Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 142, Julio-Diciembre 2025
ISSN 1852-7213 (edición en línea)
La política de defensa en tiempos de perplejidad. El mundo y Argentina
Rut Diamint
Comentarios Generales
Abordar la sociedad internacional y el objetivo de la defensa en el contexto de
incertidumbre, es un asunto de disputa política y académica. La inserción internacional de los
Estados sufre un momento de indeterminación, o tal como apuntan desde la academia, es un tiempo
de incertidumbre (Badie, 2004; Bauman, 2006; Cox, 2013; Katzenstein, and Seybert, 2018;
Scoones and Stirling, 2020; Sanahuja 2022). El viejo orden mundial, basado en las reglas del orden
internacional de posguerra, liberal, capitalista, del idealismo wilsoniano y la constitución de las
Naciones Unidas, era un sistema internacional asentado en la bipolaridad. Este viejo orden ha sido
también cuestionado por ser un orden conformado por instituciones y estructuras de dominación.
Ese orden que surge en 1945 ha colapsado y un nuevo orden internacional no termina de
concertarse. El momento histórico es de creciente inestabilidad y cambios acelerados.
Citado por Sanahuja en palabras de Gramsci “«La crisis consiste precisamente en el hecho
de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en ese interregno se verifican los fenómenos
morbosos más variados» (Sanahuja 2022, p. 86). Este autor cita también a Rune Møller Stahl, para
referirse a otro concepto, «interregno», que describe “un periodo de crisis prolongada, en el que el
viejo equilibrio hegemónico se agota, sin que pueda emerger un proyecto hegemónico alternativo,
ni haya fuerzas sociales capaces de establecerlo” (Sanahuja, 2022, p. 90).
El orden quebrado que podemos fijar en 1991, con la caída de la URSS y el ataque a las
torres gemelas en Nueva York, fue sumando crisis como la desilusión de la primavera árabe, la
crisis financiera de 2008, la volatilidad de las commodities, el brexit y su implicancia sobre la
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Rut Diamint es profesora en la Universidad Torcuato Di Tella, E-mail: rutd@utdt.edu
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fortaleza de la Unión Europea, la pandemia del Coronavirus, la guerra entre Rusia y Ucrania, la
guerra en la zona de Gaza, las tensiones de India, Paquistán, Sudán o Etiopía, entre otros
acontecimientos mundiales. Como resultado de estos trances, surge con más fuerza una
atomización del mundo, que se traduce a nivel nacional en un aumento de la polarización política,
la crisis de representación y una clara securitización de la política exterior. Acompañan a estos
factores un descrédito de los organismos internacionales y regionales.
Se percibe una resistencia entre la necesidad de estabilidad y el deseo de un progreso amplio
y constante en la protección de los intereses de una nación. La prioridad de la defensa es
equivalente a mantener la estabilidad (Recondo, 2025). Una vez que los problemas se designan
como amenazas a la seguridad, se puede considerar legítima la intervención militar. Esa seguridad
subraya la determinación de los líderes de lograr un progreso constante y seguro hacia los objetivos
estratégicos en los temas de política. Esto significa que los líderes probablemente renunciarán a
políticas arriesgadas —como un conflicto militar para apoderarse de una isla— aunque podrían
amenazar la consecución de otros objetivos de política.
En este texto, y teniendo como referencia de base la incertidumbre y la crisis del sistema
internacional, se abordarán distintos temas desde una óptica de reconstrucción de datos, centrada
en una búsqueda bibliográfica. Se podría considerar que el enfoque es un análisis cognitivo, o sea,
ajustado a las decisiones que generan una política. La lectura por parte de los decisores de las
varianzas del sistema internacional afecta la formulación e implementación política. En primer
lugar, desde una reflexión cualitativa, se evalúa las crisis de la política internacional y el aporte de
la inteligencia artificial que modifica los usos de los datos púbicos y privados. Ello concierne tanto
a la defensa como a las relaciones entre Estados. El punto siguiente trata acerca de la política de
defensa ante una acelerada evolución de las amenazas y las tecnologías, detallando que ello no
implica que las fuerzas armadas estén disponibles para cualquier tipo de inseguridad. El punto
cuatro se ocupa de la política de defensa en Argentina. Se sugiere que no ha existido una
planificación de la defensa como política pública, consensuada y organizada. Bajo el gobierno de
Javier Milei la confusión respecto a que es una política de defensa es aún mayor. Es evidente que
el gobierno superpone las tareas de defensa con las de seguridad pública. Se explica la situación
actual de las Islas Malvinas y se refiere a la adquisición de armamento. En las reflexiones finales
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se aduce que el país no está adaptado a las amenazas actuales. Se sugieren algunos desafíos ante
una oportunidad de construir una arquitectura institucional que responda a las necesidades
nacionales e internacionales de la defensa.
TRABAJO RECIBIDO: 5/7/2025 TRABAJO ACEPTADO: 23/9/2025
Esta obra está bajo una licencia internacional https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lo Nuevo y lo Viejo del Sistema Internacional
La crisis del sistema internacional es un enigma. “Sin embargo, no podemos subestimar lo
desconocido, y por eso es crucial participar en una gobernanza anticipatoria” (Martin, 2025 p. 5).
El concepto de seguridad puede reflejar una tendencia hacia la centralización de la toma de
decisiones, un enfoque de diseño de arriba hacia abajo para la estrategia y la política, y una visión
de la política que considera todos los campos como interrelacionados e inseparables, decayendo el
impulso que puede ofrecer un arreglo institucional regional.
Estos elementos, que podrían verse disruptivos de un orden internacional en deceso, tienen
como contrapartida dos hechos. Primero: la sociedad civil, ya que la ciudadanía asume su papel de
demandar responsabilidad a los gobiernos, de presencia en los asuntos públicos y de resilencia
para adaptarse a las nuevas reglas de juego. Segundo: el papel de los medios de comunicación
masiva se ha modificado por medio de la masificación de los teléfonos celulares, las redes y grupos
de conversación y la uniformación del conocimiento por medio de la Inteligencia Artificial. “Han
surgido ejemplos del uso de la innovación y las tecnologías emergentes, especialmente las basadas
en inteligencia artificial (IA). Estos nos brindan información sobre cómo las tecnologías
emergentes podrían militarizarse e impactar el futuro de la guerra” (Greminger and Vestner, 2022,
p. 38).
Parece improbable que los antiguos enemigos de la confrontación bilateral sean los actores
centrales de un nuevo período de gobernanza global. Hay otros protagonistas que consideran que
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pueden afectar los destinos globales. Los Brics (Brasil, Rusia, China, India), Turquía, Arabia
Saudita, Irán o Etiopía, creen tener suficiente fortaleza como para influenciar la agenda
internacional. Sin embargo, hoy se percibe más confusión que certeza. La defensa se entremezcla
con la seguridad y el terrorismo, la criminalidad organizada, el cambio climático, la discriminación
positiva del género femenino o de los LGTB, las migraciones, etc. Todos estos elementos ocupan
el lugar que en la Carta de las Naciones Unidas tenía la búsqueda de una paz global. Pese a que
Tomassini (1987, p. 127) auguraba una etapa de lucidez y modernidad de los Estados
Latinoamericanos, debido a la creciente complejidad del escenario internacional en un mundo
interdependiente, un incremento de la política exterior tanto en lo externo como en el plano interno;
y la proliferación de las áreas de articulación internacional, la realidad es que los logros regionales
han sido modestos y en muchas ocasiones, errados.
La Inteligencia Artificial (IA) presenta dilemas que aún no han sido resueltos. Desde la
intromisión electoral hasta las violaciones de datos y los ciberataques, los acontecimientos
recientes han demostrado que la tecnología está cambiando la forma en que pensamos sobre la
privacidad, la seguridad nacional y tal vez incluso la democracia misma (Filgueira, 2023). El temor
a la IA está radicado en las deepfake, la posibilidad de informar en base a fuentes falsas, y se
propagan sin ningún tipo de límite (Alonso-González y Sánchez Gonzales (2024).
La IA no es una herramienta mágica. Las dictaduras no se modifican pese a la avalancha
de celulares, al internet no acceden muchos ciudadanos, especialmente en países autoritarios, el
control de la información y la difusión de desinformación, confunde a muchos ciudadanos. Por
ejemplo, la comunicación callejera durante la Primavera Árabe derrocó a los dictadores, pero no
condujo a la democracia. Las mismas redes sociales que convocaron a miles de personas también
han socavado la confianza en las noticias tradicionales, y los medios de comunicación cotidianos.
Se difunde desinformación y en consecuencia, las minorías se ven desprotegidas.
El reto actual es determinar el destino y los usos que se dan a nuestros datos. Mientras
Europa ha introducido estrictas normas de protección de datos que otorgan a las personas un mayor
control sobre cómo se almacena su información personal: La Ley clasifica las aplicaciones de IA
en tres categorías de riesgo. Primero, se prohíben las aplicaciones y sistemas que supongan un
riesgo inaceptable. Segundo, las aplicaciones de alto riesgo, están sujetas a requisitos legales
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específicos. Por último, las aplicaciones que no están explícitamente prohibidas o catalogadas
como de alto riesgo quedan en gran medida sin regular (Unión Europea, 2024). En otras latitudes
por la ausencia de regulaciones, quedamos expuestos a la manipulación de nuestras vidas, pues
existe oposición entre quienes creen que la Inteligencia Artificial mejorará su vida y los que
piensan que la empeorará.
Hay mayor consenso en considerar que la Inteligencia Artificial es un cambio de
paradigma, que conlleva a una toma de decisiones automatizada, creada por los manipuladores de
la información. Una producción de IA no es solamente datos que surgen de una máquina, detrás
hay personas y no sabemos cuan responsables o éticas son. Por el contrario, otros consideran que
es una democratización que otorga igualdad de oportunidades a quienes tienen o no acceso a datos
privilegiados, superando un colonialismo y un monopolio del conocimiento (Mitchell, 2024). Sin
duda, impone una cultura universal que es la cultura de los países con capacidad de difundir sus
propios valores como si fueran los de toda la humanidad al crear IA. “Las implicaciones éticas de
las tecnologías basadas en la IA desdibujan la frontera entre los sujetos humanos y los objetos
tecnológicos, afectando a las categorías centrales de la ética: la percepción del actor, la
responsabilidad y los marcos de valores” (Drnas de Clément 2022).
El Alto Grupo Asesor sobre Inteligencia Artificial, del Secretario General de las Naciones
Unidas, Antonio Guterres, enumeró los posibles daños de la IA, expresando preocupación por la
desinformación y la información falsa, el afianzamiento del sesgo y la discriminación, la vigilancia
y la invasión de la privacidad, el fraude y otras violaciones de los derechos humanos. Guterres
dijo: «Sin entrar en una serie de escenarios apocalípticos, ya está claro que el uso malicioso de la
IA podría socavar la confianza en las instituciones, debilitar la cohesión social y amenazar la
democracia misma»
2
.
En ese contexto, tan volátil y precario, nos preguntamos cual es el rol aceptable para el
sistema de defensa. Esa pregunta puede tener varias derivadas. Por ejemplo: Un país como
Argentina, que no es ya una potencia media, ¿requiere de un sistema nacional de defensa? ¿Hay
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“El poder de la Inteligencia Artificial y sus desafíos en el marco de las Naciones Unidas”,
https://unric.org/es/el-debate-de-la-inteligencia-artificial-en-la-onu/.
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sectores de la sociedad política y civil que consideran que cercar la defensa a un ataque proveniente
del exterior es un viejo pensamiento para utilizar el instrumento militar? ¿Se combate mejor a las
nuevas amenazas como el terrorismo o la criminalidad organizada con las fuerzas armadas? ¿La
coerción (o en la literatura anglo weaponisation) no conduce a una hiper securitización de la
agenda económica y social?
La Política de Defensa en Tiempos de Incertidumbre
Históricamente, en la región no existió un debate sobre la defensa, pues era un ámbito
exclusivo de los militares. Conjuntamente con el renacer de la democracia y su noción de
accountability, la sociedad civil se interesa más sobre la defensa y se promueve la incorporación
de civiles para establecer un sistema de defensa más adecuado a los intereses del país. Asimismo,
el corto período posterior a la caída de la URSS, creó la ilusión de un mundo pacífico, sin guerras
y mediado por las Naciones Unidas. Muy rápidamente esta ilusión decayó, cuando se produce la
invasión de Irak. A 30 años de ese proceso, aún no existe un nuevo orden mundial que fije reglas
de coexistencia. La guerra de Rusia contra Ucrania reavivó la noción de que la guerra es todavía
un asunto posible. “No es el fin de las guerras” (Boniface, 2011, p. 48).
El diseño y formulación de políticas nacionales se ve fuertemente influenciada por factores
tanto externos como internos (Putnam, 1988). Se entiende que tal como sucedió con la tecnología
nuclear, el Estado que domine una nueva tecnología de forma más rápida y eficaz tendrá una
ventaja ante los próximos conflictos. No obstante, la política de defensa es más que la
incorporación de nuevas herramientas. La defensa trata alcanzar los intereses nacionales, lidia con
la constituency de su política que, a diferencia de otras políticas públicas, no es sólo la sociedad
sino las fuerzas armadas y su monopolio de uso de la fuerza. Asimismo, hay que contemplar que
cada vez más, existe una rápida evolución de las tecnologías de combate, por lo cual las estrategias
tienen que ser adaptables y dinámicas.
La guerra moderna requiere un enfoque sistemático para superponer múltiples efectos, tanto
en el tiempo como en el espacio (Lavelle, 2005). La aceleración de los cambios obliga a tener un
perfil cambiante y combinado, que se adapte fácilmente a la evolución de las amenazas. Este
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registro novedoso no implica que las fuerzas armadas estén disponibles para cualquier tipo de
inseguridad. Por el contrario, el aparato militar continúa siendo un resguardo para la defensa del
territorio, la soberanía y la forma de vida de una población de terminada. Es necesario contar con
militares muy entrenados, con armamento adecuado a su formación y con altos grados de
flexibilidad para dar respuestas a fenómenos cambiantes.
Entendemos por política de defensa nacional al conjunto de estrategias y acciones
implementadas por un Estado para proteger su soberanía, integridad territorial (entendida
generalmente como la soberanía de Estado) y la forma de vida de su población ante amenazas
externas. Esta política determina los objetivos de defensa y los recursos necesarios para lograrlos,
e incluye la identificación de amenazas, la organización de las fuerzas armadas y el uso de
tecnología militar. Se juega el destino del país, en relación a la capacidad del gobierno de mantener
su autodeterminación y su libertad en la toma de decisiones sin interferencias externas. Aunque
muchos países no definan una estrategia nacional, se suele, por el contrario, tener una definición
de defensa nacional. Se entiende que las acciones de la Nación para la solución de conflictos
requieran del empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva.
La evolución del concepto de guerra modifica la preparación para la defensa. Tertrais
(2008, p. 26) informaba que en 1989 se podían constatar 36 guerras y que en 2007 eran 14. Después
de la Segunda Guerra Mundial no hubo guerras globales, pero aumentaron los conflictos internos.
La pregunta que surge de esta aseveración es si es causa suficiente para modificar el empleo y la
formación de las fuerzas armadas.
Las nuevas situaciones que se enumeran globalmente son el terrorismo, la criminalidad
organizada, el incremento del ataque a civiles no combatientes, la utilización de los medios de
comunicación masiva para proveer información en muchas ocasione falsa y nacionalista, la
privatización de la violencia y su consecuente generación de desigualdades de seguridad, el
calentamiento global, las migraciones, la ciberguerra, etc.
No se puede desconocer que el terrorismo genera inestabilidad local y global. No obstante,
una primera reflexión es que el terrorismo no representa a un poder estatal. El nuevo terrorismo
comenzó como una práctica desterritorializada, aunque luego ISIS, el grupo terrorista rebelde
islámico, intentó capturar un Estado, y sólo logró ocupar una parte de una nación fragmentada. Su
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mayor impacto reside en el miedo que genera en los medios de comunicación, que reiteran esos
atentados y genera un amplio espectro de sospecha en la población.
La cuestión climática, vista como potencial fuente de conflicto es una postura más absurda.
Se puede coincidir que el calentamiento global produzca efectos negativos sobre la agricultura o
sobre la calidad de vida de los habitantes. Nadie puede dar por cierto que el acuífero guaraní será
un bien deseable para los países más desarrollados. Por ello, imaginar a marines estadounidenses
llenado botellas con agua dulce es absolutamente ridículo. Los escritos de Homer-Dixon (1995)
que auguran que la cuestión ambiental, incluida la escasez de agua, puede provocar malestar social
y violencia sólo pudo demostrarse en poblaciones muy primitivas. Tal como explica Homer Dixon,
aunque “la demanda mundial de agua se duplica cada 21 años, estas escaseces —y las tensiones
sociales que causan— van a empeorar mucho”. Esto es posiblemente cierto, pero no hay una
explicación correcta de como esa escasez conduce a una guerra. Homer-Dixon reconoce que las
guerras por el agua del río entre vecinos solo son probables si el país depende en gran medida del
agua para su bienestar nacional.
El ciberespacio es una realidad en marcha, y el ataque a sistemas tecnológicos
computarizados es una situación que puede desencadenar conflicto. Hay acusaciones no
comprobadas de la intervención de hackers (y crackers) inducidos por un gobierno estatal, que
intervienen tanto en procesos electivos como en la afectación de servicios públicos. Por otra parte,
un alto número de países han incorporado como tarea militar el ocuparse de la ciberdefensa. El
argumento similar dispone que es necesario tener un área de este tema, porque pueden afectar un
sistema de armas o, atacar un servicio esencial y provocar importantes pérdidas económicas y
materiales. En nuestra región, el Foro Iberoamericano de Ciberdefensa y la Junta Interamericana
de Defensa imparten conocimientos vinculados a la ciberdefensa para los países miembros,
mantienen contactos permanentes con foco en seguridad y defensa cibernéticas y se promueve la
capacitación. Gran parte de las fuerzas armadas de América del Sur han incorporado Comandos
Conjunto de Ciberdefensa.
La privatización de la violencia es otra novedad de la época. Las operaciones de paz de las
Naciones Unidas recurren a ejércitos privados para garantizar a las misiones instaladas en
territorios en conflicto. No es la utilización de paramilitares, ilegalmente armados. Ahora se trata
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de empresas privadas legales, que reclutan asiduamente a militares acusados de abusos contra los
derechos humanos, y ofrecen sus servicios para suplir a militares o evitar la vinculación de
militares con un Estado determinado. Así ocurre también en Colombia, en Ecuador y en
Guatemala. La rentabilidad es el principio rector de estas empresas, a diferencia del concepto de
defensa de la soberanía.
Por otra parte, las Naciones Unidas han desarrollado herramientas para la defensa de los
derechos humanos, tanto para las poblaciones en las que intervienen, como en los soldados que
participan en las operaciones de paz. La promoción y protección de los derechos humanos se
estableció como un propósito clave y principio rector de la Carta de las Naciones Unidas desde
1945, remozada en 2010. Estas medidas se vinculan al convencimiento que las violaciones de los
derechos humanos pueden ser simultáneamente causa, catalizador y consecuencia de conflictos
violentos. Las Naciones Unidas promueven los derechos humanos ejecutando directivas en las
operaciones de paz. El acceso humanitario y la libertad de movimiento de las poblaciones para
acceder a la protección de la vida fueron focos de las Naciones Unidas en las situaciones de
conflicto.
Es también una preocupación para la defensa que los modelos occidentales ya no son los
únicos referentes para organizar la defensa en países medianos y pequeños. La penetración China
en América Latina y África modifica los equilibrios mundiales. La democracia como valor
universal perdió peso. La defensa de la libertad individual y la reglamentación de normas que
regulen esa libertad, esencia de la democracia, se opone a un Estado fuerte que define el espacio
del individuo. Si bien la dominancia militar continúa siendo importante en las relaciones entre
Estados, un descenso de los gastos militares en los años ´90 daba pie para augurar un orden basado
en las concordancias. A fines de los años 2020 se confirma un rearme, que aumenta en la actualidad
por la decisión del segundo gobierno de Donald Trump de no invertir en la seguridad europea ni
ocuparse de los conflictos en el resto del mundo. Todo ello ha llevado a una nueva carrera
armamentista, mientras que las alianzas y los acuerdos son vistos como debilidad y no como
potenciación.
Interesa diferenciar la defensa del orden público. La seguridad es el proceso vinculado a
acciones para mitigar amenazas a las personas y sus valores. Se asocia a la ausencia de peligros
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que afecten la capacidad de una nación para protegerse y desarrollarse, promover sus valores e
intereses legítimos, y mejorar el bienestar de su población. Afecta asimismo a las tendencias que
podrían socavar la cohesión social o su capacidad para mantener sus instituciones vitales para
promover sus valores fundamentales y objetivos sociopolíticos y económicos, así como para
satisfacer las aspiraciones legítimas de su población. La seguridad pública apunta a estandarizar el
imperio de la ley.
Una mirada realista de la defensa centrada en el uso y el control de la fuerza militar (Walt,
1991) justifica que el Estado tenga un sistema de defensa. La seguridad pública está en manos de
las fuerzas de seguridad, que no son exactamente las mismas en todas las naciones. En el caso de
Argentina, esas fuerzas son la policía federal, las policías provinciales, la gendarmería, la
prefectura y la policía aeroportuaria.
Por cierto, las fuerzas armadas se preparan para la próxima guerra tomando como
paradigma la guerra precedente. Es un dato que los grandes poderes orientan sus objetivos de
defensa para proyectar influencia sobre otros Estados y actores, pues la defensa ofrece la capacidad
de responder a las agresiones y brinda oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, lo mismo que
un seguro de automóvil que se paga con la expectativa de no tener que usarlo. Sin duda, ante una
colisión, se tiene una respuesta adecuada. La respuesta militar, sin embargo, no se puede organizar
luego del choque, requiere mucha anticipación y mucho entrenamiento. Cada época necesita una
arquitectura institucional diseñada de acuerdo con los desafíos particulares que enfrenta.
Con todos estos preliminares, no sería lógico mantener la misma distribución territorial del
pasado ni mantener el mismo entrenamiento. No obstante, ¿Cuánto debe modificarse la defensa en
Argentina? Las amenazas tradicionales y el papel habitual del sistema de defensa, ¿deben
modernizarse? ¿Con que fin se entrenan nuestros militares? ¿Tiene Argentina un modelo de
disuasión creíble?
La Política de Defensa Argentina
Al centrarnos en la defensa en Argentina, lo primero que resalta es que el discurso oficial
suele recurrir a una imagen de desprotección, amparada por una mirada ideologizada de la defensa,
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que se dio especialmente durante los gobiernos kirchneristas. Argentina es un país intermedio.
Tiene una economía desarrollada y diversificada, una población competente, acceso a tecnologías
y un entorno regional pacífico. Todo ello no convierte al país en un instrumento militar poderoso.
Pero su dimensión y diversidad de materias primas justifican tener un instrumento de defensa.
Desde mi punto de vista el problema central es que, pese al retorno a la democracia y a los
casi 50 años de la última dictadura militar, no se ha definido el fin, el objetivo de la política de
defensa de Argentina. No alcanza con decir que está para defenderse frente a un mundo hostil, o
que se planifica en base a las capacidades del instrumento militar. Por más que se acuerde que las
amenazas son diferentes, más difusas, no convencionales, la capacidad de disuadir a un enemigo
continúa como objetivo principal (Calderón, 2016, p. 182). Argentina, desde 1983, tiene un sistema
de gobierno democrático y republicano, aunque pueda cuestionarse si es respetuoso de la división
de poderes, la transparencia de la gestión, en el cual cada institución cumpla con su finalidad,
otorgando estabilidad al sistema y fortaleza al régimen político. Actualmente, el gobierno nacional
concentra poder en la rama ejecutiva, deteriorando la Legislatura y el Poder Judicial.
Durante otros gobiernos se priorizó estructurar a las fuerzas en función de los medios
proporcionados para su empleo. El foco de la defensa estuvo puesto en el sistema político. En
palabras de la ministra Nilda Garré (2010. p. 24) “las burocracias estatales se enfrentan a desafíos
específicos que se vinculan con la exigencia de mayor eficiencia y eficacia en su quehacer,
asociadas a mejorar la gobernabilidad democrática de cada país” Estar continuamente bajo presión
para que los sistemas continuamente estén aptos a adaptarse, cambiar y aprender. Incluso,
aceptando que es una época de nuevos paradigmas de política y poder, el diseño de los objetivos
de defensa no puede depender solamente de los medios materiales disponibles.
Se parte de la idea que Argentina, como la mayor parte de las naciones del mundo priorizan
la seguridad de su integridad territorial, sus recursos y su ciudadanía. Cada país tiene numerosos
intereses que proteger y esos intereses, en conjunto, constituyen el interés nacional, que se origina
en los valores, la buena gobernanza y la protección del bienestar social y económico de toda la
ciudadanía (Battaglino, 2015; Busso y Barreto, 2020; Donadio, 2008; Lafferriere & Soprano
Manzo, 2015).
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Bajo el gobierno de Javier Milei (2023-2027) se transforma a las fuerzas armadas. Se
asemejan más a una gendarmería que al instrumento militar del Estado. Según los decretos
impulsados bajo esta presidencia, sus funciones son de custodia de objetivos estratégicos, de apoyo
a la seguridad interior, seguridad pública y ciudadana, y de persecución a terroristas y
narcotraficantes, contrariando la ley. Ya en las propuestas para las elecciones nacionales, se podía
leer: “Para nosotros la defensa nacional es una responsabilidad básica e irrenunciable del gobierno
federal, que debe considerar toda hipótesis de conflicto posible sin ningún tipo de preconcepto”
(Milei 2023), preanunciando los cambios que establecería una vez en el gobierno. No existe una
conexión real entre las misiones destinadas a las fuerzas armadas y su correlato en preparación y
entrenamiento. Así, las fuerzas armadas resultan ineficaces para la defensa nacional e
improvisadas y poco organizadas para las misiones internas de carácter policial.
El presidente Milei habilitó por decreto a las fuerzas armadas para intervenir en asuntos de
seguridad interior. Dictado por Javier Milei, también con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo
Francos, y del ministro de Defensa, Luis Petri, deroga el Decreto 727/06, reglamentario de la Ley
de Defensa, establecido por la ministra Nilda Garré. El poder de decidir cómo y cuándo actuarán
los militares se lo reserva el propio Poder Ejecutivo. Los decretos firmados el 18 y el 19 de 2024,
rompen las directivas existentes al recaer la definición de los Objetivos de Valor Estratégico como
competencia exclusiva del presidente. El Decreto 1107/2024, en sus considerandos establece que
“una adecuada evaluación estratégica sobre la Seguridad Nacional, implica la anticipada detección
de las amenazas y la efectiva reacción ante las agresiones que puedan afectar objetivos estratégicos
en la República Argentina” y “Que la determinación sobre la protección a un objetivo estratégico
será producto de analizar y evaluar adecuadamente las capacidades que deben poseer los
defensores para enfrentar” (Decreto 1107), evaluaciones que quedan en manos de la presidencia.
Por medio del Decreto 1112/2024 sostiene en sus considerandos que “la Ley de Defensa
Nacional N° 23.554 (de 1988) expresa claramente en su artículo 2° que la Defensa Nacional “…es
la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos
conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para
enfrentar las agresiones de origen externo” y que teniendo en cuenta que “como resultado de la
evolución tecnológica y las nuevas formas de concebir los conflictos, es primordial incluir los
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espacios en los que se desarrollarán operaciones militares para la defensa nacional como el
ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, así como tener presente los
desarrollos más recientes que influyen sobre los conflictos presentes y futuros como la inteligencia
artificial, la “internet de las cosas”, la robótica avanzada y los sistemas no tripulados”, el Poder
Ejecutivo, autoriza a las fuerzas armadas para que enfrenten todo tipo “de amenazas y agresiones”
(Decreto 1112). Se obstruye así lo determinado por la ley.
La Ley de Defensa votada por unanimidad en el Congreso Nacional, incorpora este decreto
por medio del cual las fuerzas armadas no solo deben intervenir ante ataques de otros Estados, sino
también ante agresiones o amenazas de “organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones
terroristas u otras organizaciones trasnacionales”. Ambos decretos superponen las tareas de
defensa con las de seguridad pública y estas normas podrían promover la militarización de
conflictos sociales que requieren soluciones democráticas (Busso, 2024; Frederic, 2024). Se suma
esta disposición al discurso oficial de revalorizar a las fuerzas armadas, que según la visión de este
gobierno tras décadas de abandono fueron desacreditadas, como si el terrorismo de Estado (1976-
1983) no hubiera existido.
El problema de policializar a las fuerzas armadas es similar al problema creado por la
Seguridad Humana. La paradoja de la seguridad humana es que puede socavar la seguridad del
Estado. Ante un aumento del malestar social en poblaciones con múltiples vulnerabilidades, la
seguridad humana aparece como opuesta a la seguridad del Estado. Si en este párrafo cambiamos
seguridad humana por misiones policiales de los militares, el resto de las frases explican también
lo que sucede por sobre enfatizar la seguridad del Estado, utilizar a los militares para funciones
sobre las cuales no se han preparado, generando mayor inestabilidad política.
En Argentina el concepto de seguridad se iguala al de la seguridad ciudadana o pública,
que es el objetivo de las fuerzas de seguridad. La Seguridad Nacional puede equipararse a la idea
de una Estrategia Nacional de Defensa, en ocasiones al concepto de Proyecto Nacional, muy
utilizado por el Partido Justicialista, que incluye otras áreas estatales además de la defensa. La
reglamentación no puede omitir o decir lo contrario a lo que dice la ley. Runza (2025) señala que
“El cambio de nombre del ministerio de Seguridad por el de Seguridad Nacional así lo demuestra.
Esto además se refleja en nuestras normas como consecuencia de la militarización de la seguridad
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que el país vivió en el siglo XX… Torpemente, las transforma [a las fuerzas armadas] en una
guardia nacional”.
La seguridad interior está regulada por la Ley N.º 24.059 y se define como la situación de
hecho basada en el derecho, en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el
patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del
sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional (art. 2).
El ciudadano o habitante del país declama su preocupación por la seguridad, entendida
como la protección del Estado ante un robo, una agresión, un atentado terrorista o una catástrofe
ambiental. No se pregunta que institución estatal será la encargada de evitar esos riesgos, ni que
medio es más efectivo para neutralizar una situación en la que el habitante viera peligrar sus
recursos o formas de vida. En Argentina, alejada de los centros de poder, ese ciudadano no espera
tener un conocimiento mejor de la defensa, pese a los atentados internacionales a los que se expuso
el país. No vive en Europa, que teme una expansión de Rusia, ni en Medio Oriente que tensiona
permanentemente las diferencias entre el mundo musulmán y el israelí, ni está en África donde los
gobiernos civiles son denigrados tanto por milicias como por sus fuerzas armadas. Por lo tanto,
muchos habitantes que desconfían de las policías por ineficientes y corruptas, cree que las fuerzas
armadas pueden proveerle de mayor seguridad. Es un error, pues los militares no están entrenados
para combatir la delincuencia o remediar los efectos de las catástrofes.
Completa el cuadro de la defensa en Argentina, analizar su gasto en defensa que es el más
bajo en comparación con los países de la región. Se invierte en defensa nacional el 0,69 % de su
producto interno bruto (PIB), cuando el promedio de la región es 1,6% y el mundial 3%, según
datos de 2022 (Datosmacro, 2022). No hay una propuesta de largo plazo para dotar a las fuerzas
armadas de una capacidad suficiente para la defensa del país en relación al presupuesto nacional.
Ha faltado estatalidad (stateness) para debatir legislativamente el modelo de fuerzas armadas que
necesita la nación. Beaufre planteaba en otros términos del siguiente modo: “El problema militar
más difícil de resolver es el de establecer, en tiempo de paz, un sistema de defensa lo menos costoso
posible, capaz de transformarse muy rápidamente en una fuerza poderosa en caso de peligro de
agresión” (Beaufre, 1974: 71).
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El empleo de la fuerza puede resultar de la formación de alianzas que a la vez que aseguran
al país, suman la fuerza combinada de otros ejércitos nacionales (Levy, 2025; Calderón 2016: 182).
La cuestión no es aliarse o no, sino con quien aliarse y para que finalidad. Brasil ha sido siempre
un socio esquivo, que no quiere limitar sus decisiones a acuerdos supranacionales y que además
nunca revisó su pasado autoritario para evitar enfrentamientos directos con los militares (Folha de
Sao Paulo, 2025). Chile es un socio renuente, pues si bien las autoridades políticas han realizado
numerosos esfuerzos para vincularse con el país, no ejercen un pleno control de sus fuerzas
armadas que desconfían de la amistad argentina. Bolivia es un socio improductivo que no tiene un
sistema de defensa que pueda apoyar y ampliar las capacidades de nuestra nación. Paraguay, por
su parte, es un socio confuso que descansa sobre un híbrido del Partido Colorado y un retraso en
la potenciación de autoridades civiles. Uruguay es un socio unilateral que defiende su
individualidad para no quedar subsumido a sus dos vecinos mayores. Ante esta realidad, ¿Cuál es
el mejor socio para el país?
La Argentina mantiene una disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Sandwich del
Sur, Aurora y Georgias del Sur, administradas por el Reino Unido, junto con sus espacios
marítimos circundantes. Sin que se modificaran las posiciones de ambos gobiernos, en 1994,
Argentina adoptó una nueva Constitución, que declaró a las Islas Malvinas como parte de una de
sus provincias (Tierra del Fuego). Sin embargo, la discontinuidad política de Argentina hace que
la afirmación de soberanía sobre las Islas Malvinas tenga poco impacto. Mientras que actores
argentinos denuncian la militarización por parte del Reino Unido, por instalar una base permanente
en la isla, que obstaculiza las posibilidades de colaboración bilateral, las fuerzas armadas aceptan
que la recuperación de las islas será únicamente por la vía diplomática.
Si bien el artículo V de la Ley 23.554 de Defensa de la Argentina establece que la defensa
nacional incluye los espacios continentales, las Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico
Argentino, no hay una preparación militar para forzar una recuperación marcial de las Malvinas.
La legitimidad jurídica no alcanza para ratificar la imprescriptible e irrenunciable soberanía sobre
las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. El instrumento
militar es deficiente en comparación con el británico, y eso condiciona el uso de la fuerza ante esta
situación. Hay autores que vinculan directamente a la defensa nacional con la cuestión Malvinas:
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“es imposible pensar la política de defensa de la Argentina sin considerar que la amenaza concreta
del país es la ocupación militar, colonial, ilegal e ilegítima del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte (RUGBIN) de las islas del Atlántico Sur” (Leal, 2024; Magnani, 2024, p. 3). La
sociedad argentina ha estado permanentemente influenciada por una narrativa nacionalista y de
reivindicación de las islas.
Para completar el cuadro de las dimensiones de defensa hay que sumar la alianza extra-
OTAN, emanada de un acuerdo con los Estados Unidos en tiempos del gobierno de Carlos Menem
(1989-1999), que no produjo mucho más que la compra de material militar en desuso. Por otra
parte, como sostiene la posición canadiense el “acceso a nuevas tecnologías a gran escala, la
proliferación de armas de efecto masivo y un alto grado de movilidad global ha incrementado la
vulnerabilidad de los estados democráticos... La comunidad de la OTAN es un grupo central que
refleja y representa las ideas de los estados desarrollados en los países democráticos del mundo,
pero corre el riesgo de volverse demasiado Eurocéntrico. Es importante garantizar la seguridad de
la comunidad euroatlántica, pero la Alianza también tiene necesidad de vínculos tangibles con
algunos Estados o grupos comparables fuera de Europa (Chapin et al., 2010, p. 14).
El 18 de abril de 2024, el ministro de Defensa, Luis Petri, presentó en Bruselas una carta
de intención de Argentina para sumarse como “socio global” a la OTAN, fundamentado en que el
país se orienta a la modernización y capacitación de las fuerzas al estándar internacional y para
mejorar las capacidades defensivas del país mediante la interoperatividad. Teniendo en cuenta la
advertencia canadiense, esto podría ocurrir, pero aún no hay respuesta de la OTAN.
Milei aprobó el ingreso de la Argentina a la OCDE, y rechazó al ingreso a los BRICS
auspiciado por el gobierno anterior de Alberto Fernández. Su declamado anarquismo no impidió
que buscara aliarse a países que defiendan la propiedad privada. Junto a la jefa del Comando Sur,
Laura Richardson, Milei remarcó que ambas naciones [Argentina y Estados Unidos] comparten
una tradición basada en la libertad, la defensa de la vida y la propiedad privada.
Asimismo, pese a los numerosos recortes que Milei incorporó a la administración pública,
autorizó al ministro de Defensa, Luis Petri a modernizar el equipamiento militar, incorporando al
sistema de armas 24 cazas F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea de Dinamarca, aviones Tecnam
P2002, camiones logísticos, un buque de asalto anfibio clase San Giorgio, más municiones, entre
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otras adquisiciones. Estas compras revierten la política anterior del FONDEF, Fondo Nacional de
la Defensa, que suponía planificación de inversiones en defensa de largo plazo (López Chorne,
2024).
En ámbitos militares y asociados a ellos, se sigue pujando por la industria y la producción
militar. Comparativamente, esa demanda ha quedado en el pasado, pues es imposible competir con
grandes productores ya instalados en el mercado mundial. La utilización correcta de esos equipos
requiere del profesionalismo militar, lo mismo que el acceso a tecnologías de punta. Para ello,
Argentina necesita de unas fuerzas armadas que se destaquen en el conocimiento de las
innovaciones (Reisher, 2024). Así, se puede esperar un instrumento militar más pequeño, mejor
equipado, pero, sobre todo, con capacidad analítica y de aprendizaje muy desarrollados. El país no
precisa de un número de soldados incorporados obligatoriamente, sino de profesionales altamente
capacitados. Un ejército de masas no responde a estas características, apremia que el personal
activo sepa enfrentar novedades y cambios en tiempo real y que los oficiales estén predispuestos
para comandar con conocimiento y pericia.
No hay una visión de futuro en las decisiones de defensa. No es una cuestión centrada en
los temas de adquisición de material militar. O sea, la compra de sistemas de defensa antimisiles
estratégicos, por ejemplo, no dará mayor seguridad al Estado. Un ambiente internacional más
cooperativo, la interrelación entre Cancillería y Ministerio de Defensa, un entrenamiento orientado
hacia la adaptabilidad de las fuerzas armadas y una diplomacia sagaz, son mejores elementos para
tener una defensa eficaz. Mientras se mantengan relaciones atomizadas, ese futuro no podrá ofrecer
una respuesta acorde a los desafíos que se presenten
Argentina desarrollo sistemas de Early warnings en políticas parciales. Por ejemplo, existe
un Sistema de Alerta Temprana (SAT) coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Sedronar, para la cuestión de drogas y su
impacto en términos de salud pública. Asimismo, se plantea tener una SAT en el área educativa
implementando un mecanismo orientado a reducir el riesgo de exclusión escolar, para mejorar su
calidad, evaluar el desempeño estudiantil y permitir organizar acciones con el fin de apoyar la
permanencia en la escuela.
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Recapitulación Final
El uso de la fuerza, a 42 años del fin de la dictadura, ya no se justifica por juzgar a los
militares. La mayoría de ellos no intervino en la dictadura, ni sus comandantes tenían una actuación
relevante en el período autoritario. No obstante, sin la participación de la sociedad civil, no habrá
apoyo a la defensa por parte de los habitantes del país.
El cambio cultural respecto a la defensa nacional es una condición necesaria para que el
sistema de defensa se modernice en el país. Sin un compromiso y una reflexión de la sociedad, las
cúpulas políticas no encontrarán justificativos para gastar más en defensa o realizar cambios
estructurales en esa área.
Argentina no enfrenta una amenaza como Europa, cuyas fuerzas armadas se han readaptado
para absorber la amenaza rusa y responder en función de la adquisición de nuevos conocimientos
y nuevas herramientas materiales (Bonnema and Jimenez, 2026).
Estamos en un escenario de paz regional, sin la precaución de un conflicto militar
tradicional. Otros países pudieron haber pensado lo mismo, y de repente vieron a las puertas de su
territorio guerras que impactaban en su propia seguridad, como sucedió en Europa con la invasión
rusa a Ucrania, o en Medio Oriente con el cambio de administración en Siria (Bartos et al., 2004).
Hoy no se percibe una guerra en las puertas de Argentina. Tampoco es viable que la intervención
en misiones de paz de las Naciones Unidas se pueda trasladar a objetivos militares en el país. Sin
embargo, una capacidad de defensa no se consigue en un mes. Los militares deben entrenarse y
prepararse durante un largo tiempo para estar en condiciones de disuadir a un potencial enemigo.
Suele decirse que las fuerzas armadas argentinas están desarmadas, que han sufrido recortes
presupuestarios sin planificación. Es cierto que después del fracaso en la guerra de las Malvinas,
esas fuerzas armadas derrotadas no podían recibir premios y equipamiento que se tradujeran en
amenazas a la naciente democracia.
Ante las nuevas realidades, es factible que las empresas tecnológicas podrían verse en la
necesidad de colaborar cada vez más con los gobiernos, mientras que individuos influyentes
podrían influir en diversos temas de forma impredecible. Argentina queda afuera de estos posibles
intercambios a partir de la decisión presidencial de Milei de no firmar la Nueva Agenda de Paz de
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Naciones Unidas. Especialmente, los esfuerzos de la Nueva Agenda por centrarse en la prevención
de conflictos que requeriría aceptar el escrutinio internacional sobre las tensiones internas. “La
Nueva Agenda para la Paz, al igual que el informe del HLAB, es sólo un punto de partida para los
debates intergubernamentales sobre lo que la Cumbre del Futuro puede y debe decir acerca de la
paz y la seguridad internacionales” (Gowan, 2023: 13).
Un estudio prospectivo sobre América Latina y Caribe considera que “la seguridad nacional
y regional seguirá siendo precaria hasta 2025, con la corrupción, la impunidad, la violencia y el
crimen organizado transnacional aún descontrolados. Aumentar el respeto por los derechos
humanos, cerrar las brechas de infraestructura y tecnología, y lograr un desarrollo humano
significativo siguen siendo un trabajo en curso en toda la región” (Martin 2025: 18).
Es notable que los militares están instruidos para obedecer. Antes se decía que aprendían a
obedecer para luego mandar. Ese mando era político y no profesional. Ahora mantienen esa aptitud
de obedecer, pero las órdenes son imprecisas y confusas. Es necesario tener una conexión con la
sociedad. Existe una oportunidad de construir una arquitectura institucional que mejore
materialmente la libertad y la seguridad de los habitantes. La voluntad política abordará estas
cuestiones si reflejan una demanda de la sociedad. Cambiar es un desafío. Pero no se requiere de
cualquier cambio, uno que no confunda funciones y de respuestas equívocas.
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