https://orcid.org/0000-0002-4086-3658
https://orcid.org/0000-0002-4199-2160
https://orcid.org/0000-0001-9604-6158
La corrupción nos afecta a todos, independientemente de sexo, edad, estrato social o idioma, sin embargo, se estima que afecta desproporcionadamente a las mujeres que sufren condiciones de pobreza y marginación. Según un estudio internacional de la Comisión Huairou y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012)
Las mujeres perciben la corrupción como: la entrega de servicios ineficiente, el suministro inadecuado de bienes y servicios públicos, soborno, falta de transparencia, acoso y discriminación; el documento señala además que, para las mujeres en marginación, la corrupción es endémica, omnipresente y es parte de sus vidas cotidianas. El mismo estudio encontró que en el mundo, el 76% de las mujeres veían a la corrupción como un impedimento para el acceso a bienes y servicios públicos; las mujeres eran vulnerables a actos de corrupción especialmente cuando intentaban acceder a servicios básicos u obtener documentos para este propósito; cuando buscaban abrir un negocio o conseguir un empleo seguro; al participar en política o ejercer su derecho al voto; o al luchar contra cualquier violación de sus derechos.
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca (USAL) en España. Profesor Permanente Laboral en el Área de Sociología de la Universidad de Salamanca. E-Mail pablobiderbost@usal.es
** Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca (USAL) en España. Profesor Permanente Laboral en el Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. E-Mail gboscan@usal.es
*** Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación por la Universidad de Guadalajara (UDG) de México. Socia fundadora de la firma de consultoría BB&R (España). E-Mail nrochin@bbyr.com
El 63% de las mujeres informaron que se les había pedido en algún momento el pago de un soborno, siendo las instituciones consideradas como las más corruptas la policía, el sector salud, los servicios educativos, el gobierno local e inmigración.
Si bien la feminización de la pobreza es una de las causas de que la corrupción sea un problema de desigualdad de género, no es la única. Las tareas de cuidado que conllevan los roles de género (Swedish International Development Cooperation Agency, 2015), particularmente en sociedades patriarcales como las latinoamericanas, sumado a la desigualdad entre sexos y la discriminación ante las que se enfrentan las mujeres (Faúndez y Weinstein, 2012, p.43) generan situaciones de vulnerabilidad, que ocasionan que este grupo necesite más del estado, mientras que al mismo tiempo, se ven obligadas a entrar en contacto más seguido con servidores públicos al muchas de ellas ser además jefas del hogar. Especialmente en los sectores de educación y salud, las mujeres están expuestas a situaciones en las que se les exige el pago de un soborno o algún trato de corrupción, o incluso como condición para acceder a programas de apoyo social. Paralelamente, las mujeres tienden a denunciar menos al ser víctimas de corrupción, pues existe la creencia generalizada de que no serán escuchadas.
Se considera que particularmente el acceso inequitativo a la prestación de servicios y la desigualdad en el acceso al poder político y a altos cargos administrativos, ya sea en el sector público o privado, refuerzan y perpetúan la discriminación por razones de género (Ramos Ruiz, 2016, p.84).
El hecho de que la corrupción estatal impacte desproporcionadamente a las latinoamericanas adultas, pobres y en marginación genera innumerables problemas. Las mujeres en América Latina ven por ejemplo que no pueden tener acceso a servicios públicos esenciales de calidad o el pleno ejercicio de sus derechos, sin pagar un soborno o coima. Además, cuando se ven obligadas a pagar, esa cantidad representa un mayor porcentaje de su presupuesto total bruto, lo anterior, se agrava porque la corrupción es un delito poco denunciado, y menos si no hay canales de denuncia con perspectiva de género. Esto ocasiona que la relación entre corrupción y género sea una problemática de la cual no haya suficiente información estadística, y que en general, aún desde la academia, sea un tema poco abordado en la
literatura; eso mismo facilita la invisibilización del problema. Sería deseable que conjuntamente, academia, gobierno y organismos internacionales, busquen brindar mediciones de corrupción desagregadas por sexo, de forma que se puedan dimensionar y cuantificar aquellos tipos de prácticas corruptas que suelen ser predominantemente experimentadas por las mujeres.
Según Caroline Moser (1995) hombres y mujeres funcionan en la sociedad bajo distintos roles, consagrados desde los esterotipos de género, que a la vez consolidan las desigualdades entre sexos. Dichos roles provocan que la mujer sea vulnerable a la corrupción. Desde este enfoque las mujeres experimentan demandas conflictivas derivadas de sus responsabilidades reproductivas, productivas y comunitarias, las cuales han de ser tenidas en consideración al momento de planificar una política pública, a modo de no obstaculizar el desempeño de sus diversos roles. A continuación. se describen los tres roles según la trabajos de Moser, presentando posibles escenarios que entrelazan la situación del género femenino y la corrupción:
El primer rol es el reproductivo, en este grupo caben todas las actividades relacionadas con las tareas domésticas y el cuidado de los hijos o de los adultos mayores, tareas no remuneradas, y adjudicadas a la mujer por el mero hecho de serlo. Pensemos por ejemplo, en el caso de una madre que, en su rol de cuidadora, se ve en la necesidad de pagar un soborno para que su hijo pequeño reciba atención médica rápidamente.
El segundo rol es el productivo, es decir, todas aquellas actividades productivas y de generación de ingresos. Un ejemplo podría ser la mujer que al tramitar licencias y permisos para emprender un negocio es víctima de extorsión sexual1, donde los favores sexuales son la moneda de cambio para dar cauce favorable a trámites gubernamentales (aunque este fenómeno bien puede suceder en los lugares de trabajo o incluso en las escuelas).
El tercer y último rol es el comunitario, se trata de aquellas actividades relacionadas con el bienestar de la comunidad o el barrio. Las mujeres pueden ser agentes de cambio y muchas veces adoptan roles de líderes en sus comunidades. Las redes clientelares y los políticos corruptos están muy conscientes de ello, por ello feminizan los delitos electorales al instigar, manipular y presionar a mujeres para que cometan delitos electorales, como la compra y
coacción del voto y el condicionamiento de programas sociales, además del acarreo de personas para mítines y eventos.
En el ámbito público, todo lo mencionado anteriormente tiene graves consecuencias imponiendo barreras a las mujeres para el pleno ejercicio de sus derechos. Por un lado, a causa de la corrupción las mujeres quedan excluidas de servicios públicos de calidad como salud, educación, justicia y seguridad, mientras que al mismo tiempo, ven mermado su presupuesto para cubrir necesidades básicas en el hogar. Por otro lado, no se puede dejar de mencionar que finalmente se generan condiciones perfectas para la prevalencia de la violencia contra la mujer y la repetida violación a los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque a la larga las mujeres tienen por ejemplo, menos posibilidades de educarse, lo que impacta además sus posibilidades de generar ingresos y las hace blanco de redes de corrupción para la trata de personas, la explotación laboral o la sextorsión. Otro aspecto en el que la corrupción impacta desproporcionadamente a las mujeres es al entrar en contacto con la ley, por ejemplo al intentar hacer valer sus derechos en el sistema judicial, denunciando delitos como la violencia doméstica, el acoso sexual, el abuso laboral, la trata de personas, entre otros, los cuales raramente reciben condena; ello es atribuible a la negligencia y discriminación de los organismos encargados, o al pago de sobornos a policías y jueces por parte de los agresores para que detengan el proceso y de esta forma evadir el castigo (Ramos Ruiz, 2016). Se puede inferir que la corrupción como problema de género incluso facilita las altas tasas de feminicidio, ya que la impunidad está a la orden del día, y los feminicidas no son castigados si logran sobornar a la rama judicial.
Estas inequidades perpetúan la brecha de género en Latinoamérica. Con ello en mente, puede considerarse que la lucha anticorrupción, es también, la lucha en pro de los derechos humanos y la igualdad de género. Se espera entonces que una reducción en los índices de corrupción, particularmente la llamada pequeña corrupción, conlleve menores índices de desigualdad social, particularmente la desigualdad de género. En la siguiente sección se enlistan los posibles abordajes de esta problemática desde las políticas públicas, particularmente las políticas públicas con perspectiva de género.
La corrupción tiene impactos diferenciados entre hombres y mujeres, porque las desigualdades de género, generadas a partir de inequidades y estereotipos socialmente dominantes y arraigados, provocan que las mujeres queden fuera del reparto del poder ya sea en la economía, la política o la cultura; además, situaciones como el tener que hacerse cargo de labores del hogar sin remuneración, como el trabajo doméstico y el cuidado de niños y adultos mayores, el trabajar en la informalidad o en trabajos de paga precaria (que usualmente exigen una baja cualificación), refuerzan el fenómeno de la feminización de la pobreza. Es de esperarse que las carencias sociales y la vulnerabilidad conviertan a las mujeres en blancos fáciles para la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de migrantes o el crimen organizado. En este contexto, es muy difícil que las mujeres alcancen el poder suficiente para desafiar a la corrupción y el clientelismo, y las hacen más propensas a sufrir sus efectos.
¿Cómo abordar, entonces, este problema desde las políticas públicas con perspectiva de género? La corrupción es un problema tan arraigado en las sociedades latinoamericanas, que es necesaria una aproximación mixta. En ese sentido, a continuación se agrupan posibles líneas de acción a partir de tres enfoques para la igualdad (García Prince, 2008):
Igualdad de oportunidades: garantiza la posibilidad de acceder a los derechos, parte del reconocimiento que todas las personas son portadoras de derechos y busca equiparar las condiciones de partida. Sin embargo, hay que recalcar que no garantiza la igualdad de resultados, ya que la igualdad en el acceso es sólo el inicio del camino hacia el ejercicio pleno del derecho o su garantía. Con ello en mente, una línea de acción podrían ser estrategias de fomento a la denuncia de corrupción. Iniciativas que impliquen canales de denuncia anónimos, como buzones barriales o redes sociales, o incluso, innovaciones como líneas de denuncia de corrupción con perspectiva de género, tomando en cuenta los impactos diferenciados de las conductas corruptas en la situación de la mujer.
Igualdad de trato: Este enfoque responde a un trato equivalente considerando las diferencias y desigualdades, de manera que, la mujer reciba un trato diferencial considerando las desventajas. Con esta perspectiva, sería deseable sensibilizar a ministerios públicos, contralorías y funcionarios en general, sobre cuestiones de igualdad de género. Si gobierno y sociedad civil conocen la relación entre género y corrupción, quedarían más claros los
impactos diferenciados de la corrupción. Paralelamente, sería útil el desarrollo de metodologías de investigación centradas en la cadena de riesgos de corrupción y redes criminales con enfoque de género, pertinente frente a temas como la extorsión sexual, la trata de personas, corrupción en compra de votos, entre otros. Para lograrlo, sería oportuno ejecutar una efectiva gestión de riesgos de corrupción, un modo de administración que busca aminorar la probabilidad de ocurrencia de un episodio de corrupción, menguar sus efectos y, en consecuencia, favorecer el cumplimiento de la misión organizacional de la entidad responsable de la gestión gubernamental (Biderbost, Boscán y Rochin, 2020, p.221). A partir de lo anterior, el mapeo de riesgos de corrupción con enfoque de género abonaría a mejorar la lucha anticorrupción en sectores como salud, educación, agua y otros. Finalmente, otra línea de acción sería el desarrollo de estrategias de protección a la víctima/ denunciante de actos de corrupción.
Igualdad de resultados: Implica que la totalidad de las personas tienen asegurado y garantizado el ejercicio de sus derechos, al eliminar distinciones, exclusiones o restricciones basadas en el sexo que puedan anular el goce y ejercicio de esos derechos. Con esta perspectiva, posibles líneas de acción implicarían el fortalecimiento de la sociedad civil, particularmente redes feministas. De igual forma, el fortalecimiento de mecanismos claros de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana con enfoque de género, que coadyuven a contrarrestar la existencia de fenómenos de clientelismo y corrupción en relación con los programas sociales o partidos políticos. Se estima que las iniciativas anticorrupción, pueden evidenciar más claramente los riesgos de corrupción a través de acciones de empoderamiento femenino que buscan la igualdad de género.
Puede considerarse que la lucha anticorrupción, es también, la lucha en pro de los derechos humanos y la igualdad de género. Se esperaría que una reducción en los índices de corrupción, particularmente la llamada pequeña corrupción, conlleve menores índices de desigualdad social, particularmente la desigualdad de género. Sin embargo, hay que transversalizar el género dentro de las políticas nacionales anticorrupción, para asegurar que esta no implique manifestaciones dispares, impactos o costos no esperados para la mujer. Como se describió ya, hay un claro punto de cruce entre género y corrupción, principalmente
en lo relacionado a la pequeña corrupción y acceso a servicios. A pesar de ello, la discusión y las prioridades regionales del combate anticorrupción están enfocados en la gran corrupción política, asociada a importantes obras públicas, contratación pública, la corrupción transnacional y la relacionada con la gran criminalidad o crimen organizado y sus manifestaciones como narcotráfico y otras formas. Tristemente, la situación de las millones de latinoamericanas sumidas en la pobreza no mejorará en la medida que la lucha anticorrupción no sea efectiva.
Biderbost, P., Boscán, G., & Rochin, N. (2020). Gestión de riesgos de corrupción en el sector público ante la administración de desastres. Revista del CLAD Reforma y Democracia, (76), 215-236.
Faúndez, A., & Weinstein, M. (2013). Ampliando la Mirada: La Integración de los Enfoques de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos. http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/556
Garcia Prince, E. (2008). Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming ¿De qué estamos hablando? Marco conceptual. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres/menu_superior/Doc_basicos/ 5_biblioteca_virtual/5_participacion_politica/35.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2019_GCB_LAC_Report_EN1.pdf
Moser, C. (1995). Planificación de género y desarrollo. Teoría, práctica y capacitación. Flora Tristán Ediciones.
PNUD. (2012). Seeing beyond the state: Grassroots women’s perspectives on corruption and anticorruption. http://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Grassroots%20women
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Ramos Ruiz, Y. (2016). La corrupción y sus vínculos con el género, una aproximación al caso mexicano. Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, V (2), 79–106. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5858945.pdf
Swedish International Development Cooperation Agency. (2015). Gender and corruption brief. https://cdn.sida.se/publications/files/-gender-and-corruption.pdf
Transparencia Internacional. (2020). Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe 2019.
TRABAJO RECIBIDO: 18/10/2024
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