafo). Sus
titulares tienen a su cargo el gobierno y administración de sus respectivas Fuerzas, y
mantienen relación funcional con el Estado Mayor Conjunto, a los fines del planeamiento
militar conjunto (artículo 24).
En caso de guerra, los Jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas
Armadas no integran la cadena de comando, siendo su rol exclusivamente el de
asesoramiento al Presidente de la Nación, conductor de la guerra en el nivel estratégico
militar, y de quien dependen directamente los titulares de los comandos estratégicos
operacionales conjuntos, específcos y combinados, quienes conducen las operaciones.
Por otra parte, la ley asignó al Estado Mayor Conjunto la asistencia y
asesoramiento al Ministro de Defensa en materia de estrategia militar, así como el
ejercicio por sí de la totalidad de las facultades relativas al accionar militar conjunto,
respecto de la doctrina, el planeamiento, y el adiestramiento militar conjunto, así como el
control del planeamiento estratégico operacional y de la eficacia del accionar conjunto
(artículos 16, 17, 21 y 22 de la ley).
La Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, a su vez, limitó el rol de las Fuerzas
Armadas en seguridad interior, en tiempos ordinarios al apoyo de las operaciones de
Seguridad Interior a solicitud del Comité de Crisis previsto en dicha ley, con sus servicios
de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de
elementos de ingenieros y comunicaciones (artículo 27).
También contempló el empleo de sus elementos de combate, en aquellos casos
excepcionales en los cuales el sistema de seguridad interior resultare insuficiente para
alcanzar o mantener la situación de seguridad interior, previa decisión del Presidente de
la Nación y declaración de sitio.
Por otra parte, la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas que
estableció las bases normativas para una reestructuración de las Fuerzas Armadas aún no
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llevada a la práctica- incluyó en su artículo 6 dos nuevas misiones para las Fuerzas
Armadas: operaciones en el marco de las Naciones Unidas, y operaciones en apoyo a la
comunidad nacional o de países amigos
A su vez, la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional estableció la dirección del
Sistema de Inteligencia Nacional por parte de la Secretaría de Inteligencia (tras la sanción
de la Ley Nº 27.126, Agencia Federal de Inteligencia) creando la Dirección Nacional de
Inteligencia Estratégica Militar, como organismo de producción de inteligencia en el nivel
estratégico militar, asignando a los organismos de inteligencia militares la producción de
la inteligencia estratégica operacional y táctica necesaria para la conducción de las
operaciones militares, y la inteligencia técnica específica, en todos los casos referida
exclusivamente a la defensa.
Las Fuerzas Armadas argentinas, en el marco de las Leyes de Defensa
y Seguridad Interior, están dedicadas a la misión militar tradicional, careciendo de
facultades en otras materias -seguridad interior, inteligencia civil, desarrollo, etc. Tal
situación ha sufrido recientemente modifcaciones parciales, que examinaremos
posteriormente.
La reglamentación de la Ley N° 23.554 aprobada por Decreto N° 727/200
estableció en su artículo 1, respecto de la misión de las Fuerzas Armadas, que dichas
Fuerzas serían empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas
armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº
24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas
Armadas, en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del
instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en
operaciones de apoyo a la seguridad interior. Como se advertirá, la norma precisó lo
dispuesto en los artículos 2°, 4° y concordantes de la Ley N° 23.554.
Por otra parte, el referido Decreto otorgó al Jefe del Estado Mayor Conjunto el
control operacional de las Fuerzas Armadas para el empleo de los medios militares en
tiempo de paz, con facultad de impartir órdenes, creando a tal efecto un comando
operacional (artículos 19, 20 y 21 del referido decreto).
Un hito significativo fue la sanción de la Ley Nº 27.015 (2014) a través de la cual
se creó la Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF), con la finalidad relativa a la
formación de militares y civiles, en diferentes áreas disciplinarias, y la formación militar
para la Defensa Nacional a través de carreras de pregrado, grado y posgrado (artículo
3º).
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La UNDEF incluyó en su seno a la totalidad de los institutos de formación y
perfeccionamiento de civiles y militares en Defensa, incluyendo a los institutos
universitarios de las Fuerzas Armadas, constituyendo un poderoso instrumento para el
fortalecimiento del control civil de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, la Directiva de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas
Armadas aprobada por Decreto N° 1691/2006 reiteró lo establecido por la Ley N° 23.554
de Defensa Nacional, la Ley N° 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas y el
Decreto N° 727/2006 en materia de misiones de las Fuerzas Armadas, destacando como
misión principal la de conjurar y repeler toda agresión externa militar estatal,
estableciendo que en función de dicha misión era que debían estructurarse las Fuerzas
Armadas, señalando que las restantes misiones tenían carácter subsidiario. Con relación
a la misión subsidiaria de apoyo a la comunidad, estableció que “…se realizará a partir
de las capacidades circunstancialmente remanentes de las mismas…”
En consecuencia, hasta ese momento, podía afirmarse que el objetivo fundamental
de la Defensa consistía en rechazar una eventual agresión externa de naturaleza militar,
sin perjuicio de preverse otras misiones subsidiarias como brindar apoyo
fundamentalmente logístico a las instituciones policiales y fuerzas de seguridad en
seguridad interior, pudiendo ser requerido el empleo en dicho ámbito de sus elementos
de combate, en caso de ser superadas por la situación las instituciones y fuerzas propias
de dicho ámbito y haber sido declarado el estado de sitio, lo que hasta el momento no ha
sucedido; realizar misiones internacionales de paz bajo patrocinio de Naciones Unidas; y
brindar apoyo a la comunidad nacional o de países amigos.
No obstante, en el marco del surgimiento en Latinoamérica y en Argentina en
particular de una fuerte polarización y controversia política, la asunción en Argentina (10
de diciembre de 2015) del gobierno encabezado por el ingeniero Mauricio Macri, dio un
giro al rumbo seguido hasta ese momento por la defensa.
En ese marco, se dictó el Decreto N° 683/2018, que modificó el Decreto N°
727/2006, procurándose ampliar la gama de conflictos en los cuales podrían ser
empleadas las Fuerzas Armadas, que el Decreto N° 727/2006 limitara a las agresiones
externas protagonizadas por Fuerzas Armadas de otros Estados, estableciéndose que
podrían ser empleadas contra agresiones de origen externo de cualquier índole,
procurándose involucrarlas en la seguridad interior.
No obstante, el Decreto N° 571/2020 del siguiente gobierno (Alberto Ángel
Fernández) restableció el texto originario del Decreto N° 727/2006.
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Pero asumido el gobierno encabezado por Javier Milei (2023) también de se reiteró
la intención de involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior, pretendiendo
sortear a través de decretos las limitaciones establecidas por las Leyes N° 23.554 de
Defensa Nacional y N° 24.059 de Seguridad Interior, que no lo permiten.
En primer lugar, el Decreto N° 1107/2024 definió “objetivos de valor estratégico”
facultando al Ministerio de Seguridad, en caso de tener a su cargo la custodia de
“objetivos estratégicos”, a solicitar la cooperación de las Fuerzas Armadas, o de los
Cuerpos Policiales provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
coordinando en tal caso sus acciones con el Ministerio de Defensa o con los órganos
competentes de las provincias o de la CABA, según correspondiera.
Se estableció igual facultad para el Ministerio de Defensa, en el caso en que el
Poder Ejecutivo Nacional le asignara la custodia de “objetivos estratégicos” a través de
las Fuerzas Armadas.
Es decir, que el Decreto N° 1107/2024, pese a ser una norma de rango inferior,
pretendió modificar normas de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, contraviniendo las
limitaciones establecidas por ésta para el accionar de las Fuerzas Armadas en seguridad
interior.
Otro avance para el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad interior fue dado
a través del dictado del Decreto N° 1112/2024.
En lo fundamental, dicho decreto, reiterando y ampliando lo que se pretendió hacer
a través del Decreto N° 683/2018 durante la administración del Ingeniero Macri, derogó
el Decreto N° 727/2006 reglamentario de la Ley de Defensa, estableciendo el empleo de
dichas Fuerzas contra agresiones de origen externo, cualquiera fuera su naturaleza y lugar
de ocurrencia.
En definitiva, se quiere emplear a las Fuerzas Armadas para la función policial,
contradiciendo lo expresamente establecido por las Leyes N° 23.554 y N° 24.059, e
ignorando los negativos efectos que esta decisión ha tenido en países latinoamericanos
como México, Colombia, Venezuela o Ecuador, entre otros.
A diferencia de otras oportunidades, estos decretos no han sido bien recibidos en
el ámbito militar, cuyos miembros tienen conciencia del carácter antijurídico de estas
normas y de los riesgos jurídicos de la actuación conforme a ellas.
Como habrá podido advertirse, se ha producido en Argentina una puja entre los
gobiernos de centroizquierda -Kirchner y Fernández- que excluyen el empleo de las
Fuerzas Armadas en seguridad interior, y los gobiernos centroderechista y derechista
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-Macri y Milei- que procuran involucrarlas en dicho ámbito. Las Leyes N° 23.554 y N°
24.059 continúan vedando dicho empleo, habiendo procurado los gobiernos encabezados
por Macri y por Milei sortear tales limitaciones por decretos.
En materia de inteligencia, durante el gobierno de Javier Milei se modificó
nuevamente la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional a través de los DNU (decretos de
necesidad y urgencia) N° 614/2024 y N° 615/2025, sustituyéndose a la AFI por la
Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que recuperó su antiguo carácter de
Secretaría de la Presidencia de la Nación, disponiéndose ahora la creación en su seno,
como organismos desconcentrados, del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), órgano
de inteligencia exterior, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), órgano de inteligencia
de seguridad, la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) órgano a cargo de inteligencia
y seguridad informática, de comunicaciones, y criptografía, y la División de Asuntos
Internos, órgano de control interno del Sistema de Inteligencia Nacional (DAI) como
órganos desconcentrados de la SIDE.
4.2 Sobre los objetivos de la defensa argentina, y su concreción.
¿Cuáles son los objetivos de la defensa argentina?
La Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, en su artículo 2°, es clara en tal sentido,
pero, como se ha visto, dicha norma ha sido interpretada de diversa manera. Hemos visto
asimismo las disidencias que se plantearon a partir de la reglamentación de la referida ley
por el Decreto N° 727/2006, y las marchas y contramarchas que se sucedieron.
Establecido el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional por Decreto N°
1729/2007, el documento inicial de dicho Ciclo era la Directiva de Política de Defensa
Nacional (DPDN).
Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner fue dictada la primera
DPDN, aprobada por Decreto N° 1714/2009.
En ella se destacó la necesidad de profundizar el fortalecimiento de las
competencias ministeriales respecto del sistema de defensa y sus organismos
componentes.
Se puso de manifiesto la necesidad de continuar con el proceso de definición de
las políticas educativas y de las estructuras de educación, formación y actualización de
las Fuerzas Armadas, y de desarrollar y fortalecer, a través de la Escuela de Defensa
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Nacional, la formación de los recursos humanos necesarios para la adecuada gestión de
los asuntos de la Defensa Nacional por profesionales civiles especializados.
En dicha Directiva alcanzar una eficaz defensa nacional contra agresiones
militares externas continua siendo el objetivo fundamental, aunque ello no se reflejaba en
las inversiones, ni en un financiamiento que permitiera un adecuado adiestramiento del
personal.
La primera Directiva de Defensa Nacional dio lugar, durante el desempeño al
frente del Ministerio de Nilda Celia Garré, a la iniciación del primer Ciclo de
Planeamiento Militar conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 1729/2009. Dentro de
este Ciclo, y con posterioridad al Planeamiento Militar de Corto Plazo -a realizarse con
las capacidades militares existentes- debía realizarse el Plan de Capacidades Militares
(PLANCAMIL) del que debían surgir las capacidades militares a desarrollar para superar
los riesgos que se advirtieran en el Plan de Corto Plazo, y como consecuencia, el Plan de
Inversiones para la Defensa. Constituía una oportunidad inmejorable para establecer de
modo objetivo las falencias existentes en materia de equipamiento y lograr su superación.
De ese modo, se realizó el PLANCAMIL 2011, que puso en evidencia la necesidad de
realizar una fuerte inversión para superar la difícil situación del país en materia de
defensa.
Lamentablemente, Garré, fundamental impulsora del Plan, fue designada como
ministra de Seguridad y debió dejar el ministerio de Defensa antes de que el
PLANCAMIL 2011 fuera concluido y aprobado; y sus sucesores no lo impulsaron, , ante
el costo económico -y posiblemente político- que implicaba su ejecución, por lo cual
continuó la decadencia presupuestaria y material de la defensa argentina.
La segunda Directiva de Política de Defensa Nacional, aprobada por Decreto N°
2645/2014, siempre dentro del gobierno encabezado por Cristina Fernández de
Kirchner, ratificó el carácter defensivo del posicionamiento estratégico de Argentina, en
términos de su diseño de fuerzas y disposición de sus capacidades, así como la doble
dimensión autónoma y cooperativa de su defensa.
Se planteó también que la protección de los recursos naturales constituía un
aspecto medular de la formulación de la actitud estratégica defensiva argentina.
Fue puntualizado en materia de misiones subsidiarias la necesidad de realizar en
el ámbito nacional y de UNASUR un mayor esfuerzo en materia de tareas de apoyo a la
comunidad nacional o de países amigos.
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Fue previsto también que resultaba de interés la construcción de un Polo Logístico
Antártico en la Ciudad de Ushuaia, para abastecer a las bases antárticas nacionales en
forma rápida y eficiente y prestar asistencia a otros países. así, como la creación de un
Centro Logístico para el Sostenimiento de la Actividad Antártica en el Sector Antártico
Argentino.
Aunque se continuaba percibiendo como objetivo fundamental de la defensa el de
alcanzar una adecuada capacidad defensiva ante agresiones externas de naturaleza militar,
dicho objetivo seguía sin reflejarse en los créditos presupuestarios que permitieran un
adecuado equipamiento y un buen adiestramiento del personal.
En cambio, advertimos aquí el surgimiento de dos objetivos adicionales de la
defensa, que sí alcanzarían reflejo presupuestario: el apoyo a la comunidad, y la actividad
antártica.
En 2018, con un cambio de gobierno -ahora desempeñado por el ingeniero
Mauricio Macri- y habiendo tenido lugar el ya señalado dictado del Decreto N° 683/2018,
que modificando el Decreto N° 727/2006 procurara ampliar el ámbito de la defensa a
agresiones no militares, para posibilitar el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad
interior, derogando además la Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las
Fuerzas Armadas aprobada por Decreto N° 1691/2006, fue dictada una nueva Directiva
de Política de Defensa Nacional, aprobada por Decreto N° 713/2018.
Dicho documento destacó que las tendencias identificadas en los planos regional
y global señalaban que la seguridad de los Estados latinoamericanos estaría claramente
afectada por fenómenos trasnacionales como el narcotráfico, la piratería, la trata de
personas y el contrabando, cuya atención prioritaria correspondía a los organismos de
seguridad, inteligencia e inteligencia criminal, señalando que, no obstante, las Fuerzas
Armadas contaban con capacidades materiales, infraestructurales y tecnológicas que
podían ser empleadas en apoyo a una estrategia integral de lucha contra estas
problemáticas
Se señaló que el Sistema de Defensa Nacional debía cumplir un rol clave, en
estadios de paz y crisis, en la vigilancia, control y preservación, según correspondiera,
del espacio marítimo insular y fluvial, aeroespacial, ciberespacial, espacial y terrestre,
destacándose también la necesidad de proteger los objetivos estratégicos, de apoyar la
política exterior a través de participación en misiones de paz en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas, de apoyo a las operaciones de seguridad interior,
la participación en la política antártica, y la cooperación militar en el ámbito regional, el
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apoyo logístico en las zonas de frontera, y el apoyo a la comunidad ante desastres
naturales o emergencias.
Fue destacado que el Ministerio de Defensa debería proponer al Poder Ejecutivo
Nacional un plan para reformar el Instrumento Militar de la Nación a fin de recuperar la
capacidad de cumplir su misión principal.
En definitiva, fueron introducidas en la defensa cuestiones de seguridad interior,
destacándose además el apoyo a la política exterior, la participación en la política
antártica, y el apoyo a la comunidad en desastres naturales o emergencias, destacándose
además la necesidad de reformular el instrumento militar para que éste pudiera cumplir
su misión de defensa del país.
Habiendo asumido un nuevo gobierno encabezado por el abogado Alberto Ángel
Fernández, fue dictado el Decreto N° 571/2020, por el cual se dispuso la derogación de
los Decretos Nº 683/2018 y N° 703/2018 -las modificaciones del Decreto N° 727/2006 y
la Directiva de Política de Defensa aprobadas por el gobierno
precedente-.restableciéndose la vigencia de las Políticas de Defensa Nacional que fueran
derogadas por dicho gobierno.
El surgimiento de la pandemia del COVID-19 constituyó un desafío relevante que
debió afrontar la nueva gestión.
Declarada el 11 de marzo de 2020 la pandemia por la Organización Mundial de la
Salud, el 12 de marzo el Presidente Fernández dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia
(DNU) 260/ 2020, conteniendo un conjunto de medidas para hacer frente al nuevo
desafío,
El 13 de marzo de 2020 el Ministerio de Defensa dictó la Resolución Nº88/2020
creando el Comité de Emergencias de Defensa (COVID-19) a los efectos de la
articulación y gestión del apoyo de las Fuerzas Armadas en el marco de las medidas
implementadas por el DNU Nº 260/2020, bajo la coordinación de la Secretaría de
Coordinación Militar en Emergencias.
En dicho marco, las Fuerzas Armadas, bajo la conducción del Ministerio,
realizaron el “Operativo Manuel Belgrano”, de asistencia a la comunidad ante la
pandemia, empeñando sus medios en una labor que recibió múltiples elogios de diversos
sectores.
Cabe destacar, en otro orden de ideas, la aprobación por Decreto N° 457/2021, de
una nueva Directiva de Defensa Nacional.
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En ella se destacó la importancia estratégica que para Argentina revisten el
Atlántico Sur y el Espacio Antártico Argentino, así como la Plataforma Continental,
destacándose la importancia del proyecto de construcción de un buque polar en astilleros
nacionales.
Se reiteró además el carácter autónomo de la defensa argentina y a la vez
cooperativo con los países de la región y con la paz global.
Se destacó que la protección de los recursos naturales constituía un aspecto
medular en la formulación de la actitud estratégica defensiva del país.
Se reiteró que repeler la agresión externa estatal continuaba constituyendo la
misión fundamental de las Fuerzas Armadas, y que las misiones complementarias eran
las de participación en misiones multilaterales aprobadas por Naciones Unidas, participar
en la construcción de sistemas de coordinación y cooperación propios del sector de la
Defensa a nivel regional suramericano y/o subregional, brindar apoyo a la comunidad
nacional y/o de otros países. participar en operaciones de seguridad interior encuadradas
en los límites establecidos por las Leyes Nº 24.059 y Nº 25.520, y participar en la
planificación, dirección y ejecución de la actividad logística antártica.
En primer lugar, la decisión, respecto de la misión subsidiaria de apoyo a la
comunidad, de ponderar y prever la ampliación de esfuerzos y capacidades en los
próximos años, implicó un cambio sustancial en lo dispuesto en la Directiva aprobada por
Decreto Nº 1619/06, respecto a que tal misión se realizaría “(…) a partir de las
capacidades circunstancialmente remanentes de las mismas (…)”, mientras que ahora se
decidía desarrollar capacidades para su cumplimiento, con lo que la misión indicada
perdía carácter subsidiario, para transformarse en otra misión principal.
En segundo lugar, la afirmación de la importancia que tendría la construcción de
un buque polar en astilleros nacionales, combinada con la trascendencia asignada al Polo
Logístico y al Centro Logístico Antárticos, determinaba la existencia de una nueva misión
principal para las Fuerzas Armadas, determinando el desarrollo de importantes medios
para cumplirla.
También cabe destacar de esta etapa la sanción, el 1º de octubre de 2020, de la Ley
Nº 27.565 de creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), con la finalidad
relativa al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, disponiéndose que dicho Fondo
estaría integrado fundamentalmente con el 0,35% del total de los Ingresos Corrientes
previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año
2020, 0,5% para el año 2021, 0,65% para el año 2022, hasta alcanzar el 0,8% para el año
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2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios
presupuestarios
También se planteó la necesidad relativa a la construcción del Polo Logístico
Antártico en Ushuaia, para abastecer a las bases antárticas, así como de la construcción
de un Centro Logístico dentro del sector antártico argentino.
Se estableció que la instancia responsable de la conducción de los medios militares
en cualquier ámbito operacional sería el Comando Operacional dependiente del Estado
Mayor Conjunto, de quien dependerían otros comandos conjuntos.
Se encomendó al Estado Mayor Conjunto la implementación y prosecución del
Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, y como consecuencia, el diseño y la
determinación de las capacidades “deseables”, plasmándolas en el Plan de Capacidades
Militares (PLANCAMIL).
El 25 de agosto de 2022 el Estado Mayor Conjunto realizó un acto para dar cuenta
del inicio del planeamiento militar de corto, mediano y largo plazo, consecuente con la
DPDN aprobada por Decreto Nº 457/202127 (González Lacroix, 2022)En dicha
oportunidad se hizo referencia así que el planeamiento incluiría la necesidad de contar
con cuatro submarinos, así como con cazas interceptores supersónicos, así como con
vehículos de combate a rueda, avanzar con el proyecto el TAM 2C-A1 (modernización
del Tanque Argentino Mediano), misiles guiados antitanque de alcance medio, drones-
munición, entre otros aspectos.
Cabe señalar asimismo el anuncio por parte del Ministerio de Defensa de la
realización y puesta en marcha de un Plan de Adquisición de Munición a diez años para
el Instrumento Militar, destinado a la recuperación de las reservas operacionales de
munición de las tres Fuerzas. Dicho Plan sería financiado con el FONDEF y con recursos
específicos del Presupuesto de las Fuerzas Armadas (Mi Argentina, 2022).
En definitiva, el resultado fue que conforme al criterio que se empleó, relativo a
que los materiales a incorporar serían “de uso dual”, es decir, aptos tanto para uso militar
como para el apoyo a la comunidad, la misión de apoyo a la comunidad concentró la gran
mayoría de los medios materiales adquiridos durante la gestión del Presidente Fernández,
comprendiendo un número significativo de camiones militares Oskosh de origen
estadounidense, de diversos modelos, camiones Mercedes Benz Atego MB 1726 Atego,
Camiones cisterna VW Constellation, ambulancias Toyota.
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Entre las licitaciones adjudicadas por el Ejército conforme al sitio de compras
oficiales se cuentan camiones, camionetas, ómnibus, tractores, motocicletas,
ambulancias, y un aspecto de gran utilidad militar: transportadores de tanques.
En cuanto a la Fuerza Aérea, adquirió 10 aviones estadounidenses de transporte
liviano y enlace Huron, un avión Boeing 737, y un avión de transporte de pasajeros Saab
340.
En lo relativo a la Armada, se inició la ya mencionada ejecución de la conversión
por parte del Astillero TANDANOR de la corbeta “Parker” en patrullero oceánico, la que
no llegó a ser concluida, desistiéndose aparentemente de tal propósito respecto de la
restante.
Tampoco se ha logrado avanzar mayormente con la construcción por el mismo
astillero de 12 remolcadores, , sin que se hubiera logrado la conclusión de ninguno de
estos barcos (Zona Militar, 2025, De Proa, 2024).
Asimismo, se dispuso la construcción de un buque polar por parte del Astillero
Tandanor con la cooperación de la empresa finlandesa Aker Arctic Technologie con una
inversión de 195 millones de dólares, hallándose en etapa de diseño y definición de
aspectos de ingeniería, sin que hasta el momento la construcción haya comenzado.
Cabe destacar que la Armada habría decidido concluir sus relaciones contractuales
con TANDANOR, cuya privatización, por otra parte, estudia el Gobierno (Proa, 2024).
En realidad, el único armamento militar significativo incorporado en este período
(además de alguna compra de armas portátiles) ha sido la adquisición con fondos del
FONDEF, de misiles antiaéreos de corto alcance RBS 70 a la empresa sueca Saab
Dynamics, (Amorelli, 2022) para las tres Fuerzas Armadas. Buen equipamiento, sin
dudas, pero una gota de agua en el océano de necesidades de equipamiento de dichas
Fuerzas.
Otro aspecto significativo de este período fue la realización de un ciclo de
planeamiento militar conforme al Decreto N° 1729/2007.
De dicha tarea surgió la del segundo PLANCAMIL, el PLANCAMIL 2023. Si
bien su contenido constituye secreto militar, un medio vinculado a la temática (Zona
Militar, 2023) dejó trascender que dicho Plan presumiblemente contendría la obtención
para la Fuerza Aérea de un avión de combate multirol supersónico, provisto de un paquete
de armamento integrado por misiles de corto y medio alcance; la compra de submarinos
para la Armada, y vehículos de combate a rueda para el Ejército, para integrarlos a la
Fuerza de Despliegue Rápido, entre otros equipos.
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De lo expuesto, ha quedado el ya citado convenio con el Reino de Dinamarca para
la adquisición de 24 F-16, y también, muy recientemente, la firma de un convenio con
Estados Unidos para la adquisición de ocho vehículos blindados a rueda M 1126 Stryker.
Se trata de un número muy reducido, pero se prevén incorporaciones de nuevos vehículos
a través de posteriores convenios, constituyendo un comienzo modesto, pero que al menos
muestra inquietud en cuanto a superar la pobre situación de la defensa argentina en
materia de equipamiento.
Ciertamente se podría objetar que durante la administración anterior se habían
iniciado conversaciones con Brasil para la adquisición de un número importante de
blindados a rueda Guaraní, con motor IVECO, anfibios y que podían brindar a Argentina,
donde también tiene presencia IVECO, la posibilidad de participar en la fabricación. Pero
razones de política externa argentina actual explican la decisión adoptada, que cuando
menos permite acceder a algún equipamiento necesario para el país.
De todos modos, algo se ha adquirido. Es de esperar que se cuente con fondos
presupuestarios para comprar el armamento, para mantener adecuadamente los aviones,
y para permitir el adiestramiento del personal.
A modo de conclusión sobre este aspecto, diremos que en materia de objetivos
de la defensa argentina, de un comienzo claro -defensa ante agresiones militares externas,
pero sin equipamiento, inversiones y presupuesto para hacerlo realidad- se ha pasado a
objetivos diversos, contradictorios y que varían de una administración a otra.
Continúan las carencias presupuestarias, sin que las adquisiciones apuntadas
permitan afirmar aún la existencia de un cambio en tal sentido, aunque abren cierta
esperanza.
4.3 Problemática presupuestaria y de equipamiento.
Existe una problemática que atraviesa transversalmente a todos los gobiernos
que ha tenido Argentina desde la restauración de la democracia. Se trata de la antigüedad
y en muchos casos obsolescencia de los medios materiales de defensa, que como hemos
destacado en otras oportunidades (Ugarte 2018 y 2019) datan prácticamente en su casi
totalidad de décadas atrás, hallándose en muchos casos inoperativos.
La cuestión data de 1983, en que, hallándose el país bajo un gobierno militar, el
gasto en defensa de Argentina ascendía al 4,2% del PBI (López, 1990) Se trataba de un
gasto realmente importante para un país en tiempo de paz.
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Tras la asunción del gobierno democrático encabezado por Raúl Alfonsín, en 1984
descendió a 2,8 y en 1985 a 2,45. (López, 1990; Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Argentina, 2000).
Esa fuerte baja llevó dicho presupuesto a niveles semejantes a los habidos entre
1970 y 1974, es decir, a niveles propios de tiempo de paz.
Frente a esta drástica reducción, hubiera correspondido una reestructuración de
las Fuerzas Armadas que adecuara su estructura a las posibilidades presupuestarias.
Ello no sucedió y sucesivamente los ministros de Defensa de Alfonsín, Raúl
Borrás, Roque Carranza y José Horacio Jaunarena encomendaron a las Fuerzas Armadas
la realización de su propia reestructuración.
Lo que en realidad hicieron las Fuerzas Armadas en forma virtualmente autónoma
fue, en primer lugar, reducir drásticamente la incorporación de conscriptos, que
disminuyó de 108.000 en 1983 a 40.000 en 1988 y 1989. (Ministerio de Relaciones
Exteriores de Argentina, 2000) La posterior supresión del servicio de conscripción en
tiempo de paz establecida por la Ley N° 24.429 (1995) redujo el número de soldados del
Ejército a un número oscilante entre 15.000 y 18.000 (Ministerio de Defensa, 2010).
También se redujo el número de incorporaciones en los institutos militares.
Así, en el grado inferior de oficial del Ejército, subteniente, en 1984 había
1295.Ese número en 1990, año de agudización de la reducción presupuestaria, había
descendido a 475, y en 1994 a 391. En ese último año, había 974 tenientes coroneles. El
número de subtenientes experimentó posteriormente un crecimiento que lo llevó a 659 en
2010, aún lejos del número de 1984. Una disminución similar pero algo menor se produjo
en la Armada y en la Fuerza Aérea (Ministerio de Defensa, 2010).
La fuerte reducción presupuestaria de 1984 y 1985 fue acompañada además,
inicialmente, por una reducción limitada en los grados de oficiales, destacable en los
cuatro grados superiores (teniente general o equivalentes a coronel o equivalentes.
(Ministerio de Defensa, 2010).
A partir del año 2002, comenzó a producirse en el Ejército un crecimiento
significativo en el número de oficiales en los grados superiores y especialmente en los de
coronel y teniente coronel, que los llevó en 2010 a un número -684 y 1.134,
respectivamente- superior al que tenían en 1983 (último año del gobierno militar) -645 y
1.128- cuando el número total de personal militar era más del doble. (Ministerio de
Defensa, 2010).
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El número de personal en dichos grados llegaría posteriormente en 2014 a 810 y
952 (Ministerio de Defensa, 2015) para descender en 2019 a 662 y 843 (Jefatura de
Gabinete, 2019) y a 637 y 698 en 2021 (Jefatura de Gabinete, 2021), número ya levemente
inferior a 1983, reduciendo en cierta medida la desproporción existente en materia de
personal de grados altos. Dicho fenómeno se reiteró en la Armada y en la Fuerza Aérea,
pero sin que se advirtiera una tendencia a su corrección como sucediera en el Ejército. En
el caso de la Armada, en 2021 (Jefatura de Gabinete, 2021) contaba con 334 capitanes de
navío y 433 capitanes de fragata contra 212 y 374 en 1983, cuando el número de personal
y de medios materiales de la Fuerza era notablemente mayor. La Fuerza Aérea, por su
parte, contaba en 2021 (Jefatura de Gabinete, 2021) con 401 comodoros, 333
vicecomodoros y 329 mayores, contra 211, 203 y 268 respectivamente en 1983, año en el
que también los medios humanos y materiales de dicha Fuerza eran notablemente
mayores a los actuales.
Por otra parte, los números de oficiales, suboficiales y tropa del Ejército Argentino,
que en 1983 eran respectivamente de 6.891, 23.759 y 72.473, en 2014 pasaron a ser,
respectivamente, de 6.188, 22.768 y 17.319; en la Armada Argentina, que en 1983 eran,
respectivamente de 3.227, 15.473 y 21.359, pasaron a ser en 2014 de 2.492, 14.433 y
1.630; en la Fuerza Aérea Argentina, que en 1983 eran de 2.342, 9.061 y 10.500, pasaron
a ser en 2014 de 2.542 –oficiales- y 10.345 –suboficiales- no contando con personal de
tropa. (Ministerio de Defensa, 2015).
En años posteriores, 2019, encontramos en el Ejército 6.454 oficiales, 21.697
suboficiales y 20.715 soldados, mientras que en la Armada, 2.658, 14.081 y 2.317, y en
la Fuerza Aérea, 2.570, 8.636 y 1.783. (Jefatura de Gabinete, 209). En 2021, en el Ejército
encontramos 6.196 oficiales, 22.358 suboficiales y 21.213 soldados, en la Armada,
respectivamente, 2.605, 14.141 y 1.725 soldados, y en la Fuerza Aérea, 1.979, 7.014 y
444 (Jefatura de Gabinete, 2021).
Como puede advertirse, el Ejército mantenía números de oficiales y suboficiales
apenas inferiores a los de 1983, con un efectivo de tropa menor a la tercera parte del que
existía en dicha época, si bien se trata de tropa voluntaria.
En cuanto a la Armada y a la Fuerza Aérea, el número de oficiales y suboficiales
ha descendido en grado levemente mayor -aunque paradójicamente se ha incrementado
en los grados altos- pero el personal de tropa ha descendido a una mínima fracción de lo
que representaba en 1983 en el caso de la Armada, hasta casi desaparecer en el caso de
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la Fuerza Aérea, en el que sólo representa un pequeño número incorporado
transitoriamente como personal de servicio militar voluntario de la Ley Nº 24.429.
El resultado es en definitiva el de unidades incompletas en el caso del Ejército y
en las tres Fuerzas Armadas, en la proliferación de estructuras administrativas.
En lo relativo al presupuesto de defensa, habremos de señalar que su porcentaje
del Producto Bruto Interno ascendió a 2,7% en 1985, 2,3%, en 1989, 1,88%, en 1991
1,5%, en 1999 1,22%, en 2005 0,85%, en 2010 0,81%, en 2015 0,85%, en 2020 0,75%,
y en 2024 0,64% (SIPRI, 2024).
En dólares constantes de 2023, ascendió a 9965 en 1985, 9144,35 en 1989,
5047,87 en 1991, 3646,79 en 2005, 4575,71 en 2010, 5059,76 en 2015, 4320,50 en 2020,
y en 2024 3912,76 (SIPRI, 2024).
Como puede advertirse, el presupuesto actual en dólares constantes de 2023 es
aproximadamente la tercera parte de lo que era en 1985, cuando ya se había producido la
primera reducción del presupuesto.
En definitiva, la combinación de la reducción presupuestaria con la inexistencia
de una reestructuración real, así como con la proporción representada por los grados altos
con relación al resto de la estructura de personal, trajo como resultado una proporción
muy elevada del gasto en personal respecto del total del gasto en defensa.
La incidencia de dicho gasto pasó a ser superior al 80%, determinando
limitaciones de gasto en funcionamiento que erosionó el mantenimiento del material y el
entrenamiento del personal, y, por sobre todo, la imposibilidad de renovar el equipamiento
de defensa.
Un examen de la obtención de equipamiento por parte de las Fuerzas Armadas
argentinas (Ministerio de Defensa, 2010) muestra que entre 1983 y 1990 fueron
incorporados la mayor parte de los medios materiales de la Armada Argentina –cuatro
destructores Meko 360, construidos por los astilleros alemanes Blohm & Voss, cuatro de
las seis corbetas diseñadas por los astilleros referidos y construidas bajo licencia en
Argentina, los dos submarinos diesel-eléctricos TR 1700 construidos en Alemania por los
astilleros alemanes Thyssen Nordseewerke, tres buques de transporte y otros medios
menores. Con anterioridad a 1983, poseía además dos destructores Tipo 42 de defensa
aérea, tres corbetas misilísticas clase d'Estienne d'Orves, y los submarinos tipo 209
“Salta” y “San Luis”.
El Ejército Argentino contó a partir de comienzos de la década de los ‘80s con los
tanques y vehículos de combate de la familia TAM, construidos en Argentina sobre un
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diseño e instrumental suministrados por el fabricante alemán Thyssen - Henschel a los
que se agregaron durante la época indicada obuses autopropulsados de 155 mm. de dicha
familia de blindados (VCA-Palmaria), construyéndose posteriormente (1994) un número
adicional de dichos tanques, totalizando 231, así como VCTP (vehículos blindados de
transporte de personal). (Lynn Montes, 2020).
El TAM, cuyo principal armamento es un cañón de 105 mm., se caracterizó desde
su construcción por poseer un blindaje relativamente delgado, por la concepción
predominante en el Ejército argentino de la necesidad de un blindado veloz y que pudiera
superar sin inconvenientes los puentes y rutas defectuosas del país. No poseía capacidad
de combate nocturno y sus sistemas de tiro quedaron anticuados por el transcurso del
tiempo.
Existieron algunos proyectos de modernización no concretaron, que solo
llegaron a abarcar un puñado de tanques, hasta ser abandonados por razones
presupuestarias.
El posterior predominio en la región de tanques con mayor blindaje y en el caso
de Chile, el tanque Leopard 24A CHL, con cañón de 120mm y adaptado al combate en
altura- determinó la decisión de modernizar el TAM, celebrándose el 28 de junio de 2014
un contrato con Elbit Systems de Israel, para modernizar 74 tanques.
Este convenio fue dejado sin efecto durante la gestión de Mauricio Macri (2015-
2019) reanudándose durante la gestión de Alberto Fernández, sobre un nuevo prototipo
actualizado, lo que demoró su concreción.
También en 1981 habían sido adquiridos los 120 tanques livianos austríacos
SK-105 Kurassier, 106 correspondientes a la versión A-1 y 14 a la A-2, armados con
cañón de 105 mm. con aptitud para combate en montaña, pero también de blindaje
delgado (Infodefensa, 2018).
Asimismo, fue durante esa época en que comenzaron a ser entregados por la
Fábrica Militar de Aviones los primeros aviones de entrenamiento avanzado “IA-63
Pampa”, fabricados con la cooperación de la empresa alemana Dornier Flugzeugwerke.
En los años 90’s, coincidiendo con la agudización de las reducciones
presupuestarias, se sancionó, en el marco de la política de privatizaciones entonces
implementada, la Ley Nº 24.045, por la que se declaró “sujetas a privatización” a la
totalidad de las empresas y establecimientos que operaban en jurisdicción del Ministerio
de Defensa. comprendiendo tanto empresas de producción civil como militar, los que
fueron vendidos o liquidados.
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Sólo se omitió la venta de algunos establecimientos de fabricación de productos
militares que no hallaron comprador –las Fábricas Militares de Villa María, Río Tercero,
Fray Luis Beltrán y Azul, que fueron dedicadas casi exclusivamente a producción civil.
Durante esa etapa se incorporaron algunos medios cedidos por Estados Unidos
como los aviones de exploración P3B Orion, También se concluyó la construcción de dos
corbetas Meko 140 y se incorporó un buque logístico.
En 1984 y 1985, respectivamente, se recibieron los dos submarinos diesel
eléctricos TR 1700 San Juan y Santa Cruz, encargados por el gobierno militar y
construidos por Thyssen Nordseewerke, junto con materiales para la construcción de
otros cinco submarinos en el “Astillero Domecq García”, cuya construcción no se logró
concluir.
La única adquisición significativa de material bélico por parte del país posterior a
las indicadas, fue la realizada a Estados Unidos entre 1993 y 1999 (entregados entre 1997
y 2000) de 33 aviones de ataque subsónicos A-4M Skyhawk II –construidos en la década
del ’70- a quienes se hizo una recorrida y modernización, denominándoselos A-4 AR
Fightinghawk. La adquisición proveyó a Argentina de aviones modernizados, dotados del
radar Westinghouse APG-66, que equipara a las dos primeras versiones del F-16, pero
construidos, hoy, hace aproximadamente cinco décadas. (Brea, 2011).
Estos aviones fueron suministrados sin armamento y con su radar limitado
-probablemente por presión británica- no poseyendo otras armas que sus cañones y
bombas de gravedad.
Y así continuaron desarmados, hasta que con motivo de la visita del Presidente
estadounidense George W. Bush para la Cumbre de las Américas, Estados Unidos accedió
a vender misiles AIM9L Sidewinder de corto alcance, único armamento inteligente que
hasta hoy poseen dichos aviones. (Clarín, 2005).
En setiembre de 2015 la Fuerza Aérea Argentina comunicó la desprogramación
definitiva de los aviones Mirage III, Mirage V y Dagger Finger que restaban en su
inventario, perdiendo Argentina la capacidad de interceptación por aviones de caza
supersónicos. Y en julio de 2016, la Fuerza Aérea Argentina comunicó la
desprogramación de los A-4 AR Fightinghawk -últimos aviones de combate que restaban-
para 2018, decisión que no pudo llevarse a cabo por falta de reemplazos, manteniéndose
un número de 2/3 aviones operativos.
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Para la visita del Presidente de Estados Unidos Barack Obama, (2016) ya el país
no contaba con aviones de combate para escoltarlo, por lo que éste ingresó al espacio
aéreo nacional con cuatro aviones de combate F-16 estadounidenses (Infobae, 2016).
No obstante, en los últimos años y siempre ante la carencia de reemplazos, se logró
poner a seis de dichos aviones en condiciones de vuelo pero sin que se mejorara su
armamento. (Cimino Argondizzo, M., 2023)
Se aspiraba a mantener operativos hasta dieciocho aviones o cuando menos doce
aviones y a equiparlos con armamento adecuado. No obstante, seis fue el máximo número
logrado, habitualmente cinco, evidenciándose las dificultades de obtener repuestos para
estos antiguos aviones.
Por otra parte, los accidentes fatales del capitán Gonzalo Brito Venturini (5 de
agosto de 2020), y del capitán Mauro Testa La Rosa (15 de julio de 2024) a bordo de A-
AR Fightinghawk han demostrado que estos aviones, hoy de operatividad casi nula, no
están en condiciones óptimas de vuelo, lo que ha determinado que cesen por el momento
en su operación. (Rivas, 2024).
Durante la gestión del Presidente Mauricio Macri (2015-2019) se concretaron dos
adquisiciones de material que no satisficieron las necesidades más imperiosas de
reequipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas.
Se adquirieron doce aviones de entrenamiento a turbohélice 12 aviones Beechcraft
T-6C Texan II a Estados Unidos, cuando el país ya contaba con aviones de entrenamiento
básico Grob 120 TP-A y Tecnam P2002 Sierra, y avanzado Embraer Tucano e IA63
Pampa. Dicha compra aparecía como redundante ante la carencia de aviones de combate.
También, durante dicho período, se adquirieron cuatro patrulleros oceánicos Gowind 90
al astillero francés Naval Group, cuando se habían adquirido planos y licencias para
construcción de naves similares en el país, contándose además con los buques patrulleros
oceánicos de la Prefectura Naval. Ello, cuando se carecía de buques de combate
modernos.
El hundimiento del submarino TR 1700 “San Juan”, el 15 de noviembre de 2017,
entre cuyas causas encontramos deficiencias en el estado del sumergible, que carecía de
toda capacidad operativa, limitaciones en el adiestramiento del personal, y decisiones
erróneas de los mandos (Congreso de la Nación, 2019) dejó al país sin el único submarino
que estaba en condiciones de navegar, perdiéndose la capacidad submarina, que no ha
sido repuesta hasta el momento.
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Durante las gestiones de los Presidentes Mauricio Macri (2015-2019) y
Alberto Fernández (2019-2023) se realizaron diversas gestiones para la adquisición de
aviones de combate, llegándose sobre el fin de la gestión de Fernández a una decisión
respecto de la adquisición a Dinamarca de 24 cazabombarderos F-16 A-B modernizados,
con limitada vida útil por su antigüedad, pero sin que llegara a materializarse la compra.
Asumido un nuevo gobierno encabezado por Javier Milei, el 26 de marzo de 2024
el ministro de Defensa Luis Petri suscribió en Copenhague con su par danés Troels Lund
Poulsen la carta de intención para la compra de los referidos aviones -16 monoplazas y 8
biplazas- así como cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, y provisión de repuestos
por cinco años (Newdick, 2024), así como instrucción de pilotos y de mecánicos para
operar estas aeronaves. El 26 de Abril de 2024 se dictó la Decisión Administrativa N°
252/2024, que aprobó el pago de u$s 301.200.000 por la adquisición.
Se trata de aviones antiguos -F-16/A y B Block 10 and Block 15, es decir, de las
dos primeras versiones del F-16, con unas cuatro décadas de antigüedad, aunque han
recibido la actualización de media vida (MLU) que los ha dotado de aptitudes similares a
los F-16C/D Block 50/52, aunque sin el radar más avanzado que poseen éstos últimos
(APG 68). De todos modos, la vida útil de estos aviones parece limitada.
La ventaja de la adquisición en el caso argentino está en el precio, es decir, la
posibilidad de dotarse de aviones de combate relativamente modernos por un precio de
300 millones de dólares.
Hasta el momento, Argentina ha recibido un avión fuera de uso a ser utilizado
para entrenamiento de pilotos y mecánicos, esperándose la llegada de los seis primeros
aviones para fines de 2025.
Además del costo de los aviones, Argentina debería hacer frente al costo del
armamento de éstos. Cabe señalar que el Congreso de Estados Unidos ha autorizado la
venta a Argentina de un paquete de armamento destinado a los aviones en cuestión, de un
valor de 944 millones de dólares, que incluye 36 misiles de alcance medio 36 BVR
AIM-120 C-8 AMRAAM y 50 bombas guiadas por láser GBU-12 Paveway II. (Zona
Militar, 2024). Como es obvio, este armamento es de fundamental importancia para que
estos aviones adquieran las capacidades requeridas para la guerra actual, y su costo
triplica el de los aviones.
A lo expuesto cabe sumar el costo de operar de mantener en vuelo un F-16,
mucho más elevado que cualquier avión operado hasta ahora por Argentina, debiéndose
tener en cuenta también la antigüedad y uso de los adquiridos.
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Por ello, el económico precio de adquisición no refleja el esfuerzo que requerirá a
Argentina operar y mantener estos aviones Es perfectamente posible -Chile, país cuyo
PBI es inferior al argentino, mantiene adecuadamente un número doble de estos aviones-
pero requerirá a Argentina dedicar un esfuerzo superior en defensa al que realiza
actualmente.
A la adquisición de los F-16, se sumó un comienzo de concreción del convenio de
modernización del TAM, con la entrega de los diez primeros tanques modernizados
(Roldán, 2024).
Se debe señalar, no obstante, que la gran mayoría del material restante de las
Fuerzas Armadas data, como ha sido señalado, de más de cuatro décadas.
Respecto del material de la Armada Argentina, cabe recordar en primer lugar la
baja de los destructores tipo 42 “Santísima Trinidad” y Hércules. Ambos, construidos en
el _Reino Unido, se vieron perjudicados por el embargo de armas dispuesto luego del
Conflicto Malvinas, siendo el primero el primero de ellos declarado en desuso por
Decreto N° 1017/2020, luego de su hundimiento parcial en el muelle de la Base Puerto
Belgrano en el que se encontraba amarrado, cuando ya por Resolución EMGA 55/2004
se había dispuesto retirarle todo elemento que pudiera ser útil en otras unidades. (Larre,
2020). El Hércules fue reconvertido en transporte rápido de tropas, prestando servicios
por varios años, hasta que tras un tiempo sin actividad, fue asimismo dado de baja (Perfil,
2024).
Asimismo, las tres corbetas francesas clase d'Estienne d'Orves “Drummond”,
“Guerrico” y “Granville han sido declaradas en desuso (Videla Solá, 2024).
En 2024 se anunció que después de 15 años sin navegar, el destructor MEKO 360
“Heroína”, sería dado de baja para servir de fuente de repuestos a los restantes. El impacto
con una ballena significó el deterioro de una parte vital, que no fue posible reponer por el
embargo británico, arguyéndose también razones de costos (Videla Solá, 2024).
En el artículo en el que se brindó la información precedentemente citada, se
destacó que los destructores MEKO 360 no habían recibido modernización alguna desde
su incorporación hace cuatro décadas, hallándose con sistemas en condiciones de
obsolescencia, y que habitualmente sólo el “Sarandí” se encontraba operativo,
realizándose esfuerzos para poner en servicio un destructor más.
Con relación a las seis corbetas MEKO 140, debemos señalar que la corbeta Parker
fue enviada al astillero TANDANOR para su conversión en un patrullero oceánico.
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Esa decisión, después de la importante erogación realizada para la construcción en
Francia de los cuatro patrulleros oceánicos Gowind, buques policiales por su
armamento y funciones, equivale a perder para la defensa una de las pocas unidades de
combate con que aún cuenta la Armada.
Pero además, el buque estaría en estado de abandono sin que se le realice trabajo
alguno desde , mientras que trasciende la decisión del gobierno nacional de privatizar
TANDANOR (Roldán, 2024).
Otra de las corbetas MEKO 140 también experimentaría una transformación
similar, que concluiría con su capacidad de combate, siguiendo una orientación de la
Armada que apuntaría a incrementar el número de buques dedicados a combatir la pesca
ilegal. (Zona Militar, 2021).
No puede sino sorprender que mientras países vecinos como Chile y Brasil
construyen o adquieren modernas unidades navales de guerra, Argentina procure
convertir las escasas y antiguas unidades navales que posee en patrulleros oceánicos, y
cuando han transcurrido décadas sin la adquisición de buques de guerra, se inviertan u$s
325.000.000 en la compra de cuatro de estos buques, que podrían construirse
perfectamente en el país, a un costo mucho menor.
En definitiva, las capacidades de defensa en el mar del país parecen hoy reducirse
a 1/2 destructores y cuatro corbetas, buques con cuatro décadas y que no han recibido
modernizaciones sustanciales.
4.4 Otras percepciones respecto de la problemática expuesta,
En sus análisis de las políticas de defensa seguidas durante los gobiernos de
Mauricio Macri y Alberto Fernández, Emilse Calderón (2017) arribó a conclusiones
coincidentes con lo aquí expuesto destacando en definitiva que “...el deterioro de las
capacidades transformó a las Fuerzas en un instrumento prácticamente imposible de ser
empleado...”
Tal afirmación era coincidente con la situación en 2017 y con mayor razón con
la actual. El hundimiento del “San Juan” fue la más rotunda -y trágica- demostración de
esa realidad. Como se ha destacado precedentemente, las dos adquisiciones de material
más importantes realizadas durante el gobierno de Macri -los aviones de adiestramiento
avanzado Texan II y los patrulleros oceánicos Goodwin- eran redundantes y no hacían a
las necesidades de la defensa, habiendo tenido lugar a nuestro criterio como retribución a
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Estados Unidos y a Francia por consideraciones de política exterior y de apoyo a las
necesidades gubernamentales de obtener un crecido crédito del FMI.
Calderón también destacó (2023) la gestión desarrollada por Alberto
Fernández y su ministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana, en el contexto altamente
polarizado en el ámbito internacional en el que debió desarrollar su gestión, manteniendo
diálogo con todos los sectores y con todos los países y manteniendo la coherencia con los
clásicos principios de la política exterior argentina de respeto a la soberanía e integridad
territorial de los Estados, y no injerencia en los asuntos internos de otros Estados,
cuestionando desde esa óptica la invasión rusa a Ucrania. No obstante, también es preciso
destacar que las múltiples gestiones realizadas para la adquisición de aviones, submarinos
y vehículos de combate a rueda no llegaron a resultado alguno, más allá del muy
preliminar entendimiento para la adquisición de 24 aviones F-16 a Dinamarca, que sería
materializado por sus sucesores, siendo la única adquisición concreta de material bélico
realizada en ese período, la compra de misiles antiaéreos de corto alcance Saab RBS 70
NG cuya adquisición había sido contratada, además, durante la administración anterior
(Borda Bettolli, 2018).
Por su parte Juan Erardo Battaleme, actualmente Secretario de Relaciones
Internacionales para la Defensa, destacó (Battaleme, 2025) citando a Boris Pistorius,
ministro de Defensa de Alemania, que … el tiempo se agotó, y ya no hay margen para
seguir ignorando las amenazas que se avecinan. Esa premisa también aplica a la
República Argentina…
También destacó que la geopolítica es una de las razones centrales que llevan a
los países del mundo a adquirir equipos para sustentar su defensa, pero destacó que no
era la única, citando también “…las condiciones técnicas, las razones operacionales, las
denominadas hipótesis de conflicto existentes y las perspectivas de un conflicto armado
derivado de la degradación del ambiente internacional…”
Señaló que “…La era del infantilismo estratégico que marcó el rumbo de la
defensa durante las gestiones de Kirchner, Fernández de Kirchner y Fernández-Fernández
derivó en un sistemático proceso de desarme e indefensión…” Destacó además que “…
La recuperación de la aviación de combate, la decisión de adquirir vehículos blindados
de combate a rueda y la posible adquisición de submarinos, ha cambiado el eje de la
discusión en defensa…” Concluyó señalando que “…Poner en valor a las Fuerzas
Armadas es brindarles los medios para que puedan cumplir con el mandato constitucional
y ser garante de la paz de los argentinos. “…(Battaleme, 2025).
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Concordando con la necesidad y la urgencia de reequipar a las Fuerzas Armadas
argentinas, no puedo dejar de notar el tono político dado a una temática que debiera
procurar reunir consenso... siendo que, en definitiva, se optó en materia de aviación de
combate por la misma adquisición propuesta por el gobierno predecesor encabezado por
Fernández, si bien éste no llegó a concretarla. Respecto de esta opción, si bien los F-16
adquiridos tienen limitada vida útil, bien mantenidos es dable esperar 25-30 años de vida
útil, y en materia de costos, siendo aviones muy usados, su costo es muy inferior al del
JF-17, si bien el costo del paquete de armamento disminuye la diferencia.
En un artículo publicado en 2015, dirigido fundamentalmente a la comunidad
académica argentina de estudios de defensa (Battaglino,2015) Jorge Battaglino cuestionó
lo que a su juicio constituye un enfoque reduccionista por parte de dicha comunidad en
cuanto limitaría el ámbito de análisis a dos aspectos: las relaciones civiles-militares, por
una parte, y las limitaciones de la defensa de Argentina en materia presupuestaria y de
medios materiales, por la otra. También criticó el enfoque que tiende a dar por sentada la
importancia de la defensa, sosteniendo que aún en Estados sujetos a graves amenazas, el
interés por la defensa puede ser muy limitado.
Battaglino destacó con relación al caso argentino el escaso interés de los políticos
por la defensa, señalando como evidencia la constante disminución del gasto militar, las
escasas compras de armamento y el desmantelamiento de la industria militar durante la
década de 1990. Procuró explicar tal bajo interés por el desastroso resultado en términos
políticos, económicos y militares de la dictadura militar de 1976/83 y la difusión de las
violaciones a los derechos humanos cometidos en dicha época. Todo ello a juicio del autor
determinó el generalizado rechazo por parte de la sociedad a todo lo relacionado con la
defensa.
Finalmente, Battaglino sostuvo la imposibilidad de reducir la defensa a la posesión
de mayores y mejores medios materiales, destacando la importancia de la estrategia y de
la táctica, así como de una lúcida conducción política, señalando que muchas veces es la
parte no superior en armamentos, es la que triunfa, citando un artículo que demostraría
que más frecuentemente es la parte inferior en armamentos la que triunfa.
Una visión a nuestro juicio diversa ofrece Battaglino en un artículo posterior,
escrito conjuntamente con el destacado profesor y escritor sobre el tema David Pion-
Berlin. (Battaglino & Pion-Berlin, 2022).
En dicha oportunidad, ambos autores, Jorge Battaglino, a la sazón Decano de la
Facultad de Defensa Nacional de la Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF)
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argentina, y David Pion-Berlin, profesor distinguido de la Universidad de California at
Riverside y uno de los más importantes académicos estadounidenses en temas de defensa
y de relaciones civiles-militares, refirieron con detalle la importante estructura que
poseerìa dicho Ministerio de Defensa para la formulación de las políticas de defensa,
destacándose que en él, la conducción política de la defensa había sido plenamente
institucionalizada a través de las estructuras y de los procedimientos establecidos en el
Ministerio.
Se señaló además la circunstancia de haber desempeñado y desempeñar la
comunidad epistémica de defensa argentina -calificada, creemos que con justicia, la más
numerosa y una de las más importantes en América Latina- cargos importantes en el
Ministerio.
Se destacó además que los funcionarios que a la sazón trabajaban en el Ministerio
tenían la ventaja de poseer experiencia en la función, dada la circunstancia de haberse
desempeñado quien fuera ministro de Defensa durante los dos primeros años del período
presidencial de Alberto Fernández, Agustín Rossi (2020-2021) en el mismo cargo entre
2013 y 2015, habiendo retornado su equipo de expertos civiles de defensa a ocupar las
mismas funciones, habiendo el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, mantenido en
funciones al mismo equipo, y que existía “un gran número de funcionarios que habían
tenido relevantes puestos habían venido de la comunidad epistémica”.
No obstante, los autores señalaron como un problema a resolver la escasa atención
brindada por sucesivos gobiernos democráticos a la defensa, señalando que el gasto en
defensa había declinado incesantemente por décadas, y que el noventa por ciento del gasto
en defensa consistía en salarios, lo que había impedido la modernización de las Fuerzas
Armadas, por lo que éstas estaban “mal preparadas para la defensa del territorio.”
destacando que la creación del Fondo Nacional para la Defensa FONDEF era un primer
paso para resolver la situación.
También se destacó la necesidad de desarrollar una planta permanente de personal
civil, destacándose la necesidad de incorporar especialistas como cuadros permanentes
para llenar los principales puestos.
Cabe compartir con entusiasmo esta conclusión. No obstante, hallándose
Battaglino precisamente en el lugar indicado para materializar esta iniciativa -el decanato
de la Facultad de Defensa Nacional (FADENA) tal acción no se concretó.
En el capítulo correspondiente a Argentina de un estudio comparado sobre
relaciones civiles-militares en Latinoamérica, que tuvimos oportunidad de coeditar con
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Bertha García Gallegos (Ugarte, 2024), citando y comentando este artículo de Battaglino
y Pion-Berlin, tuvimos oportunidad de destacar que a la época se contaba en el Ministerio
con un número muy reducido de especialistas de la ya aludida comunidad epistémica de
defensa, de muy adecuado desempeño en sus áreas (al momento, Sergio Eissa y Juan
Estanislao López Chorne) pero que no estaban en cargos de decisión.
Los cargos fundamentales, y la gran mayoría de los cargos de la importante
estructura del Ministerio, estaban cubiertos con personas que podían haber tenido
experiencia de gestión en el área, pero que no poseían formación sustantiva en ella,
habiendo accedido al cargo por vinculaciones políticas o personales.
Se señaló por otra parte -afirmación válida entonces, y que continúa siéndolo-
que la Administración Pública argentina y dentro de ella, el Ministerio de Defensa, se
caracterizaba por una significativa rotación de personal derivada de la práctica
generalizada de designación de personal en planta permanente sin realizar los
procedimientos de selección previstos en la Ley Nº 25.164, normas reglamentarias y
convenio colectivo aplicable, designándose personal por 180 días -supuestamente hasta
la realización del concurso- designaciones que en la práctica era prorrogadas
indefinidamente, o bien a través de mecanismos de contratación que no poseían
estabilidad.
Por ello, se señaló que a nuestro juicio, era más exacta la descripción que efectúa
en un artículo Thomas Bruneau:
“…Mientras muchos civiles aparentemente son empleados en el Ministerio de Defensa,
la agencia no ofrece actualmente una carrera profesional específica para ellos...a pesar
de esfuerzos realizados por líderes civiles en el Ministerio, en el pasado y en el presente,
no hay una carrera especializada en la cual los civiles puedan desarrollar su experticia
y hacer una carrera de ello. La rotación entre estos civiles es tremenda, y cada vez que
visité el Ministerio en Argentina, encontré un nuevo grupo de civiles fundamentalmente
jóvenes empeñados en “adiestramiento en el trabajo”. La observación de Michael
Radseck es todavía acertada para Argentina: ‘Como en toda Latinoamérica, Argentina
carece de una Carrera profesional para empleados civiles en el Ministerio de Defensa,
como hubiera sido importante para establecer una continuidad de experticia civil...’
(Radseck 2005, 190)…”(Bruneau, 2006).
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En último análisis, cabe referir que en los casos referidos y otros que podríamos
citara a riesgo de extender excesivamente el presente, hay coincidencia en cuanto a la
gravedad de la situación argentina en materia presupuestaria, de equipamiento, y de
adiestramiento del personal, y como consecuencia, de aptitud del instrumento militar para
cumplir la misión primaria que le asigna el ordenamiento jurídico.
5. Conclusiones y propuestas.
La política de defensa argentina parece verse incapacitada para cumplir el que
consideramos su objetivo principal, que coincide con el objetivo de la defensa: proteger
la soberanía, independencia e integridad territorial del país y la vida de su población,
frente a agresiones militares externas.
A una asignación presupuestaria marcadamente insuficiente, muy inferior al 1%
del P.B.I., se suma un excesivo gasto en personal, que consume un gran porcentaje del
referido presupuesto.
A ello se suma la existencia de objetivos diferentes y contrapuestos al que todavía
sigue siendo considerado como el objetivo principal, al menos en la legislación.
Así, durante el gobierno encabezado por el Ingeniero Mauricio Macri y
nuevamente por la actual administración encabezada por el economista Javier Milei se ha
procurado dedicar a las Fuerzas Armadas a la seguridad interior, lo que además de ser
contrario a la doctrina, adiestramiento y equipamiento de las Fuerzas Armadas,
concebidas para la guerra, supone en definitiva gastos adicionales.
Pero además de ello, como se ha visto, durante la administración encabezada por
el abogado Alberto Ángel Fernández se asignaron aparentemente con igual jerarquía que
la defensa otros dos objetivos, el apoyo a la comunidad y la actividad antártica, ignorando
lo dispuesto por el entonces vigente Decreto N° 1691/2006, conforme al cual las misiones
subsidiarias no debían generar nuevas necesidades de equipamiento, sino que debían
cumplirse con las capacidades remanentes o no utilizadas por la misión principal, de
defensa del país.
Como consecuencia, la gran mayoría de los fondos presupuestarios y del FONDEF
fueron empleados en adquisiciones de utilidad secundaria para la defensa o simplemente
no útiles para ella,
Por ello, mientras que tras la restauración democrática el 10 de diciembre de 1983
se contaba con abundante equipamiento militar, al que se agregaron equipos contratados
por el gobierno militar, hasta 1990, aún pese a la inevitable disminución presupuestaria y
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sin que se lograra realizar la reestructuración de las Fuerzas Armadas para adaptarlas a
las nuevas posibilidades presupuestarias, la situación en materia de equipamiento, sin
resultar óptima, no era grave.
Pero con posterioridad a 1990, la profundización de la reducción presupuestaria
hasta llegar a niveles del 1% del P.B.I. o aún menores, a lo que se añadieron los ya
señalados desequilibrios en materia de personal, entre otros aspectos, dio lugar a la virtual
imposibilidad de incorporar nuevo equipamiento.
El que se incorporó, fue, como en el caso de los A-4 Fightinghawk,
equipamiento muy antiguo modernizado, y sin el armamento adecuado, que quince años
después de incorporado o aún antes, mostraba sus invencibles limitaciones.
Hoy el país carece de aviones de combate en condiciones de operar, habiéndose
demostrado la imposibilidad de recuperación de los A-4AR. Los F-16 daneses, con
limitada vida útil pero todavía eficaces, llegarán entre fines de 2025 y el 2026. Sus costos
operativos y la necesidad de incorporar un paquete de armamento aún no adquirido, cuyo
costo triplica el costo de adquisición de los aviones, impondrán un significativo
incremento del presupuesto.
Hoy la Armada Argentina se reduce a un destructor y cuatro corbetas. Estos buques
aún operables, tienen sistemas de hace dos décadas; no pueden enfrentarse a ninguna de
sus similares de países medianos o grandes de la región. Las anunciadas modernizaciones
no se realizaron hasta ahora. El astillero TANDANOR, hoy dedicado fundamentalmente
a reparar barcos privados, afronta su privatización.
Los tanques del Ejército Argentino continúan siendo en su casi totalidad los TAM
con sistemas analógicos, delgado blindaje y sin capacidad de combate nocturno, de cuatro
décadas atrás, y los Steyr SK 105 aproximadamente de la misma antigüedad. Del otro
lado de la cordillera, encontramos los Leopard 2A-4 de Chile, un moderno blindado de
excelentes prestaciones en instrumental, artillería y blindaje, preparado para actuar en
altura.
La modernización del TAM alcanzó a diez de los 231 TAM, y difícilmente podrá
continuar, dado que IMPSA, fabricante de las planchas de refuerzo de blindaje, será,
según se anuncia, privatizada.
Desde el hundimiento del San Juan el 15 de noviembre de 2017 -en el que el estado
del sumergible y las limitaciones del entrenamiento de su tripulación jugaron un rol
importante- Argentina no ha vuelto a tener submarinos operables…
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La política de defensa no comprende exclusivamente el armamento, el
adiestramiento del personal y el equipamiento. Mucho se hizo en Argentina en el pasado,
desactivando viejos conflictos y construyendo la integración regional, gestora de paz y de
intereses comunes. Hoy, evidentemente, no se sigue ese camino.
¿Qué hacer?
Es evidente que sin equipamiento, y sin personal debidamente motivado,
instruido y entrenado, no hay política de defensa posible.
Es necesario contar con un presupuesto de defensa que no sólo pueda mantener la
estructura existente, sino que también pueda modernizar todo lo modernizable y reequipar
a las Fuerzas Armadas argentinas. Ello luce imposible sin un presupuesto de, cuando
menos, 1,5% o 2% del PBI.
Es preciso reestructurar, es decir, conformar unidades militares completas y bien
equipadas, con adecuada proporción entre los grados, suprimiendo toda estructura
administrativa inútil.
Preciso es adquirir los medios preconizados (según los trascendidos) en el
PLANCAMIL 2023: vehículos de transporte y de combate a rueda, en número suficiente,
un mínimo de tres submarinos diésel-eléctricos nuevos. Modernizar los buques de la
Armada. Iniciar gestiones para la renovación de la flota, construyendo-adquiriendo cuatro
destructores.
Concluir con sentido de urgencia la modernización del TAM, extendiéndola a la
totalidad de los 231 tanques, y modernizar los SK 105 al estándar A-3.
Adquirir el paquete de armamento del F-16, asegurando fondos para la operación
del sistema y el entrenamiento de los pilotos.
Establecer en el astillero TANDANOR el carácter prioritario de los contratos con
la Armada, manteniendo su carácter estatal y regularizando los pagos por el Estado, y
ponerlo en capacidad de contribuir a las modernizaciones en la flota de mar.
Adquirir cañones autopropulsados de 155 mm y 100 tanques principales de batalla.
Unificar los desarrollos de drones que se efectúan individualmente las tres Fuerzas
Armadas, el Ministerio de Defensa, INVAP, CITEDEF y empresas privadas argentinas,
para lograr drones de reconocimiento y ataque de buenas capacidades.
Reconstruir las capacidades de producción de munición de todo tipo, armamento
portátil y eventualmente artillería, sobre la base de Fabricaciones Militares, hoy dedicada
a la producción de armamento y equipamiento mayormente policial y para caza.
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No son las propuestas las únicas maneras de lograr el resultado apetecido: que el
país logre una buena capacidad de defensa, hay distintos caminos. Se trata de encarar
decididamente y con sentido de urgencia, la reconstitución de las capacidades de defensa
argentinas.
Lograr ese resultado es de fundamental importancia para todos los argentinos.
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