Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 142, Julio-Diciembre 2025
ISSN 1852-7213 (edición en línea)
Mercados ilegales de drogas en transformación: dinámicas globales y configuraciones
locales en la Argentina contemporánea (2020-2025)
Illegal Drug Markets in Transformation: Global Dynamics and Local Configurations in
Argentina
Marco Iazzetta
1
https://orcid.org/0000-0002-8895-3847
Antonella Paparini
2
https://orcid.org/0000-0003-4883-7670
Resumen:
El narcotráfico es un fenómeno transnacional que presenta manifestaciones heterogéneas, que varían
según los contextos regionales y nacionales, las lógicas que estructuran los mercados ilícitos, los actores
involucrados y sus vínculos con el Estado. Frente a esta diversidad, el artículo propone evitar
enfoques one-size-fits-all y promover diagnósticos contextualizados que reconozcan las especificidades
institucionales y territoriales.
Este estudio examina cómo pueden caracterizarse los patrones de consumo y tráfico de drogas ilícitas
en Argentina durante el período 2020–2025, a la luz de las tendencias globales y regionales. La
investigación tiene un carácter exploratorio y adopta un enfoque metodológico cualitativo, que combina
la revisión documental con el análisis de bases de datos relevantes. Parte de dos supuestos: que los
patrones de consumo en América Latina, distintos de mercados como el norteamericano o asiático,
atenúan ciertas amenazas emergentes a nivel global y que la convergencia regional en consumo no se
refleja de igual manera en las dinámicas del tráfico.
El texto se estructura en cuatro secciones: un apartado teórico-metodológico, un análisis del tráfico
global y regional, una descripción del consumo y tráfico en Argentina, y una discusión final que enfatiza
la necesidad de lecturas contextualizadas frente a interpretaciones importadas de otras realidades.
Palabras clave: Narcotráfico; mercados ilegales de drogas; crimen organizado.
1
Doctor en Ciencia Política, Facultad de Ciencia Política y RR.II, Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Docteur en Philosophie, Ecole Doctorale Pratiques et Théories du sens, Université Paris. E-mail:
marcoiazzetta@fcpolit.unr.edu.ar
2
Facultad de Ciencia Política y RR.II-Universidad Nacional de Rosario, Argentina / Ludwig-Maximilians-
Universität München, Alemania. E-mail: Antonella.Paparini@campus.lmu.de
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Abstract:
Drug trafficking is a transnational phenomenon with heterogeneous manifestations that vary across
regional and national contexts, shaped by the logics of illicit markets, the actors involved, and their
connections with the State. Given this diversity, the article advocates moving beyond one-size-fits-all
approaches and fostering contextualized analyses that acknowledge institutional and territorial
specificities.
This study examines how patterns of illicit drug consumption and trafficking in Argentina during the
period 2020–2025 can be characterized in light of global and regional trends. The inquiry is exploratory
in scope and adopts a qualitative methodological approach, combining documentary review with the
analysis of relevant databases. Two core assumptions guide the analysis: first, that consumption patterns
in Latin America, which differ from those in North American or Asian markets, attenuate certain
emerging global threats; and second, that regional convergence in consumption does not necessarily
translate into equivalent trafficking dynamics.
The article is structured into four sections: a theoretical-methodological framework, an analysis of
global and regional trafficking, a description of consumption and trafficking in Argentina, and a
concluding discussion that underscores the importance of contextualized interpretations rather than
importing frameworks from other settings.
Keywords: Drug trafficking; illegal drug markets; organized crime.
TRABAJO RECIBIDO: 2/7/2025 TRABAJO ACEPTADO: 23/9/2025
Esta obra está bajo una licencia internacional https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Introducción
El crimen organizado se ha consolidado como un problema central de seguridad en
América Latina, no solo por los altos niveles de violencia letal que genera -lo que ubica a la
región con la mayor tasa de homicidios del mundo (UNODC, 2023)-, sino también por su
capacidad para disputar y reconfigurar el ejercicio del poder estatal.
Para sostener su influencia y maximizar sus beneficios, el crimen organizado se orienta
estratégicamente hacia mercados ilícitos altamente rentables y en constante expansión. Antes
que circunscribirse a un territorio o actividad específica, adopta formas empresariales
complejas, diversificadas y adaptables. Su alcance es global, con vínculos fluidos con sectores
políticos, económicos y sociales, y operaciones que abarcan desde la producción hasta la
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comercialización de múltiples bienes ilegales. De este modo, se configura como una estructura
en permanente mutación, capaz de reconfigurarse según las condiciones del entorno (Tokatlian,
2000) y operar simultáneamente en múltiples economías ilícitas, generando sinergias entre
ellas para maximizar beneficios (Dammert y Sampó, 2025).
A pesar de la creciente diversificación de los mercados ilegales -que incluyen el tráfico
y la trata de personas, el tráfico de armas, los delitos ambientales, entre otros-, el narcotráfico
continúa dominando la agenda criminal global. Esta persistencia se debe a una demanda
internacional sostenida y a los extraordinarios márgenes de ganancia que ofrece este
mercado.
Ahora bien, aunque se trata de un fenómeno transnacional, dinámico y en constante
transformación -que opera a través de redes económicas, políticas y criminales que atraviesan
fronteras-, sus formas de manifestación distan de ser uniformes. Por el contrario, adopta
configuraciones particulares según los contextos regionales y nacionales donde se desarrolla,
variando en las lógicas que organizan los mercados ilícitos, los actores involucrados y sus
formas de articulación con el Estado. Por ello, resulta imprescindible evitar enfoques one-size-
fits-all, que tienden a homogeneizar y estandarizar su comprensión, y avanzar diagnósticos que
permitan captar las especificidades históricas, institucionales y territoriales que estructuran el
fenómeno en cada contexto.
Al respecto, el presente artículo plantea un interrogante central: ¿cómo caracterizar los
patrones contemporáneos de consumo y tráfico de drogas ilícitas en Argentina, con relación a
las tendencias globales y regionales? Para ellos se propone un doble objetivo: analizar la
situación actual del mercado global de drogas ilícitas, prestando atención tanto a las tendencias
en los patrones de consumo como a las dinámicas transnacionales del tráfico; y, en segundo
término, examinar el caso argentino, con foco en la evolución de la demanda interna y en las
particularidades que asume el narcotráfico a nivel local.
Dado que se trata de un estudio exploratorio, consideramos que no resulta pertinente
partir de hipótesis en sentido estricto. Tal como advierte Piovani (2007), cuando no es posible
ofrecer respuestas claras sobre el fenómeno bajo análisis ni formular enunciados con un grado
suficiente de formalización, se vuelve más adecuado recurrir a supuestos que orienten el
desarrollo del trabajo y su necesaria delimitación.
En este marco, planteamos dos consideraciones centrales:
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a) Los patrones de consumo a nivel regional latinoamericano -diferenciados de
manera nítida respecto de mercados como el norteamericano y el asiático- reducen el peso de
ciertas amenazas emergentes en el plano global.
b) Por otro lado, sostenemos que la convergencia regional en los patrones de consumo
no se refleja de manera equivalente en las dinámicas del tráfico. En el caso argentino, muchos
análisis presentan dificultades para reconocer las particularidades de las organizaciones
criminales, que lejos de responder a estructuras jerárquicas y centralizadas, se configuran más
bien como redes fragmentadas y descentralizadas, con escasa -cuando no nula- capacidad o
interés en ejercer control social y político sobre los territorios en los que intervienen.
En cuanto a su estructura, el trabajo se organiza en cuatro secciones, además de esta
introducción. La primera corresponde a un breve apartado teórico-metodológico. A
continuación, se presenta un panorama general sobre las fluctuaciones en el consumo y las
consecuentes transformaciones del tráfico de drogas a nivel global y regional, a partir de datos
y reportes de organismos internacionales especializados. La tercera sección replica esta
división en dos subsecciones: la primera, centrada en el consumo, describe los patrones de uso
de drogas ilícitas en el ámbito nacional; la segunda, por su parte, caracteriza las principales
manifestaciones del narcotráfico en el escenario argentino. Finalmente, la cuarta sección
discute los resultados obtenidos y su relevancia para construir diagnósticos contextualizados
-en contraposición a lecturas traspoladas de otros contextos- y cierra con algunas breves
conclusiones.
I. Notas teórico-metodológicas
Marco teórico y conceptos centrales
En las últimas décadas se ha observado un crecimiento significativo de múltiples
mercados ilegales en América Latina, proliferación que se ha reflejado en un aumento de la
violencia y del delito, así como en una mayor presencia de grupos criminales con variables
niveles de complejidad (Bergman, 2023; Dammert, Croci y Frey, 2024).
Como algunos autores han explicitado y elaborado en mayor profundidad en otros textos
(Paparini, Pasquet y Romeu, 2020; Paparini, 2023; Iazzetta y Gaiero, 2024), este artículo parte
de la perspectiva de que el desarrollo de los mercados ilegales -en este caso, el de drogas- y la
actividad de los grupos criminales que los regentean no debe pensarse necesaria o naturalmente
como una manifestación de “vacío” o debilidad institucional, sino más bien como
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cristalizaciones particulares del funcionamiento real del Estado en torno a los mercados
ilegales
3
.
En esa misma línea, lo que ha sido nomenclado por Green y Ward (2004) como “escuela
transnacional del crimen organizado” (Nadelman, Ruggiero y Naylor) –abocada al estudio de
los mercados ilícitos y el tráfico–, teoriza el crimen organizado como consecuencia de las
estrategias prohibicionistas. En última instancia, tales entramados delictivos sólo pueden ser
entendidos en su relación con el Estado, vínculo que define su poder, características y
persistencia. Esto presupone una comprensión de los mercados ilícitos en la que el crimen
organizado es precursor, competidor y hasta –en ocasiones– aliado del Estado (p. 104). De ello
se deduce que la pregunta por cómo opera el tráfico a nivel transnacional, regional, y local
dependerá de las distintas configuraciones institucionales presentes en el territorio.
Por otra parte, en términos de niveles de análisis, cabe recuperar una distinción
conceptual clave en la literatura especializada entre macrotráfico -asociado a los flujos
transnacionales de sustancias prohibidas-, y microtráfico -vinculado al abastecimiento de los
mercados locales- (Souto Zabaleta et al., 2019). Mientras que el primero opera mediante
esquemas logísticos más complejos, con vínculos internacionales y grandes volúmenes de
mercancía, el segundo se arraiga en dinámicas locales, muchas veces con estructuras
fragmentadas y orientadas a circuitos de venta minorista.
Materiales y métodos
Para el abordaje del objeto de investigación se propuso un diseño de integración de
métodos, con predominio de herramientas y técnicas cualitativas. En términos del objeto de
estudio, se optó por circunscribir el análisis a los mercados ilegales de drogas de cuatro tipos
de sustancias: cocaína, cannabis, opioides y drogas sintéticas
4
. Algunos aspectos centrales de
los mercados globales y regionales de dichas sustancias son tratados sólo de forma tangencial,
a fin de contextualizar la situación argentina.
3
Excede a los objetivos de este artículo entrar en detalles sobre las diversas conceptualizaciones sobre el modo
en que los Estados regulan los mercados ilegales y actividades delictivas. Para un abordaje más detallado de la
cuestión, véase Iazzetta y Gaiero (2024); para una problematización de estas cuestiones desde las Relaciones
Internacionales, véase Paparini (2023).
4
Las tres primeras categorías responden a las clases de drogas (drug class) definidas por UNODC (2024b) como
un grupo de sustancias con estructura química similar y efectos psicoactivos similares. La cuarta categoría es una
nomenclatura propia, que comprende lo que UNODC reúne bajo las clases anfetaminas -excluyendo éxtasis-,
éxtasis y algunas NPS (Nuevas Sustancias Psicoactivas) de tipo estimulante. También en el caso de los opioides
se agregaron las NPS de tipo opioide, como benzodiazepinas, nitazenos, entre otras.
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Por otro lado, el recorte temporal se concentra en la tercera década del siglo XXI, entre
2020 y el presente. El enfoque en la contemporaneidad se justifica a partir del propósito del
artículo: identificar patrones y configuraciones presentes. Tratándose de fenómenos tan
dinámicos como son los mercados de drogas ilícitas, la validez temporal
5
del conocimiento es
más acotada. Para que los hallazgos sean aplicables al “presente” socialmente relevante, es
conveniente trabajar con datos recientes, y reconstruir las trayectorias previas cuando fuera
necesario.
En lo que hace a las herramientas de observación, cabe distinguir entre los grupos de
indicadores estandarizados más extendidos para el análisis y comparación de la oferta y de la
demanda de drogas ilícitas. En materia de consumo, los indicadores más utilizados suelen ser
prevalencia de uso en jóvenes, demanda de tratamiento para el uso problemático de drogas y
prevalencia en la población en general (CICAD, 2021). Por razones de calidad, disponibilidad
y comparabilidad de los datos, en este apartado privilegiamos la prevalencia de consumo en la
población en general, sin dejar de considerar los obstáculos ampliamente documentados de este
tipo de métricas. Como otros trabajos han advertido, las encuestas a población general pueden
agruparse en tres grandes grupos de problemas: no respuesta, reportes incorrectos o
incompletos de frecuencia
6
y reticencia a identificarse como usuario de drogas por parte de los
respondientes (Kilmer et al, 2015).
En el caso de la oferta, suelen emplearse métricas vinculadas a la producción -como el
volumen producido, las áreas de cultivo detectadas y erradicadas, el desmantelamiento de
laboratorios ilícitos o el secuestro de precursores-, así como indicadores relativos a las
incautaciones -en términos de cantidades, número de casos, contexto, y países de origen y
destino- (CICAD, 2021)
7
. No obstante, ambos grupos de indicadores presentan limitaciones
sustanciales, ya que se basan en información administrativa producida por agencias de
5
Retomamos el concepto de temporal validity de Munger (2023). Si bien la propuesta metodológica del autor se
inserta en una discusión meta-científica que excede a este artículo, consideramos que las nociones de validez
temporal y knowledge decay son productivos para pensar la extensión de los recortes temporales.
6
Estos riesgos varían según la sustancia y los contextos socio-culturales. Según Kilmer et al (2015), en casos de
drogas más costosas -como cocaína o heroína- el riesgo más gravitante suele ser la no respuesta. Entretanto, en
los usuarios de cannabis -sobre todo en sociedades occidentales-, la principal dificultad tiende a ser reportes
incompletos de frecuencia de consumo (p. 240-243).
7
El Informe del OID sobre Indicadores Estandarizados para Redes Nacionales de Información sobre Drogas
presenta once grupos de indicadores. A los dos mencionados se suman arrestos, enjuiciamientos y deportaciones
por infracciones de leyes en materia de drogas, precio y pureza de drogas, otras incautaciones asociadas a
infracciones de las leyes en materia de drogas (armas, dinero, inmuebles), investigaciones y arrestos por lavado
de dinero, entre otras. Véase CICAD (2021, p. 21-37).
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aplicación de la ley. Como advierten Hobbs y Antonopoulos (2014), cualquier investigación
sobre actividades ilícitas basada en datos oficiales requiere precauciones metodológicas
específicas, ya que esta información está mediada por la actividad de las agencias de seguridad,
sus recursos y personal disponible, y sus prioridades organizacionales y políticas (p. 100).
Además, subrayan que las actividades ilícitas solo pueden convertirse en objeto de
investigación académica después de haber sido procesadas y categorizadas -al menos de forma
preliminar- por el sistema penal (p. 96), lo que añade una capa más de mediación a los datos
disponibles
8
. De este carácter se desprenden dificultades para la comparación de los datos:
diferencias en los sistemas nacionales de registro y reporte de incidencias, inconsistencias en
los métodos y frecuencias de recolección de datos, y el carácter agregado e indirecto de los
indicadores
9
(Kilmer et al, 2015; Singleton et al, 2018).
A su vez, los indicadores de producción responden a estimaciones cuya utilidad y
precisión tienden a ser mayores en el caso de las drogas de origen natural, en función de las
superficies cultivadas y erradicadas de hoja de coca, amapola y cannabis. Distinto es el
panorama en los mercados de drogas sintéticas, donde las estimaciones se construyen a partir
de indicadores indirectos, como las incautaciones de precursores
10
.
En paralelo, los datos sobre incautaciones constituyen también un indicador indirecto
que, a pesar de su aparente simplicidad conceptual, presenta importantes problemas de
comparabilidad, debido a registros fraudulentos y a variaciones no medidas en la pureza de las
sustancias (Kilmer et al, 2015, p. 231). Asimismo, los volúmenes incautados son el resultado
de múltiples factores, como las cantidades efectivamente traficadas, la capacidad operativa de
los interdictores y de los traficantes, y el rol de la jurisdicción en las cadenas globales de tráfico
(Reuter, 1995). Es por ello que las variaciones en dichos volúmenes no pueden interpretarse de
forma directa, ya que pueden reflejar cambios en cualquiera de esos elementos, cuyo peso
relativo resulta difícil de aislar (Kilmer et al, 2015, p. 275-277).
8
Por ejemplo, los reportes de UNODC solo presentan información consolidada hasta el bienio previo.
Consecuentemente, los datos del Informe 2024 se extienden hasta 2022. Lo mismo puede decirse de las bases de
datos asociadas y los reportes de CICAD. Un caso excepcional son las notificaciones a los Sistemas de Alerta
Temprana, cuya relevancia para nuestro objeto de estudio es relativamente limitada.
9
Con “carácter indirecto” nos referimos a indicadores que son un subproducto de la administración pública, cuyo
objetivo principal es evaluar la acción de las agencias de seguridad, más que los cambios en los mercados de
drogas. Véase Singleton et al, 2018, p. 132.
10
Probablemente por la escasa precisión y potenciales sesgos en ese tipo de estimaciones, el informe de UNODC
(2024) no ofrece cifras exactas sobre producción de sintéticos, sólo incautaciones.
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Es por ello que se optó por el relevamiento de fuentes documentales y estadísticas. Las
fuentes estadísticas utilizadas fueron fundamentalmente las bases de datos integradas de la
Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) en materia de incautaciones
y prevalencia de consumo, las sucesivas ediciones de la Encuesta Nacional de Consumo de
Sustancias Psicoactivas -y Prácticas de Cuidado (ENCoPraC)-. En lo que hace a las fuentes
documentales cabe mencionar los reportes específicos de organismos internacionales y locales
especializados en la materia: UNODC, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD), el Observatorio Argentino de Drogas (OAD), el Ministerio de Seguridad,
entre otros; además de reportes de prensa y publicaciones de expertos y expertas en la
materia.
II. ¿Bazar global? Un sistema global interconectado, policéntrico y segmentado
A los fines de comprender la evolución de los mercados ilegales de drogas a lo largo
del tiempo y de las geografías, los Informes Mundiales sobre Drogas de la UNODC constituyen
la fuente de información más confiable por su continuidad cronológica, extensión geográfica y
elevada comparabilidad entre unidades nacionales. En este sentido, el Informe 2024 -cuya
información se encuentra actualizada hasta 2022- constituye la fuente más reciente disponible
y una referencia ineludible para esbozar un panorama actual, tanto global como regional, del
mercado ilegal de drogas.
En los siguientes subapartados sintetizamos algunas de las principales tendencias en
materia de consumo y tráfico, siguiendo la distinción entre grupos de sustancias que la propia
organización utiliza en sus reportes: cocaína, cannabis, opioides y drogas sintéticas. A su vez,
para dar cuenta de las tendencias regionales en América, recurrimos a algunos reportes
complementarios de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD).
Consumo
El Informe Mundial sobre Drogas de 2024 confirma que el consumo de drogas ha
aumentado de manera sostenida a lo largo de la última década. En términos cuantitativos, se
estima
11
que en 2022 unos 292 millones de personas -equivalentes al 5,6 % de la población
11
Los datos de UNODC son fundamentalmente estimaciones, que agregan y estandarizan una multiplicidad de
registros nacionales. En general, las estimaciones son producto de una triangulación de los relevamientos
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mundial de entre 15 y 64 años- consumieron alguna droga en el transcurso del último año. Esto
representa un incremento del 20 % en la prevalencia vital del consumo respecto de una década
atrás, impulsado en parte por el crecimiento demográfico
12
.
Figura 1. Prevalencia de consumo, global (número, en miles). Año 2022
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNODC (2024a)
En cuanto a las sustancias consumidas, como se presenta en la Figura 1, el cannabis
continúa siendo la droga ilícita con mayor prevalencia en todo el mundo (228.150 millones de
consumidores), seguido por los opioides (59.510 millones de consumidores), cuyo uso supera
ampliamente al de las anfetaminas (30.240 millones de consumidores), la cocaína (23.460
millones de consumidores) o el éxtasis (23.460 millones de consumidores). A su vez, la
diversificación de drogas disponibles ha tendido a complejizar los patrones de consumo y
fomentar el uso simultáneo de múltiples sustancias. En ese sentido, las NPS (Nuevas Sustancias
Psicoactivas) -aquellas no incluidas en la Convención Única sobre Narcóticos de 1961 o la
Convención de Estupefacientes de 1971- y los desafíos que entrañan en materia de regulación
y salud pública han sido un tema recurrente en los reportes de la organización desde hace años.
nacionales sobre consumo y tratamiento de usuarios de drogas, reportados a través del cuestionario anual -Annual
Report Questionnaire (ARQ)-; y datos demográficos de la División de Población del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DESA-EN). Véase UNODC (2024b).
12
Según datos de UNODC, los 210 millones de consumidores de 2009 representaban un 4.8% de la población
global entre 15 y 65 años, mientras que, en 2018, los 269 millones de usuarios eran un 5.3% de la misma franja
poblacional (UNODC, 2020).
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En el último de ellos (UNODC, 2024e), una multiplicidad de los puntos centrales del
informe
13
están íntimamente ligados con dicha problemática, como los riesgos de las nuevas
drogas sintéticas
14
(p. 24-25) y al crecimiento de los mercados de ketamina en nuevas áreas
geográficas
15
(p. 32-33).
Más allá de la expansión del consumo y la diversificación de las sustancias, resulta
crucial atender también a cómo se configuran las formas de uso entre la población. Se debe
tener en cuenta que los patrones de consumo, además de ser dinámicos, presentan una amplia
segmentación (Bergman, 2016). Al respecto, es fundamental distinguir entre usos
problemáticos y recreativos
16
, por su incidencia directa en el comportamiento de la demanda.
Esta última tiende a ser inelástica en contextos de dependencia, fenómeno que resulta
particularmente evidente en el caso de los opioides (Rhodes et al, 2001; Olmstead et al, 2015),
donde los usuarios mantienen niveles estables de consumo incluso frente a aumentos
significativos en el precio, debido a los fuertes mecanismos adictivos que estas sustancias
generan. En cambio, los casos de consumo recreativo suelen presentar una lógica más flexible:
las personas pueden sustituir una droga por otra, modificar la frecuencia de uso, buscar
alternativas más accesibles o incluso suspender temporalmente su consumo (Pacula y
Lundberg, 2014). Esta mayor sensibilidad al precio refleja una demanda más elástica, asociada
a decisiones menos compulsivas y más influenciadas por factores externos como costos y
disponibilidad.
13
De menor relevancia para el Cono Sur, al menos en el contexto actual, son otras observaciones asociadas a la
proliferación de NPS, como la emergencia de los nitazenos (UNODC, 2024e, p. 34) o la convergencia de los
mercados de captagon y anfetaminas (UNODC, 2024e, p. 30).
14
Como se señala el informe de la UNODC (2024, p. 24), los riesgos asociados al consumo de drogas sintéticas
son cada vez mayores, debido al desconocimiento de su acción farmacológica y de los daños que pueden provocar,
a la falta de acceso a tratamientos, y a las peligrosas mezclas disponibles en los mercados minoristas. Prueba de
ello es el aumento de las sobredosis, principalmente en América del Norte, aunque también en otras regiones.
15
Si bien el informe de la UNODC no desarrolla en detalle la situación de la región americana en este aspecto,
uno de los reportes más recientes de la CICAD se ha abocado al floreciente mercado de ketamina y “tuci” en
América Latina y el Caribe. Según datos de dicho organismo, entre 2015 y 2019 las cantidades incautadas de NPS
se habrían quintuplicado, con la ketamina liderando la tendencia. En 2019, la cantidad de ketamina incautada en
la región alcanzó un máximo de 319 kg, siendo Argentina y Chile los países que registraron las mayores cantidades
anuales (CICAD, 2024, p. 20).
16
El consumo problemático es aquel que afecta negativamente, de manera ocasional o crónica, uno o más aspectos
de la vida de una persona, tales como su salud física o mental, sus relaciones sociales primarias y secundarias, así
como su vínculo con la ley (Camarotti y Kornblit, 2015). En contraste, el recreativo no implica necesariamente
una relación de dependencia ni deriva en conflictos significativos y suele estar asociado a contextos de
socialización, especialmente entre jóvenes, y se define por su carácter ocasional, controlado y vinculado a la
búsqueda de placer o diversión (Moscoso Paredes y Titto Beltrán, 2015; Junta Nacional de Drogas, 2019).
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Del mismo modo, las formas de consumo de estas sustancias -ya sea problemático o
recreativo- y el comportamiento de la demanda -más o menos sensibles al precio- no pueden
comprenderse de manera aislada. Lejos de ser homogéneos o estáticos, los patrones de uso
responden a cambios culturales, económicos y sociales, así como a la evolución de la oferta y
a las tendencias del mercado. Los gustos, prácticas y motivaciones de los consumidores varían
con el tiempo, influenciados por factores como la disponibilidad de sustancias, las modas, la
percepción del riesgo y la innovación en su producción y comercialización (Zuccato et al, 2011;
Krizman-Matasic et al, 2019; Gilbert y Dasgupta, 2017; Le Cour Grandmaison et al, 2019;
Zilles Hahn et al, 2022; UNODC, 2023, 2024).
Un ejemplo ilustrativo de cómo estos factores inciden en las formas de consumo y en la
configuración del mercado es el caso del cannabis, el cual ha adquirido una creciente
legitimidad social con el paso del tiempo. Esto se refleja en su legalización con fines recreativos
en países como Uruguay, pionero en este proceso, y en veintisiete estados de Estados Unidos,
donde se ha producido un giro normativo significativo en la última década (UNODC, 2023,
2024).
Otra manifestación más reciente de este tipo de transformaciones puede observarse en
el resurgimiento del interés por sustancias psicodélicas como la psilocibina o el LSD. En
distintos países del norte global, estos compuestos han comenzado a ser revalorizados en
contextos terapéuticos y espirituales, lo cual ha contribuido a desestigmatizar ciertos usos y a
ampliar los marcos regulatorios. Destacan en este sentido la reciente aprobación en Australia
de psilocibina para el uso médico en depresión resistente y de MDMA para TEPT bajo
supervisión psiquiátrica, así como las iniciativas de despenalización del uso supervisado en
centros autorizados, en estados como Oregon y Colorado (UNODC, 2023).
Asimismo, al diferenciar las formas de consumo, es importante considerar otras
variables asociadas a atributos de clase y género. Dispares niveles de ingreso, capital cultural
y acceso a determinados entornos de socialización generan preferencias distintas en cuanto al
tipo de sustancias, forma de consumo y calidad o pureza. Un caso señero es el de las cocaínas
fumables, focalizado en sectores sociales y territoriales específicos, más concretamente en
jóvenes con distintos niveles de pobreza y de desafiliación social, habitantes de las periferias
urbanas (Ahumada, Hynes y Cumsille, 2015). El último reporte de UNODC, además, menciona
el cierre paulatino de la brecha de género en materia de consumo de drogas ilícitas, o al menos
de algunas de ellas. Si globalmente las mujeres representan cerca de un tercio de la población
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consumidora de cannabis, cocaína y heroína, el porcentaje tiende a igualarse para los mercados
de sintéticos -opioides, sedantes y tranquilizantes o estimulantes (UNODC, 2024d, p. 58).
Por otro lado, la heterogeneidad en los patrones de consumo no solo se manifiesta dentro
de las sociedades, sino también a escala internacional. Las preferencias en materia de sustancias
psicoactivas varían significativamente entre países e incluso entre regiones. Estas diferencias
responden tanto a factores estructurales -como políticas públicas, marcos legales o niveles de
desigualdad- como a elementos culturales que inciden en la manera en que las distintas
comunidades perciben, acceden y utilizan determinadas sustancias.
Dichas variaciones regionales pueden apreciarse a través de la comparación de las
tendencias en materia de prevalencia, como porcentaje de consumo de la población en general,
apreciables en la Figura 2 (infra). Por ejemplo, en las Américas y Oceanía el consumo de
cannabis prácticamente duplica en términos porcentuales los valores para África y Europa. Una
tendencia similar puede verse en el consumo de cocaína, liderado por Oceanía como
prevalencia porcentual -aunque muy minoritario en términos absolutos-, seguido por las
Américas, con una diferencia sustancial con respecto a los mercados europeos, africanos y
asiáticos
17
.
Figura 2. Prevalencia de consumo, por región (%). Año 2022
17
Este desacople en los patrones de consumo regionales se manifestó con claridad durante la segunda mitad de la
década pasada, cuando los informes de la UNODC señalaban, a nivel global, un descenso en el consumo de
cocaína y un aumento en el de cannabis y opiáceos, especialmente en Europa y América del Norte. En contraste,
en América del Sur la tendencia era opuesta: la prevalencia anual del consumo de cocaína se estimaba en aumento,
pasando del 0,7 % en 2010 (1,84 millones de consumidores) al 1,2 % en 2012 (3,34 millones de consumidores),
cifra que representaba cerca de tres veces la media mundial, y que se mantuvo en ese nivel en 2013 (UNODC,
2014, p. 132).
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ISSN 1852-7213 (edición en línea)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNODC (2024a)
A su vez, divergencias similares se manifiestan entre subregiones, lo que resulta
particularmente notorio en el caso de las Américas. Ya hace más de diez años, el Informe
Mundial sobre Drogas 2014, constataba una clara diferenciación en los patrones de consumo
de opiáceos en el continente americano
18
, con una prevalencia relativamente baja en
Latinoamérica con respecto a Canadá y Estados Unidos. Similares conclusiones en materia de
opioides sintéticos avanzaba un Boletín Informativo del Observatorio Interamericano de
Drogas
19
, con base en investigaciones realizadas en países de América del Sur.
En general, la mayoría de los reportes regionales (CICAD, 2021, 2022) parecen indicar
un mayor arraigo de las drogas estimulantes -como la cocaína- en América del Sur, por sobre
sustancias depresoras del sistema nervioso central, como opioides y opiáceos
20
. Dicha
tendencia, y el contraste con los patrones dominantes en América del Norte continúa siendo
18
En América Latina, a pesar del cultivo ilícito de adormidera en algunos países y la fabricación de heroína en
Colombia y México -destinada fundamentalmente a los Estados Unidos- la prevalencia del consumo de opiáceos
es relativamente baja. En 2012, América del Sur, Centroamérica y el Caribe en conjunto representaron menos del
3 % de la incautación mundial de heroína (UNODC, 2014, p. 69).
19
Los estudios realizados en Argentina, Perú, República Dominicana y Uruguay muestran que el consumo de
Nuevas Sustancias Psicoactivas, heroína, fentanilo y otros opioides es bajo, tanto en comparación con el de otras
sustancias psicoactivas más comunes en esos mismos países como respecto del consumo de drogas emergentes
en otras subregiones (CICAD, 2021, p. 15).
20
Un emergente de la investigación del OID sobre comunidades de consumidores de opioides en el Cono Sur fue
que en muchos casos el contexto de inicio del consumo -fundamentalmente de heroína- había sido en países
europeos o Estados Unidos (CICAD, 2021, p. 15).
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apreciable en los datos más recientes sobre prevalencia de consumo, desagregados por
subregión (Figura 3)
21
. Las mayores diferencias se aprecian en los mercados de cannabis,
opioides y en menor medida, éxtasis.
En ese sentido, la crisis de opioides en América del Norte
22
no puede disociarse de
ciertas tendencias preexistentes en los patrones de consumo subregional, visto que la
emergencia masiva del fentanilo en los mercados de drogas se dio como adulterante de otras
sustancias, en general opioides (UNODC, 2020; CICAD, 2022)
23
.
Figura 3. Prevalencia de consumo en América, por subregión (%). Año 2022
21
La exclusión del Caribe está asociada a la falta de información sobre opioides, cocaína y éxtasis, lo que permitía
una comparación muy limitada. Véase UNODC (2024a).
22
Estados Unidos alcanzó su máximo número de muertes por sobredosis en 2017 (70,237, tasa de 21.7 por 100
mil), de las cuales el 68% se atribuyó a opiáceos. Aunque en 2018 hubo un ligero descenso (67,367 o 20.7 por
100 mil), el 67% de los casos se asoció al consumo de fentanilo. En Canadá, las muertes por sobredosis de opioides
aumentaron un 50% entre 2016 y 2018, pasando de 8.4 a 11.9 por 100 mil, con un 80% vinculadas al fentanilo
(UNODC, 2020, p. 17-18). Este proceso no solo tuvo un impacto devastador en la salud pública, sino también
consecuencias sociales, económicas y políticas en otras regiones. Por ejemplo, los campesinos de Nayarit y
Guerrero, tradicionalmente dedicados al cultivo de amapola, se vieron afectados por la caída en la demanda de
heroína, lo que impulsó a los cárteles mexicanos a reorientarse hacia la producción y el tráfico de fentanilo, más
rentable, potente y fácil de transportar, transformando así las dinámicas del narcotráfico regional (Le Cour
Grandmaison, Morris y Smith, 2019; CICAD, 2022; Pérez Ricart, 2024; Benítez Manaut, 2024).
23
El informe de la UNODC advierte sobre la adulteración de múltiples sustancias, mientras que el de la CICAD
es más específico y vincula el fenómeno del “fentanilo mezclado” particularmente con los opioides. Ambos
documentos coinciden en señalar que la baja del precio del fentanilo y su creciente uso como sustancia de corte
explican su expansión en distintos mercados. Según la UNODC (2020), en América del Norte el fentanilo se
utiliza como adulterante de heroína y otras drogas, como cocaína y metanfetamina, o bien para falsificar fármacos
opioides. La CICAD (2022), por su parte, señala que el fentanilo apareció en el mercado inicialmente mezclado
con heroína, debido a la similitud de sus efectos.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNODC (2024a)
Producción y tráfico
Una observación de peso para la interpretación de las rutas del tráfico de drogas ilícitas
está asociada a lo que podríamos denominar como la “amplitud” de los mercados a los que
abastecen. En ese sentido, los cuatro mercados objeto de análisis pueden clasificarse en dos
grandes grupos, aquellos mayormente regionales -cannabis
24
, estimulantes sintéticos y
opioides-; y el de cocaína, regional pero con proyecciones globales. De hecho, un aspecto nodal
en el análisis de este último mercado es que tanto la oferta como la demanda de cocaína están
geográficamente concentradas. Mientras tres países andinos concentran la producción mundial
de hoja de coca -Colombia (61%), Perú (26%) y Bolivia (13%)-, tres regiones acumulan tres
cuartos de la demanda global: Norteamérica (30%), Latinoamérica (24%) y Europa Occidental
y Central (21%). Con nodos de origen
25
y mercados de destino tan marcados, no resulta
sorprendente que alrededor de un 72% de los decomisos globales de cocaína tengan lugar en
América del Sur y Central, y un 27% restante en los países europeos y norteamericanos -15%
en Europa Occidental y Central y 12% en Norteamérica- (UNODC, 2023, p. 42).
En términos agregados, puede verse un incremento sostenido en los volúmenes de
producción y tráfico de prácticamente todas las sustancias objeto de análisis. Empezando por
la cocaína, los datos de UNODC (2024a) revelan que en los últimos años se ha alcanzado un
nuevo récord en su producción, en función de un aumento sostenido en los cultivos de hoja de
coca durante la pospandemia. Después de un ciclo de reducción del área sembrada entre 2017
y 2020 en Colombia, para 2022, el área de cultivo se estimaba en máximos históricos en los
dos principales países productores: Colombia (230,028 has) y Perú (95,008 has), con valores
muy cercanos a los máximos de la década pasada en Bolivia (29,900 has).
24
Si bien se trata del mercado más amplio, con alrededor de 192 millones de usuarios a nivel global, a diferencia
de otras drogas a base de plantas, para las que el cultivo y la producción está concentrada en un número limitado
de países, el cannabis se produce en casi todos los Estados (UNODC, 2020, p. 67). Eso implica que las rutas del
tráfico suelen ser mayormente intrarregionales, con el fin de abastecer a los mercados de la región y por vía
terrestre (UNODC, 2020).
25
Una parte sustancial de los envíos de cocaína desde los países productores son exportadas a otros destinos –
como Europa o África–, por vía marítima desde los puertos brasileños del Atlántico (UNODC, 2023, p.59). Según
informes de agencias especializadas (UNODC, 2023; UNODC y EUROPOL, 2021), las rutas del tráfico a Europa
han ido mutando en los últimos años, con el declino de Colombia como punto de origen y el ascenso de otros
países de Centro y Sudamérica, particularmente, Brasil, reemplazado en los últimos años por otros puntos “no
tradicionales” de origen (UNODC y CoE Brasil, 2022; UNODC, 2023; Sampó y Troncoso, 2023). Respecto a los
envíos a Estados Unidos, Colombia seguiría ocupando un rol central.
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La contrastación de estos datos con un aumento sostenido de las incautaciones
-rondando las 2,026 toneladas
26
(UNODC, 2024a)- tiende a confirmar una tendencia
ascendente y expansión global del mercado que ya venía observándose desde años anteriores.
A su vez, en línea con lo antedicho, la Figura 6 ilustra la gravitación de los datos del continente
americano en la evolución global de las interdicciones de cocaína.
Figura 4. Cultivo ilegal de hoja de coca (hectáreas). Años 2010-2022
26
Los datos del gráfico presentan una ligera discrepancia con este número agregado. El total de incautaciones,
agregando todas las regiones arrojaría un valor de 2,013 toneladas. En el cuerpo del artículo optamos por citar el
número estimado por UNODC (2024a), en vista de que la cifra del reporte incluye las estimaciones del organismo
para los países que no han remitido información –y, por lo tanto, no están incluidos en la base de datos utilizada
para la construcción del gráfico. Véase UNODC (2024b).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNODC (2024a)
Figura 5. Incautaciones de cocaína
27
a nivel global, por región (kilogramos). Años
2018-2022
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNODC (2024a)
En cuanto al opio y sus derivados, el dato más relevante es una caída marcada de la
producción en Afganistán, enraizada en la prohibición impuesta por el régimen Talibán en abril
de 2022 -cuyo impacto pudo apreciarse recién a partir de la cosecha de 2023, con una reducción
estimada en un 95%-. Sin embargo, esta disminución fue parcialmente compensada por un
aumento de alrededor del 36% en los niveles de producción de Myanmar
28
(UNODC, 2024b,
p. 16). En su conjunto, la producción mundial decreció significativamente tanto en términos de
área cultivada (una baja del 70%) como de incautaciones (con una caída del 74%) (UNODC,
2024e). Esto puede tener consecuencias importantes, especialmente en Europa, donde podría
27
En el gráfico se incluyen todas las incautaciones correspondientes al grupo de sustancias “Cocaine-type”, con
exclusión del subgrupo “Coca-type”, que comprende las incautaciones de hoja de coca y arbusto de coca.
28
Si bien excede los objetivos de este artículo, la incrementada producción de opio en Myanmar debe entenderse
en el marco de un fenómeno más amplio de expansión y diversificación de las organizaciones criminales
operativas en el Triángulo Dorado (Myanmar, Laos y Vietnam). De hecho, entre los puntos clave, UNODC
(2024b) vuelve a hacer foco en el aprovechamiento de las triple-fronteras con limitada presencia estatal por parte
de grupos criminales. Los casos mencionados son el Triángulo Dorado y la Triple Frontera sudamericana (p. 12-
15).
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reducirse la pureza de la heroína, y donde también existe el riesgo de que algunos consumidores
empiecen a recurrir a otros opioides más peligrosos, como los análogos del fentanilo.
Figura 6. Incautaciones de opioides a nivel global, por región (kilogramos). Años
2018-2022
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNODC (2024a)
En el caso de las drogas sintéticas, como las anfetaminas, la metanfetamina y el éxtasis,
el informe no ofrece cifras exactas de producción
29
, pero sí informa sobre las incautaciones,
que se mantienen en niveles muy altos, a pesar de exhibir un ligero descenso con respecto a los
valores de 2021
30
. Una característica clave de estas sustancias es que, a diferencia de las que se
producen a partir de cultivos, no necesitan tierras ni condiciones climáticas especiales. Se
pueden fabricar prácticamente en cualquier lugar, con pocos recursos humanos, aunque sí
requieren ciertos conocimientos técnicos y acceso a precursores químicos. Esto ha dado lugar
a cadenas de producción mucho más flexibles y descentralizadas, donde participan químicos,
proveedores de insumos, transportistas y distribuidores. Muchos de ellos operan tanto en
29
Sobre las dificultades de estimación de los indicadores de producción de drogas sintéticas, véase el apartado
metodológico supra.
30
En el gráfico se incluyen las cantidades declaradas para los grupos de sustancias “Éxtasis” y Anfetaminas
(excluyendo éxtasis). La inclusión del subtipo “Ketamina y fenciclidina”, dentro de las NPS transformaría en
buena medida la forma del gráfico, con un pico en 2019. Véase UNODC (2024b).
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mercados físicos como en plataformas digitales. Esta estructura más dispersa y adaptable hace
mucho más compleja su detección y control, existiendo laboratorios de droga sintética en
prácticamente todos los países del mundo, si bien ciertos contextos favorecen una producción
más intensiva (UNODC, 2023).
Figura 7. Incautaciones de drogas sintéticas a nivel global, por región (kilogramos).
Años 2018-2022
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNODC (2024a)
Un último punto a abordar tiene que ver con las dinámicas del tráfico -más
específicamente, lo que anteriormente definimos como “macrotráfico”- y las organizaciones
que lo gestionan.
En el último Informe Mundial sobre Drogas, se introduce una tipología de
organizaciones criminales involucradas en el tráfico de drogas en función de dos ejes centrales:
su orientación -a la gobernanza o al tráfico- y su estructura -centralizada o descentralizada-.
Aquellos orientados al tráfico suelen ser más ágiles, priorizando las transacciones comerciales
y la maximización de ganancias; mientras aquellos orientados a la gobernanza tienden a
abocarse al control de territorios o los mercados y la población asentados en esos espacios. Por
ello mismo, estos últimos tienden a exhibir portfolios más diversificados y estructuras
jerárquicas de ejercicio del control -que imponen ciertos límites a la extensión potencial de la
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organización-. En contraposición, los grupos orientados al tráfico a menudo están más
especializados en ciertos rubros y suelen presentar estructuras más reticulares. En otras
palabras, las características de los grupos son fluidas, y su interrelación con las condiciones
contextuales específicas definen la unicidad de cada grupo (UNODC, 2025, p. 54-59).
Según dichos criterios, puede plantearse un cuadro de doble eje para la clasificación de
algunas de las principales organizaciones criminales operativas a nivel de los mercados
globales y regionales de drogas:
Orientados al tráfico Orientados a la
gobernanza
Centraliza
dos
Clanes familiares
bolivianos y peruanos en el tráfico
de cocaína, grupos
territorializados de tráfico de
metanfetamina en pequeña escala
en el Sudeste Asiático, grupos
japoneses dedicados al tráfico de
metanfetamina a través de
couriers aéreos
FARC-EP, Cártel de
Sinaloa, organizaciones
criminales serbias, PCC, la
Camorra
Descentral
izados
Grupos japoneses / sud
asiáticos dedicados al tráfico
marítimo de metanfetamina
Ndrangheta, bandas de
motociclistas, grupos armados del
Sahel
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNODC (2024a)
A pesar de la utilidad de la taxonomía, los ejemplos listados sólo se presentan con fines
ilustrativos. Un grupo concreto puede manifestar características diferenciales a lo largo del
tiempo y las geografías.
III. Hacia un análisis contextualizado de los mercados ilegales de drogas en
Argentina
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Lo desarrollado anteriormente delinea un sistema global interconectado, policéntrico y
segmentado, compuesto por múltiples submercados que responden a lógicas, patrones de
consumo, precios y dinámicas específicas según el tipo de droga, la región, el perfil social de
los consumidores y los actores involucrados. En este contexto, la mayoría de los países
intervienen en varios eslabones de la cadena, lo que vuelve insostenibles los enfoques
simplistas y dicotómicos que históricamente clasificaban a los Estados como productores, de
tránsito o de consumo. Esta perspectiva -que ubicaba a América Latina exclusivamente como
fuente de producción (especialmente de cocaína), y a Estados Unidos y Europa como polos de
consumo- resulta hoy claramente insuficiente para comprender la complejidad del fenómeno
(Tokatlian, 2017). En la práctica, los países suelen desempeñar múltiples roles de manera
simultánea.
Este panorama nos obliga a abandonar las generalizaciones y a adoptar enfoques más
matizados. Reconocer la naturaleza policéntrica y dinámica del mercado global de drogas
implica aceptar que no existe un único modelo o patrón aplicable a todos los países o
regiones (one-size-fits-all), y que las dinámicas del narcotráfico se adaptan constantemente a
las condiciones locales. Por ello, es necesario contextualizar los análisis, incluso cuando existan
ciertas características regionales compartidas.
En este sentido, para comprender la situación de Argentina en el marco del mercado
internacional de drogas y reconocer sus manifestaciones específicas, resulta necesario
examinar tanto las formas como las dimensiones que asumen el consumo y el tráfico de
estupefacientes en el país.
Consumo
Los datos disponibles de la demanda de drogas en Argentina se basan
fundamentalmente en los relevamientos del Observatorio Argentino de Drogas, bajo la órbita
de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar). Los reportes de dicho
organismo permiten estimar tanto prevalencia
31
en jóvenes y población en general como
incidencia
32
de la mayoría de las sustancias objeto de este análisis -como indicadores proxy del
31
La prevalencia de vida (o global) describe la proporción de personas que consumió la sustancia alguna vez, sin
distinción entre los usuarios esporádicos -o incluso por única vez-, quienes son dependientes o quienes lo fueron,
pero ya no consumen (Sedronar, 2017; INDEC, 2023b).
32
La incidencia de una determinada droga es la tasa de nuevos consumidores, resultante de la división del número
de personas que empezaron a consumir una determinada sustancia en un período específico de tiempo, por el
número de personas que podrían consumir esa sustancia por primera vez. Quienes podrían consumir por primera
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consumo ocasional y recreativo-, a partir de las Encuestas sobre Consumo de Sustancias
Psicoactivas.
Las Encuestas o Estudios Nacionales sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas
33
-adicionando en su última edición la referencia a Prácticas de Cuidado de los usuarios- han
sido relevadas desde 1999, y según la propia Sedronar (2022), la comparabilidad es
estrictamente posible desde la edición 2004 en adelante, en virtud de la estandarización de
dominios muestrales, ponderaciones de muestra y metodología de abordaje (p. 5). No obstante,
existen matices en los diseños metodológicos
34
y diferencias nada despreciables en la
formulación de los cuestionarios sobre ciertos grupos de sustancias -fundamentalmente
opioides y opiáceos, y en menor medida anfetaminas, metanfetaminas y otros estimulantes
sintéticos
35
-, que coartan dicha comparabilidad. A ello se añade la limitada validez externa de
los resultados de la ENCoPraC 2022, debido a la muy significativa tasa de no respuesta -por
encima del 60% para un 47% de las áreas de relevamiento incluidas en la muestra- y la
imposibilidad de estimación de los errores muestrales (INDEC, 2024, p. 25-27)
36
.
Atendiendo a las falencias en la calidad de los datos disponibles, a los fines de evaluar
a grandes rasgos la evolución de la demanda de drogas, optamos por centrarnos en las
estimaciones de prevalencia en población en general durante las últimas cuatro ediciones de
las encuestas sobre consumo de sustancias psicoactivas.
vez, o “población en riesgo”, es la población total bajo estudio con exclusión de quienes ya han utilizado sustancias
psicoactivas antes del período analizado (Sedronar, 2017; INDEC 2023b).
33
Como fuera señalado en la Nota 7, las bases integradas de UNODC reflejan los datos de dichas encuestas.
34
A decir verdad, algunas modificaciones en la población de estudio -rangos etarios (véase Nota 33) y densidad
poblacional de los aglomerados que constituyen unidades muestrales de orden superior-, introducen matices
importantes. Véase INDEC (2023a).
35
A fin de ilustrar estas diferencias. mientras en el cuestionario de 2017 se preguntaba explícitamente por
consumo de heroína (P85.a13), opio (P85.a14) y morfina (p85.a15), en el 2022 las únicas preguntas referidas a
opiáceos y opioides estaban formuladas en términos de consumo de medicamentos opioides sin prescripción
médica (MO_01) e inyección de heroína (INT_01D) y morfina (INY_01E), sin referencia al opio per se. Véase
Sedronar (2017), INDEC (2023b).
36
A modo de breve síntesis, el estimador habitual de varianza utilizado por el INDEC para diseños estratificados
multietápicos asume la reposición con el supuesto de último conglomerado. Eso implica que la primera etapa de
muestreo contiene la información suficiente para alcanzar una estimación del error por muestra, ignorando las
restantes. No obstante, en este caso, la elevada tasa de no respuesta condiciona en la mayoría de los dominios
geográficos un alto porcentaje de unidades deterioradas, que inhiben la posibilidad de combinar unidades hasta
alcanzar un mínimo de respuestas en las nuevas unidades. Véase INDEC (2024, p. 25). Cabe mencionar que las
bases de datos de UNODC (2024) continúan listando como resultados más recientes para Argentina los
correspondientes al Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2017, a pesar de la realización
posterior de la ENCoPraC 2022, dentro del período cubierto por el repositorio.
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Figura 8. Prevalencia de vida de consumo de drogas, población en general
37
Argentina (%). Encuestas sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008, 2010, 2017 y
2022
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sedronar (2008, 2010, 2017, 2022)
De los resultados anteriores se deduce una creciente prevalencia global de consumo.
Más marcada en el caso del cannabis -un fenómeno que debe leerse con relación a las
transformaciones nacionales en materia de legalidad y legitimidad social-, la misma tendencia
creciente puede verse en los mercados de cocaína y éxtasis.
Más compleja resulta la estimación de los mercados de opioides y opiáceos, por la falta
de sistematicidad entre los distintos relevamientos. Mientras en la Encuesta 2017, existen datos
de prevalencia de vida sobre analgésicos opiáceos (6.2%), opio (0.1%) y heroína (0.1%)
(Sedronar, 2017), en la ENCoPraC, por falta de observaciones relevantes, los datos atinentes a
dichos mercados son considerados no publicables (INDEC, 2024).
Otros estudios de corte cualitativo sobre los mercados de opioides en Argentina señalan
que, si bien existen mercados ilícitos de opioides y opiáceos, su relevancia es
considerablemente menor que en el hemisferio norte (CICAD, 2021). Esto se debe, en parte, a
37
No se especifica el rango etario debido a que, hasta la Encuesta de 2017, la población abordada comprendía
personas entre 12 y 65 años, mientras que la ENCoPraC 2022 redefinió ese universo, ampliándolo al grupo de 16
a 75 años. Véase Sedronar (2022).
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una menor disponibilidad de opioides sintéticos, a un sistema de prescripción más regulado y
a un patrón de consumo distinto, en el que no predominan los analgésicos opiáceos, como
ocurre en Estados Unidos (Lescano Méndez, 2023; Vivas, 2024; Recoaro, 2024; Cutrona,
2024).
Si bien la escasez de indicadores estadísticos comparables introduce algunas
limitaciones en el análisis, la mayoría de los reportes apuntalan el supuesto de partida de este
trabajo: una epidemia similar a la del fentanilo en EE.UU., el tramadol en África, o los
nitazenos en Asia parece poco probable, en función de los patrones de consumo regionales y
nacionales.
A pesar de ello, persisten voces de alarma, como la de Laura Richardson -General en
Jefe del Comando Sur de Estados Unidos entre octubre de 2021 y noviembre de 2024-, quien
ha afirmado que “es solo cuestión de tiempo para que el fentanilo se convierta en epidemia en
América Latina” (Pérez Izquierdo, 2024). Al respecto, consideramos que este tipo de
advertencias responde más a la lógica de la confrontación geopolítica que mantiene este país
con China -señalada como uno de los principales productores de esta sustancia a nivel mundial-
que a una evaluación fundada sobre las dinámicas locales de consumo y tráfico en la región.
Un segundo aspecto que resulta pertinente es la estimación del porcentaje de usuarios
frecuentes -dato que la tasa de prevalencia global en buena medida ocluye-, o aún mejor, de
consumidores problemáticos de cada sustancia. Difícilmente desagregable en la ENCoPraC
2022, el Estudio 2017 avanzaba algunas pistas sobre la intensidad del consumo
38
entre quienes
reportaron haber consumido marihuana y cocaína en el último año. En el caso de la marihuana,
la prevalencia anual se estimó en un 7.8% de la población, quienes en su mayoría reportaron
un consumo ocasional (56.6%) o frecuente (37.2%), con solo un 6.2% de tipo experimental
(Sedronar, 2018b, p. 21). Para la cocaína, la prevalencia anual fue significativamente menor,
con una estimación del 1.5%, si bien los pesos relativos de frecuencia de consumo no difirieron
tanto, con una clara mayoría de consumidores frecuentes (48.6%) y ocasionales (37.6%), frente
a un 13.8% de consumidores experimentales (Sedronar, 2018a, p. 28).
Tráfico
38
El estudio clasifica la intensidad en función de las instancias de consumo reportadas por los usuarios durante
los últimos doce meses. El “consumo experimental” corresponde a un único uso, el “consumo ocasional”, a
algunas instancias -superior a una, pero menor a una frecuencia semanal- y “consumo frecuente”, si la sustancia
es utilizada al menos una o más veces a la semana. Véase Sedronar (2018a, 2018b).
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Llegado a este punto, cabe preguntarse por las particularidades que ha asumido el
fenómeno del narcotráfico en Argentina. Si bien en el apartado teórico-metodológico se han
esbozado algunas precauciones a la hora de interpretar los datos de incautaciones, se desprende
de la Figura 9 que los dos mercados más gravitantes, también en términos de oferta, tienden a
ser aquellos de cocaína y cannabis.
Figura 9. Incautaciones de drogas, Argentina, por sustancia (kilogramos). Años
2018-2022
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNODC (2024a)
Históricamente, el país ha sido identificado en el plano internacional como un territorio
de tránsito, especialmente en relación con la cocaína que se dirige a los mercados europeos
(Tokatlian, 2017, Souto Zabaleta et al, 2019). Del mismo modo, ha sido señalado como un
potencial proveedor de precursores químicos utilizados en la elaboración de drogas sintéticas,
lo cual le otorga un rol estratégico dentro de las cadenas globales de producción (Souto
Zabaleta et al, 2019). En ese sentido, las ediciones más recientes del International Narcotic
Control Strategy Report (INCSR)
39
de los Estados Unidos han señalado a Argentina como uno
39
Se trata de un reporte anual preparado por el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs,
en función de la Foreign Assistance Act de 1961, que evalúa la situación y políticas de cada país en materia de
control de narcóticos para la determinación de la política de asistencia externa estadounidense. El informe se
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de los principales orígenes de los precursores químicos utilizados para el procesamiento de
cocaína (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2023) y -con fluctuaciones en las
apreciaciones sobre las medidas adoptadas-, también como una jurisdicción privilegiada para
el lavado de activos provenientes del narcotráfico (Departamento de Estado de los Estados
Unidos, 2024, 2025).
Tal como advierte Tokatlian (2017), cada país “tiene el narcotráfico que le
corresponde”, en función de su trayectoria histórica, social y política. Esta idea subraya la
importancia de superar las perspectivas one-size-fits-all y entender que este fenómeno no se
manifiesta de manera uniforme ni produce los mismos efectos en todos los contextos
nacionales. Pese a estas particularidades, el discurso público y mediático en Argentina -o sobre
ella- suele analizar el narcotráfico desde marcos interpretativos ajenos, ignorando sus rasgos
locales. En lugar de promover un análisis contextualizado, se recurre a comparaciones
reduccionistas -la “colombianización” o “mexicanización”- que proyectan estereotipos sobre
estos países. Por otra parte, se elide la diferenciación entre organizaciones operativas a nivel
macro y micro, cayendo en comparaciones hiperbólicas y efectistas
40
.
En este marco, por ejemplo, la ciudad de Rosario -que hasta 2024 registraba una tasa de
homicidios que cuadruplicaba la media nacional- fue señalada por algunos medios como “la
nueva Sinaloa” o “el nuevo Medellín”
41
. No obstante, las dinámicas presentes en Colombia o
México difieren sustancialmente de las que se registran en Argentina, no sólo en términos de
escala, sino también en la forma en que se articulan los mercados ilegales, los actores
involucrados y cómo el Estado aborda este fenómeno
42
.
compone de dos volúmenes principales: drogas y precursores químicos (Vol. 1) y lavado de activos (Vol. 2).
Véase Departamento de Estado de los Estados Unidos (2025).
40
A título de ejemplo cabe mencionar el contenido multimedia de Redacción DEF: “Video: las tres grandes
bandas narcocriminales latinoamericanas que tiñen de sangre las calles de la región” (2022), en el que el clan “Los
Monos” es situado al mismo nivel del PCC y el CJNG.
41
Al respecto, ver, por ejemplo: “Lanata habló del narcotráfico y presentó a Rosario como ‘la Medellín argentina’
(2013), “Pichetto calificó a Rosario como ‘la nueva Medellín’ y tuvo que retractarse en el Senado (2014),
“Eduardo Feinmann, ante el ataque al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo: ‘Rosario se convirtió
en la nueva Sinaloa’ (2023), Baraldi (2020), “Patricia Bullrich: ‘Hoy Rosario tiene más muertos que la Medellín
de Pablo Escobar’” (2023).
42
En Colombia, el narcotráfico se consolidó en regiones periféricas con escasa presencia estatal, donde los
carteles de Medellín y Cali actuaron como poderes paralelos, controlando territorios y recurriendo a la violencia
o la corrupción (Duncan, 2014; Tokatlian, 2017). Con el tiempo, estos grandes carteles dieron paso a estructuras
fragmentadas (“cartelitos”) y los barones de la droga se convirtieron en señores de la guerra, mientras bandas
criminales adaptadas mantuvieron el narcotráfico. En México, por su parte, el narcotráfico estuvo regulado por
acuerdos ilegales del Estado (Serrano, 2007), que permitían a los grupos operar rutas y zonas de producción a
cambio de cooperación. A partir de 1989, cambios políticos y reformas en las fuerzas de seguridad interrumpieron
estas redes de protección, generando competencia entre grupos y un aumento de la violencia (Trejo y Ley,
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En el caso argentino, la criminalidad asociada al narcotráfico presenta una dinámica
particular: el entrelazamiento progresivo entre grupos criminales, fuerzas de seguridad y
actores políticos (Tokatlian, 2017; Sain, 2008, 2016 y 2024). El funcionamiento de este
entramado se sostiene sobre una lógica de conveniencia mutua: los grupos criminales requieren
zonas liberadas para operar sus negocios ilícitos; las fuerzas de seguridad habilitan ese
despliegue territorial, obtienen rentas desde la clandestinidad y garantizan condiciones de
impunidad de facto. Por su parte, determinados actores políticos legitiman esta articulación, se
benefician de las transacciones ilegales a escala local y provincial, y se desentienden de la
implementación de políticas efectivas para el control del delito.
Este esquema ha sido caracterizado por algunos autores, como Binder (2010) y Sain
(2008 y 2016), como un “pacto de doble vía”. El primero de ellos, de carácter político-policial,
implica que la dirigencia política delega en la policía -o en algún sector de ella- el manejo del
gobierno de la seguridad, con el objetivo de que gestione la criminalidad y garantice una
“gobernabilidad tranquila”, es decir, sin escándalos mediáticos. El segundo, de tipo policial-
criminal, supone que las fuerzas de seguridad brindan protección a ciertos sectores del crimen
a cambio de participar en su rentabilidad y de que se mantengan determinados equilibrios y
límites en el uso de la violencia. En suma, esta articulación reproduce y consolida un orden
informal que socava el imperio de la ley y erosiona la capacidad del Estado para ejercer un
control legítimo del territorio.
Por otro lado, como se introdujera en el apartado teórico-metodológico, es posible
distinguir dos manifestaciones diferenciadas del narcotráfico en el territorio argentino: macro
y microtráfico. En ese plano, distintos grupos criminales han logrado consolidar un conjunto
de capacidades que les permite intervenir en múltiples eslabones del circuito del narcotráfico.
Estas abarcan desde la obtención de drogas en países fronterizos y su posterior traslado hacia
zonas de distribución, hasta la manipulación y estiramiento de las sustancias para maximizar
su rentabilidad. Asimismo, se encargan del almacenamiento, la articulación de redes de venta
minorista y el despliegue de mecanismos de protección frente a posibles amenazas, ya sea por
parte de organizaciones rivales o del Estado. A esto se suman las estrategias destinadas a
establecer vínculos funcionales con actores policiales y políticos -mediante arreglos
informales, pagos y favores-, así como formas de gestión financiera orientadas a la circulación
y resguardo de las ganancias ilícitas (Sain, 2024).
2021).
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No obstante, aunque se observa un entramado de grupos criminales consolidado en el
país, ello no implica la existencia de organizaciones comparables al Cártel de Sinaloa o al
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México, ni al Primer Comando da Capital (PCC)
en Brasil, tanto en términos de su estructura como su orientación. Volviendo a las categorías
propuestas en el reporte de UNODC (2025), se trata de organizaciones altamente centralizadas
y orientadas a la gobernanza, sin parangón en el escenario argentino.
Esto se evidencia con particular claridad en el caso de los grupos criminales de la ciudad
de Rosario que, aunque con frecuencia son catalogados como relevantes en el plano nacional
-e incluso internacional-, se diferencian de las organizaciones mencionadas por operar a una
escala local, sin estructuras rígidas ni jerarquías verticales consolidadas. En su lugar, adoptan
formas organizativas flexibles, descentralizadas y poco cohesionadas. Las relaciones de lealtad
entre sus integrantes son inestables, los acuerdos tienden a ser frágiles y coyunturales, y no es
infrecuente que los actores conserven ciertos márgenes de autonomía operativa (Iazzetta,
2024). Su rusticidad organizativa, los altos niveles de improvisación, la desprofesionalización
de sus miembros y el ejercicio de una violencia fuertemente territorializada y con efectos
altamente lesivos- terminan de configurar un perfil delictivo radicalmente distinto al de estas
macro-organizaciones criminales mexicanas y brasilera (Iazzetta, 2020).
Algo similar podría decirse de las organizaciones operativas en la escala que hemos
denominado como macrotráfico. Estructuras como el “Clan Loza” o “El Clan Castedo”
43
, si
bien más estructuradas y sofisticadas que las bandas rosarinas, aunque más organizadas y
sofisticadas que las bandas rosarinas, tampoco responden a esquemas centralizados, ya que
privilegian asociaciones ad hoc con otros nodos de las redes criminales y no muestran vocación
de ejercer gobernanza sobre los territorios. Esa función de regulación continúa recayendo, en
última instancia, en los organismos de seguridad pública.
En síntesis, las organizaciones criminales nacionales presentan una estructura más
fragmentada, menor poder de fuego y una limitada capacidad de control territorial, lo que
implica una diferencia sustancial en términos de amenaza institucional y capacidad operativa
43
Los denominados “Clan Loza” y “Clan Castedo” fueron dos de las organizaciones criminales más relevantes
de Argentina en las últimas décadas. El clan Loza (2008-2018) se dedicaba al tráfico de estupefacientes hacia
Europa, al contrabando de divisas y al lavado de activos mediante inversiones inmobiliarias y autos de alta gama,
operando con una logística transnacional que incluía vínculos en varios países de América y Europa. El clan
Castedo (1999-2016), en cambio, se consolidó en la frontera argentino-boliviana como un actor central del tráfico
de cocaína, combinando el control territorial de extensas propiedades rurales con redes de lavado de activos y
conexiones políticas, judiciales y empresariales locales, lo que le permitió articular envíos de gran escala hacia
Europa. Véase Ministerio Público Fiscal (2021 y 2022)
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con respecto a sus homólogas colombianas, mexicanas o brasileras. Volviendo a las categorías
anteriores, parecemos estar frente organizaciones más bien orientadas al tráfico y relativamente
descentralizadas -en ambos niveles de macro y microtráfico-.
IV. A modo de conclusión
Como señalamos a lo largo de nuestro análisis, los mercados ilegales de drogas
conforman un sistema global interconectado, en constante transformación, donde se
superponen múltiples dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales. Lejos de
constituir un fenómeno estático o uniforme, se trata de un entramado transnacional policéntrico
y segmentado, compuesto por submercados que responden a lógicas diversas según el tipo de
sustancia, el territorio y el perfil de los actores involucrados.
En términos de consumo, a nivel mundial se observa una tendencia sostenida a la
expansión de los usos, la diversificación de las sustancias y la segmentación de los patrones de
demanda. El crecimiento del uso del cannabis, la aparición de nuevas sustancias psicoactivas,
el resurgimiento de los psicodélicos en ciertos contextos y la alarmante expansión de los
opioides sintéticos en el hemisferio norte configuran un mapa de consumos cambiante, sensible
a factores económicos, normativos y culturales.
Desde el punto de vista del tráfico, también se advierte una reconfiguración global. En
los últimos años, se ha consolidado una expansión territorial de los circuitos de producción y
distribución, acompañada por una creciente sofisticación logística en algunos casos, y por
procesos de fragmentación y descentralización en otros.
En el caso argentino, se ha introducido cómo las particularidades de los patrones de
consumo -más cercanos al promedio latinoamericano que a los mercados del norte global, con
una fuerte prevalencia del cannabis y la cocaína, y una baja de los opioides- y las modalidades
organizativas del narcotráfico configuran un escenario singular, alejado de la conformación de
macro-estructuras delictivas como las presentes en México, Brasil o Colombia. En contraste,
los grupos criminales nacionales -como se ilustró a partir de la situación en Rosario- exhiben
una estructura más fragmentada, escasa cohesión interna y limitada capacidad de control
territorial. El desarrollo de sus operaciones depende, en gran medida, de las articulaciones
informales que logran establecer con fuerzas de seguridad y actores políticos a escala local y
provincial.
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Esto no implica que la problemática criminal sea menos grave, pues, aunque se presenta
como menos sofisticada en términos organizativos, mantiene la capacidad de producir efectos
altamente lesivos sobre la población, especialmente en zonas de relegación urbana atravesadas
por la desigualdad, la desprotección institucional y la circulación de diversas formas de
violencia.
El abordaje de los mercados ilegales de drogas y del narcotráfico no admite soluciones
simples. Al respecto, múltiples estudios empíricos han puesto de relieve la escasa eficacia de
las políticas basadas en el prohibicionismo y en la llamada “guerra contra las drogas”
44
, ya
que, con frecuencia, en lugar de reducir los daños asociados al consumo o al tráfico, han
contribuido a reforzar dispositivos de control social y a expandir la violencia estatal y
territorial. En suma, la promesa de “terminar con el narcotráfico” no solo carece de realismo,
sino que habilita respuestas excepcionales que, en muchos casos, lejos de contener el problema,
tienden a agravarlo.
En este escenario, insistir en fórmulas generales o en abordajes mesiánicos -que reducen
el problema, por ejemplo, a una mera cuestión de voluntad política- impide comprender la
complejidad del fenómeno. Lo urgente no es repetir lo ya ensayado, sino construir estrategias
integrales, sustentadas en diagnósticos rigurosos, que reconozcan las particularidades
nacionales y se orienten a reducir los daños y contener la violencia. De lo contrario, se seguirá
oscilando entre la inacción y la mano dura, sin avanzar hacia soluciones que sean democráticas,
sostenibles y realmente eficaces.
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