Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 136, diciembre 2022, pp. 119-133
ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea)
Misceláneas Universitarias
“Malvinas: pasado, presente y futuro en clave de soberanía”. Una
mirada desde el interés económico nacional
Augusto Caviglia
*
1. Introducción
El propósito de este ensayo es el abordaje del tema Malvinas desde un punto de vista
económico, sin perder el enfoque de las Relaciones Internacionales. El objetivo central es
analizar el reclamo soberano por las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes
1
(desde ahora Atlántico Sur), considerando el potencial económico que proporcionan sus
recursos, y entendiendo la importancia geoestratégica de las mismas. Recursos valiosos como la
pesca, el petróleo y el gas; y también las actividades económicas derivadas como la acuicultura,
el desarrollo naval y de la flota mercante, el turismo; entre otras. Actividades que requieren del
crecimiento de las tareas de patrullaje y control, a cargo de la Defensa
2
.
El enfoque trata de abordar la cuestión del Atlántico Sur desde un enfoque integral,
especificando en los intereses económicos soberanos y en las limitaciones presupuestarias para
el gasto en Defensa Nacional, referido al control de los recursos y sus derivadas actividades
económicas.
En un escenario nacional complejo, desde lo económico, la soberanía de Malvinas surge no solo
como un derecho legítimo soberano sino también como una oportunidad para resolver muchos
de nuestros problemas económicos. Para eso, se debe empezar por una fuerte concientización
para dejar de mirar al país desde la costa, creyendo al mar territorial como territorio extranjero,
y no asumiéndolo como parte integrante y fundamental de nuestro territorio. Además, debemos
dejar de lado el centralismo que nos encierra a pensar que la única riqueza nacional radica en las
actividades productivas de la zona central del país, cuando también tenemos enormes riquezas
en nuestro mar.
En ese contexto, las Relaciones Internacionales (RRII) juegan un papel clave a la hora de
entender las disputas de poder en distintos escenarios globales, en general y, en Malvinas en
particular. La presencia ilegal del Reino Unido
3
(RU) en Malvinas, así como los cientos de buques
extranjeros que pescan ilegalmente en nuestra Zona Económica Exclusiva
(ZEE) y áreas circundantes, son problemas que requieren de una política exterior activa para el
*
Alumno de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales (UNR). Correo electrónico: auguscavi@gmail.com
1
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, Antártida y espacios marítimos circundantes.
2
Las tareas de patrullaje y control de nuestros espacios marítimos son llevadas adelante tanto por la
Armada como por Prefectura Naval Argentina (PNA). En este trabajo se hace hincapié en la Defensa,
pero se considera a la PNA como parte fundamental en esas tareas, y en las consideraciones
presupuestarias.
3
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
119
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entendimiento del escenario internacional así como para resolver estos desafíos en el marco del
reclamo soberano por Malvinas.
Por eso, mientras el reclamo diplomático continua, el estado debe tener una sólida política al
respecto e instrumentar medidas que acerquen y aceleren el dialogo para la recuperación de
nuestros territorios. Se aboga por un plan de recuperación rápido y sostenible, para poder
preservar los recursos y el potencial económico frente al extractivismo extranjero, y para
consolidar el Estado marítimo e insultar argentino.
2. Recursos y potencialidad económica
Las Malvinas están ubicadas en el Atlántico Sudoccidental a solo 356.4 km de la Isla de los
Estados. Para muchos parece un territorio lejano, pero los kilómetros que separan a las islas del
continente son una distancia corta en términos de la extensión geográfica de nuestro país. Sin
ir más lejos, la distancia entre las principales ciudades (Córdoba-Buenos Aires) es el doble de
esa distancia.
El Estado marítimo e insular argentino se compone, de los 2.791.810 Km
2
de superficie del
territorio continental, y se le añaden las superficies de Malvinas 11.410 km
2
, G sur 3.850 km
2
,
S Sur 310 km
2
, Shetland del sur 3.687 km
2
, Orcadas 750 km
2
, mas aguas circundantes. Esto sin
incluir a la superficie de la Antártida (965.597 Km
2
). (Lerena, 2021).
Se puede observar como el Atlántico Sur es un punto geoestratégico para el control regional y
clave en la proyección a la Antártida. No solo la ubicación es valiosa, sino también la inmensa
cantidad de recursos que posee la zona. Por eso, el potencial económico que tiene Argentina en
esa área es enorme.
Esto queda demostrado con el significativo despliegue militar del Reino Unido (RU) en
Malvinas, orientado al aprovechamiento de recursos y manteniendo una posición geopolítica
estratégica como centro de operaciones para obturar la circulación hacia la Antártida, así como
para limitar el flujo de buques entre el océano pacifico y el atlántico (DPDN, 2021).
Dada este contexto, a continuación, y brevemente, se menciona la cuestión de los recursos y el
potencial desarrollo de encadenamientos productivos en función de sus actividades derivadas.
En primer lugar, se puede destacar la presencia de yacimientos de gas y petróleo offshore en la
ZEE. Este tipo de recurso energético se está convirtiendo en estratégico en todo el mundo. Las
complicaciones para seguir explotando yacimientos convencionales, por su costo o
agotamiento, y el encarecimiento del precio internacional del petróleo, generan una
oportunidad para explotar el offshore de la plataforma marítima argentina, el cual también
puede ser parte de la transición energética hacia energías más limpias.
Una muestra de ello, queda evidenciada en el desarrollo de este recurso que nuestro país viene
llevando adelante desde hace algunos años, principalmente en la zona de Tierra del Fuego. El
potencial energético que tiene el Atlántico Sur, también quedó demostrado con el
descubrimiento de yacimientos frente a las costas de Mar del Plata.
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El sector energético es estratégico ya que podría brindar divisas por exportaciones, regalías y
por sobre todas las cosas permitirá obtener energía suficiente y más barata que si se continuara
importando, más aún en un contexto de escasez de energía y aumentos de sus precios. Por eso,
se deben seguir los desarrollos en el mar argentino controlado por nuestro país, y se debe
trabajar para recuperar nuestra porción del atlántico usurpada por los británicos, quienes
vienen explotando el offshore desde hace algunos años, a través de alianzas con empresas
británicas.
En el caso de las energías oceánicas, Argentina es uno de los países con mayor potencial en este
tipo de fuentes de energía. Dada su amplia línea de costa y su franja oceánica, la influencia de
mareas pueden ser aprovechadas fructíferamente. El potencial energético se basa en el
aprovechamiento tanto mareomotriz (mareas) como undimotriz (olas). Ambas podrían ser otro
importante suministro de energía, aunque aún restan algunas investigaciones para establecer los
mejores lugares para evitar o disminuir los impactos ambientales.
Además, el sector de la industria naval y las actividades de logística portuaria funcionan como
complementarias a los recursos disponibles en el Atlántico. Dada su capacidad de generar
empleos de calidad y la trayectoria naval de nuestro país, el fomento de esta industria es
estratégico y de suma importancia. La posibilidad de construir nuestra propia flota pesquera,
mercante, e incluso para la Armada
4
, debería ser el objetivo central al cual orientar nuestros
esfuerzos.
Se podría mencionar otras actividades como el turismo, la acuicultura, minería y pesca; esta
ultima de gran relevancia y con gran potencial económico y alimenticio, no solo para Argentina
sino también para exportación.
Para entender mejor la situación, se le pueden poner cifras a la potencialidad económica de
estos recursos, tal como lo muestra la estimación realizada por Baruj y Drucarrof, para 2026-
2035 (CIECTI, 2018).
Cuadro 1: Potencial económico, empleo y generación de divisas de actividades vinculadas al océano por sector
(2026/2035).
Fuente: Baruj y Drucarrof en CIECTI, 2018.
4
Actualmente los astilleros estatales Tandanor y Astilleros Rio Santiago (ARS), llevan adelante
trabajos para recuperar y re-equipar a la Armada, pero se requiere una política más contundente.
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Luego de analizar estos números, se puede entender la importancia que tiene nuestro territorio
marítimo en términos económicos, tanto para la generación de divisas como de puestos de
trabajo; posibilidades económicas que podrían actuar como motivadoras para el empresariado
nacional y la sociedad a la hora de incrementar el reclamo soberano por Malvinas.
En términos de empleo, en general, se trata de actividades bien remuneradas y que podrían ser
cubiertas por la oferta laboral local. Además, estos empleos podrían motivar una radicación de
familias en el sur argentino, lo cual podría revertir su baja densidad poblacional (otro motivo
estratégico) y podría descomprimir la concentración demográfica de las grandes urbes del país.
Por su parte, la generación de divisas puede contribuir a la macroeconomía nacional,
suministrando una fuente de dólares, tan necesarios en términos de reservas internacionales, y
para hacer frente a la serie de compromisos de deuda externa que posee el país. Solo para dar
una noción de los números, el escenario más bajo para generación de divisas representa más del
doble del empréstito que tomó el país con el FMI
5
en 2018.
Además, estas divisas pueden facilitar la importación de insumos o maquinarias para el
desarrollo productivo nacional, actuando como vía para superar la restricción externa, tan
perjudicial para la estructura productiva argentina.
3. La evolución del gasto en Defensa como síntoma del desinterés por Malvinas
3.1. Breve historia del gasto en Defensa
En la tendencia mundial del gasto en Defensa, se puede observar como la mayoría de los países
vienen modificando su gasto y Argentina, junto con los países de la región, como Chile y Brasil,
enfrentan una reducción del gasto militar expresado como carga militar (en % del PIB). Esa
situación contrasta con el incremento del presupuesto militar de las principales potencias del
mundo, donde tanto Estados Unidos, como China y Rusia, vienen incrementando ese gasto
como parte de la disputa por el poder global.
En términos históricos, con el fin de la guerra fría, desde la década del 80, se comenzó a
vislumbrar una disminución de la asistencia y del gasto militar, a nivel internacional. Esto se
debe, principalmente, a la disminución de las hipótesis de conflicto, a nivel global, así como a la
“apuesta” por la paz en el periodo de hegemonía estadounidense. Por supuesto, esta situación
atravesó momentos de fragilidad, hasta llegar a lo que pareciera ser una ruptura con la invasión
a Ucrania en febrero de 2022.
En el plano regional, contribuyeron a este fenómeno tanto los procesos de transición
democrática como la articulación y cooperación militar entre países
6
.
En el siguiente gráfico, se puede ver con claridad como la carga militar mundial comienza a
descender a partir del año 1984, pasando de representar un 4% del PIB al 2% en los 2000
(Martínez Schandeler, 2020).
5
Fondo Monetario Internacional (FMI).
6
Las Fuerzas Armadas de países latinoamericanos realizan distintos ejercicios combinados como el
Salitre, Cruz del Sur, Arandú, Fraterno, entre otros.
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Grafico 1: Evolución de la carga militar mundial (1984-2018)
Además, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para el año 2014, el gasto en
Defensa en relación al producto mostraba diferencias según las distintas regiones del planeta.
En un orden descendente ubicamos a América con un 3.8%, África 2.2%, Europa y Oceanía con
un 2%. Por supuesto, siendo promedios que no son tan precisos como en el caso americano
donde, descontando a jugadores importantes, el promedio para Sudamérica baja al 1.7% (Eissa,
s.f).
Considerando solo el caso argentino, resulta importante hacer una pequeña síntesis histórica
para entender la evolución del gasto militar.
Nuestro país, desde su origen, ha tenido una fuerte tradición militarista mayormente promovida
por hipótesis de conflicto con países vecinos y fuertemente impulsada durante los golpes de
estados militares que se dieron durante el siglo XX y con un crecimiento exponencial en la
década del 70, obteniendo su punto máximo con la Guerra de Malvinas.
Desde ese momento, la sociedad y el estado argentino comenzaron un proceso de
desmilitarización que tuvo efectos diversos. Uno de los principales fue la subordinación de las
FFAA a la autoridad civil emanada por un proceso democrático. Otro, en simultaneo, fue la
desarticulación de la pendiente hipótesis de conflicto con Chile y el inicio de la integración y
cooperación con Brasil. (Battaglino, 2013 en Martínez Schandeler, 2020).
Esa situación marcó una clara diferencia con lo que ocurrió en el mismo momento en países
vecinos, sobre todo Chile. Nuestro país tuvo una política fuerte de condena a los golpes de
estado, con juicios y castigos en el marco de una política de DDHH. Pero en otros países
latinoamericanos se hicieron presente las transiciones negociadas, sin ningún tipo de condenas.
A su vez, desde el retorno democrático, la política de Defensa ha trascurrido por un proceso de
establecer un marco normativo para el sistema de Defensa Nacional, propio de una nación
democrática con sus respectivas instituciones.
Así fue como se llegó al “Consenso Básico” entre 1985-2001, luego que el Congreso
reconociera la gravedad de la situación del Sistema de Defensa Nacional en 1996. Los pilares de
este consenso fueron un conjunto de leyes como Ley N °23.554 de Defensa Nacional (1988), la
Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior (1992), y la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional
(2001), y su modificatoria de 2014, entre otras. Este acuerdo programático entre partidos y
123
Fuente: Martínez Schandeler en base a datos del Banco Mundial
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académicos, tuvo como principios liminares la supresión de hipótesis de conflictos con los
países de la región, el gobierno civil de la política de Defensa y la separación orgánica y
funcional de la Defensa Nacional y la seguridad interior (Eissa, s.f).
A su vez, el sistema “se orienta estructural y organizativamente hacia la disuasión de
potenciales agresiones externas por parte de fuerzas armadas de otros Estados, siguiendo lo
dispuesto por la Resolución 3.314 (1974) de la Asamblea General de las Naciones Unidas”
(DPDN, 2021).
Finalmente, pese a las marchas y contramarchas, y a los problemas de reglamentación o
implementación, se terminó consolidando cierto sistema de Defensa. Pero claro, este consenso
no es unánime, y ha sufrido críticas.
Esta discusión, que parecía saldada, empieza a cobrar impulso con el paso del tiempo, y más
aun con el nuevo escenario internacional y regional. Por eso, es preciso definir una política de
Defensa, democrática y pacífica, sustentada en un plan estratégico, con objetivos claros respecto
al control del Atlántico Sur y orientado a la recuperación de Malvinas. Seguramente, este tipo
de política generaría un replanteo sobre cuestiones normativas y presupuestarias.
Se puede decir que una constante ha sido la no consideración de la Defensa Nacional como una
cuestión relevante en la agenda pública. No figura entre las prioridades de políticas públicas ni
de los habitantes de la República Argentina, y eso es una gran limitación a la hora de plantear
una política seria al respecto.
3.2. Los problemas presupuestarios
Los cambios entre una histórica tradición militarista y el posterior accionar de la política en
función de adaptar las fuerzas armadas al sistema democrático, llevaron a pensar el nuevo rol de
la Defensa en términos presupuestarios.
Así surgió la idea de pensar al gasto en Defensa desde la teoría económica. Existen debates
sobre la definición de la Defensa como bien público, puro o no puro, o como falla de mercado.
Posturas neoclásicas la ubican como bien público puro, pero otras posturas críticas dan por
tierra esta idea.
En este trabajo se adopta el enfoque crítico, el cual no considera a la Defensa como bien público
ni como falla de mercado. Por eso, es necesario analizarla contemplando las necesidades del
país y de los ciudadanos, el planeamiento estratégico, de recursos, y el presupuesto, entre otras
(Meneghetti, s.f).
Más allá de la discusión de teoría económica, lo fundamental es pensar la Defensa en
términos de su finalidad. En ese sentido, y siguiendo la normativa de 1988 (Ley N °23.554), la
finalidad de la Defensa implica garantizar la soberanía, independencia, e integridad territorial.
Esto, involucra no sólo esfuerzos militares sino también políticos y económicos.
Lo importante, en términos económicos es que compite por la asignación presupuestaria junto a
otras partidas. El problema surge ante las antes mencionadas crisis económicas recurrentes y el
peso de la deuda social, ambos actuando como limitantes para la expansión del gasto en
Defensa. Con una económica prácticamente estancada, o en caída, un incremento de
presupuesto en Defensa implica la disminución de partidas en otras áreas, probablemente más
sensibles socialmente. Por eso es fundamental el incremento de la torta a repartir, es decir,
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aumentar los recursos de la economía y con ello su PBI. Por eso, cobra mayor relevancia la
pronta recuperación del Atlántico Sur ocupado por Reino Unido.
Dejando de lado los aspectos teóricos, podemos analizar lo que ha ocurrido con el presupuesto
de Defensa en nuestro país. Para eso, el siguiente grafico muestra la evolución del gasto en
Defensa, tanto en dólares como porcentaje del PIB, para el periodo 1970-2019.
Grafico 2: Evolución del gasto militar en dólares y porcentaje del PBI, en Argentina (1970-2019).
Fuente: SIPRI 2020 en Martínez Schandeler.
De este grafico se desprende que el punto máximo se dio en 1979 con U$S 10.846 M y 4.7% del
PBI. A partir de 2004, este gasto osciló entre el 0.7%-0.9%.
Las variaciones en el presupuesto se explican por la historia del país. Se puede ver el fuerte
incremento durante la dictadura 1976-1983, llegando a su pico durante la Guerra de Malvinas,
pero que ya había sido fuerte con el Conflicto del Beagle.
El periodo democrático (1983-2016) estuvo marcado por una clara disminución del gasto, por
motivos ya explicados, pero hubo algunas modificaciones. Durante la década de los 80, se pasó
del 4.5% del producto al promedio histórico del 2%, algo lógico por el contexto, pero sin haber
realizado las reestructuraciones y modernizaciones necesarias.
En la década del 90 y durante el breve gobierno de la Alianza, la situación empeoró por el
contexto macroeconómico y las ideas imperantes en ese momento. Así, la Defensa no pudo
escapar del proceso de achicamiento del Estado. Posteriormente, en el periodo 2002-2015, se
detuvo la tendencia descendente del presupuesto en Defensa Nacional, hasta dejarlo constante
en torno al 1%. Además, se logró, al menos, que la inversión en ese concepto acompañara el
gasto total de la Administración Pública Nacional (Eissa, s.f).
Por supuesto, esta reducción no fue gratis. La baja del gasto trajo consigo la disminución en la
industria bélica nacional, la cual era la más desarrollada de la región. Consecuencias que hasta
la actualidad cuesta revertir. Este efecto se ve también en la composición del gasto, siendo que
en promedio casi el 80% del presupuesto es gasto en personal y solo el 20% se dirige a la
inversión. (Donadío, 2016, en Eissa).
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Dada esta situación, sería muy difícil llevar adelante una política de estado para la recuperación
de Malvinas. Para eso, hace falta de planificación y recursos. Pasar a una política de incremento
significativo de la Defensa para garantizar la soberanía en el Atlántico Sur puede generar
efectos en la política exterior. Por ejemplo, desde un enfoque de las RRII, una teoría realista
estructural definiría como externalidad negativa cualquier incremento del gasto militar sobre
otros países de la región, que podrían sentirse amenazados. Por ese motivo, se debe tener en
cuenta el escenario internacional y los intereses extranjeros presentes en esta región.
Se percibe un sistema internacional donde los actores se disputan intereses permanentemente,
donde la Defensa y la competencia por el poder parecieran ser las únicas formas de sobrevivir y
garantizar la obtención de esos intereses. El poder tanto como capacidad material y como poder
latente (económico).
Por todas estas razones, es fundamental el reequipamiento y/o reestructuración de nuestras
fuerzas armadas, sobre todo de la Armada, para incrementar el control de nuestro Atlántico Sur.
No podemos seguir condicionados por el funesto accionar pasado de ciertas cúpulas militares.
La sociedad civil debe volver a confiar en nuestras instituciones castrenses, porque esa falta de
confianza es la que impide incrementar el presupuesto significativamente. Debemos confiar en
las nuevas generaciones de hombres y mujeres de nuestras fuerzas que fueron y son educados en
un ambiente democrático y que están dispuestos a defender tanto a la democracia como a la
patria.
4. Desafíos para el control del Atlántico Sur.
4.1. Un territorio internacionalizado
Actualmente, estamos frente a una situación de un Atlántico sur internacionalizado, donde no
solo se encuentra la presencia inglesa, sino que también de cientos de buques extranjeros que
pescan ilegalmente en nuestro mar. Se estima que entre 300 y 400 buques arriban cada año para
depredar nuestro ecosistema marino, pescando en nuestra propia ZEE o utilizando prácticas
para usufructuar nuestros recursos desde el limite a la ZEE. Nuestra obligación, por Ley 24.543,
implica no solo cuidar los recursos de la ZEE sino también lo recursos migratorios (Infobae,
17/9/22).
Esta internacionalización es responsabilidad del accionar del RU que, luego de los Acuerdos de
Madrid
7
, llevó adelante una política de concesiones de licencias ilegales de pesca, en el área
bajo su administración, las cuales permitieron la llegada de buques de distintas nacionalidades,
particularmente españoles.
Una presencia ilegal que se acrecienta con el paso del tiempo, creciendo no solo en lo militar,
como base de la OTAN en el Atlántico Sur y punto geoestratégico, sino también en lo
económico. No solo la gravedad de tener ocupados nuestros territorios nuevamente, desde 1982,
sino que además desde esa fecha se extrajeron 40 M toneladas por U$S 160MM. Una cifra
sideral que podría ser de gran ayuda para resolver nuestros problemas económicos y la falta de
divisas (Lerena, 2021).
7
Entre Argentina y RU, para restablecer relaciones diplomáticas tras la Guerra, los cuales prevén una
zona de exclusión determinada por RU, con la inclusión de las islas Georgias y Sándwich del Sur.
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Frente a este panorama, la flota pesquera argentina privada tiene alrededor de 520 barcos, donde
el 43% de la flota está obsoleta. Además, solo el 33% de las principales empresas exportadoras
del sector pesquero son de capitales nacionales. Y a esa situación de fragilidad, se le suma
unaPrefectura Naval y una Armada que trabaja arduamente pero que terminan siendo
insuficientes por falta de recursos tanto para equipo como de logística (Palsur, 2019).
Esta situación nos lleva a perder 2.500 millones de dólares anuales en mercadería no declarada
o pescada de manera ilegal en aguas argentinas (Lerena, 2021). Frente a esto surge otro
problema producto de no contar con un empresariado pesquero local importante. De tenerlo,
podrían no solo competirles a las empresas extranjeras sino también generar presión a las
autoridades desde un interés económico genuino que conduciría a una mayor presencia militar y
civil.
La internacionalización del atlántico empieza a ser un tema que excede lo estrictamente regional
y se cola en la disputa global entre Estados Unidos y China, donde se ve el accionar chino como
una seria amenaza en la región.
A modo de sintetizar la situación actual, podemos decir que los argentinos vivimos de espalda al
mar, desde lo económico, lo cultural y en el reclamo soberano histórico. Mientras tanto, una
gran cantidad de naciones usufructúan nuestros recursos y se disputan nuestro territorio. Será
difícil tener avances en la recuperación de Malvinas si no cambiamos ese desinterés por un
profundo interés desde lo nacional, lo histórico y cultural, promovido también por lo
económico.
4.2. Una Política de Defensa del siglo XXI
Como se ha venido analizando, nuestro país tiene la difícil tarea de encuadrar la política de
Defensa tanto a la política exterior como a las restricciones presupuestarias. Pero dadas estas
limitaciones, la Defensa Nacional no puede dejar de lado su principal propósito, el cual sigue
siendo garantizar la soberanía e integridad de la nación, preservando sus intereses dentro de un
contexto internacional.
En ese sentido, la presupuestación es clave, pero elaborar un plan es aún más importante.
Presupuestar sin planear se acerca a la improvisación y planear sin considerar restricciones
económicas es un ejercicio teórico sin sentido (Eissa s.f).
Algunos debaten sobre aumentar el presupuesto sin planificar, lo cual podría ser absorbido por
la coyuntura y el corto plazo. Nuestro sistema de Defensa, en lo operacional, fue diseñado en un
contexto de Guerra Fría (años 60), basado en cuatro hipótesis de conflicto: la colaboración en la
lucha contra el comunismo internacional, el enemigo ideológico interno y las tradicionales
hipótesis con Brasil y Chile, todas situaciones inexistentes en el presente.
En la actualidad, con un sistema de Defensa elaborado en democracia y ya sin hipótesis de conflicto,
queda pendiente la recuperación de Malvinas y el control total de nuestra ZEE. El planteo para la
recuperación de estos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, se hace en un marco pacífico y bajo
principios del Derecho Internacional.
Sin embargo, la presencia militar británica en el Atlántico Sur genera una tensión innecesaria e
injustificada en toda la región. Por tal motivo, “resulta indispensable reforzar las capacidades
disuasorias de nuestro país sobre este espacio marítimo estratégico” (DPDN, 2021), para
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preservar nuestros recursos y garantizar nuestra soberanía, en una situación de
internacionalización y usurpación de nuestro territorio.
Para eso, es necesario una capacidad militar que se integra por Medios Materiales (Sistemas de
Armas), Inteligencia, Recursos Humanos, Infraestructura, Logística, Adiestramiento, Doctrina y
Organización (CUINAP, 2020). Para concretarla, es prioritaria la elaboración de un plan que
defina a quien y que equipamiento comprarle, y cuales producir nosotros mismos.
Con una clara planificación estratégica, de largo plazo, el Estado argentino podría volver a
destinar recursos a la inversión en la Armada. Por ejemplo, hoy solo el 2% del presupuesto
actual va dirigido a ese rubro (Idesa, 2017), cuando debería ser un punto fundamental dada
nuestra extensa porción marítima.
En ese sentido, el Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF) es una herramienta muy
importante, la cual ha permitido reequipar a las FFAA.
Este fondo, creado por la Ley N° 27.565, busca revertir décadas de deterioro de las capacidades
materiales, con el objetivo de favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de
proveedores, promover la innovación productiva con mayor escalonamiento tecnológico, e
incrementar acciones de investigación y desarrollo (Ley N° 27.565).
En este ensayo, importa más el equipamiento de la Armada, por ser la fuerza que tiene
jurisdicción en la zona de interés
8
. Para esa fuerza, el FONDEF ha servido para incorporar
helicópteros, modernizar buques, iniciar un programa de construcción de remolcadores para la
Armada, y para la terminación de una lancha LICA para la instrucción de cadetes en astilleros
estatales. Sin embargo, se necesita de una política de estado que institucionalice este tipo de
fondos y que se oriente a equipar con mayor potencia a las fuerzas armadas, y con instrumentos más
modernos y tecnológicos.
A su vez, resulta relevante destacar la incorporación de nuevos buques para la Armada, como
fueron los buques multipropósitos rusos y los patrulleros franceses. Ambos tipos de buques son
importantes, pero se requiere de una política para el desarrollo de la industria naval argentina,
dado el potencial de la misma, su historia y capacidades; y para evitar cualquier tipo de
dependencia externa a la hora de administrar un territorio tan extenso.
Por eso, se torna fundamental continuar desarrollando y promoviendo la industria nacional para
la Defensa, en astilleros, fabricas e instituciones de Ciencia y Tecnología como INVAP,
CITEDEF, y otros. Instituciones militares y/o civiles que han participado o pueden hacerlo en
incrementar las capacidades de Defensa.
4.3. Propuestas
Dada la situación planteada en este trabajo, se proponen algunas medidas, entre las cuales
podemos distinguir entre las medidas de política externa y las de política interna.
Por el lado de lado de la política exterior, se debe continuar con las acciones diplomáticas en el
marco de la resolución 2065/65 de UN. En términos de nuevas acciones, aparece la posibilidad
de fortalecer el vínculo con los estados ribereños de África Occidental que tengan ZEE en el
Atlántico Sur, para cooperar y para conformar una zona de paz. Estos estados ya han declarado
a esa área como como zona de paz y cooperación, prohibiendo la introducción de armas de
destrucción masiva. Nuestro país es miembro del foro de países ribereños del Atlántico Sur, y
8
También se incluye en el análisis a la PNA, pese a ser una fuerza de Seguridad.
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conforman la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS), pero se debe incentivar
aún más la cooperación y los trabajos conjuntos (DPDN, 2021).
En función de los intereses nacionales sobre Malvinas, la política exterior regional debe hacer
foco en la relación con Brasil, Chile y Uruguay; como política de estado más allá de los
vaivenes políticos internos que pueden llegar a generar descoordinación en la labor diplomática.
Nuestro país, junto con Brasil y Uruguay, tienen control, en teoría, del litoral marítimo
occidental del atlántico sur. En la práctica, esto se ve alterado por la presencia ilegal del Reino
Unido.
Por ese motivo, se debe promover el interés sudamericano por esta área. En ese sentido, la
diplomacia debería trabajar en establecer una política rioplatense con Uruguay, y en reforzar la
relación con Chile, con temáticas comunes como la Antártida.
Los esfuerzos en ese sentido se han evidenciado en mecanismos de confianza mutua y
cooperación militar, como se ha mencionado. Por ejemplo, en el vínculo con Chile se enmarca
el Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG) y el “2+2”, que involucra a los Ministros
de Defensa y de Relaciones Exteriores de ambos países
9
(DPDN, 2021).
Por su parte, el vínculo con Uruguay posiblemente sea el más complejo, en la cuestión del
Atlántico Sur, y donde deben incrementarse y fortalecerse los vínculos para fomentar la
cooperación. La situación del puerto de Montevideo como base logística de los buques
pesqueros ilegales, así como las recurrentes exposiciones de la delegación de pobladores
británicos de Malvinas en la “Expo Prado”, lo cual genera cierto grado de tensión y requiere de
un arduo trabajo diplomático para revertirla. (Infobae, 9/10/22).
Por otro lado, la política interna debería trabajar, como se mencionó, en establecer una política
de estado para las Fuerzas Armadas, y en especial para la Armada, para fortalecer su
equipamiento para el control de nuestra soberanía en el Atlántico.
Esto incluso en el marco de la política exterior regional donde “resultaría valioso relanzar
proyectos de desarrollo y fabricación en el ámbito de las industrias regionales para la Defensa,
que permitan distribuir los costos de desarrollo tecnológico y la carga financiera de la
producción, además de beneficiarse del conocimiento acumulado y ampliar los mercados”
10
(DPDN, 2021).
A su vez, el estado debe darles continuidad a las políticas de incentivo promoción para el
desarrollo de la industria naval, civil y militar, y la flota mercante nacional. Hubo intentos,
como las leyes de marina mercante y de promoción de industria naval en 2017, pero fueron
vetadas por el Ejecutivo en sus principales artículos. No se puede estar cambiando de políticas y
de rumbo permanentemente, por eso la necesidad imperante de una política con continuidad.
Por último, en materia de política exterior, se deberían desechar todos los acuerdos con el RU
que puedan ser interpretados ya sea como reconocimiento legítimo de los británicos en
Malvinas o pretendan una soberanía mixta. Esto debería conducir a una revisión de los acuerdos
desde los de Madrid hasta el Foradori- Duncan.
9
Todas acciones en el marco de un proceso de relaciones bilaterales iniciado, en democracia, con el
Tratado de Paz y Amistad de 1984, y que se ha institucionalizado.
10
Algunas experiencias de este tipo fueron la Reunión Regional de Intercambio Militar (RRIM); y la
participación de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) como proveedor de partes para el avión
militar Embraer KC-390 (DPDN, 2021).
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Otra medida tiene que ver con las multas y sanciones a los buques que pescan ilegalmente. Por
supuesto, se debe continuar con el control sobre el Atlántico, pero deberían incrementarse las
actividades de control y vigilancia, así como de capturas de buques. Actualmente, se capturan
solo 2 buques en promedio por año
11
, cuando arriban alrededor de 400 por año, para pesca
ilegal. Además del incremento en la presencia de nuestras fuerzas y de las capturas, se debe
fortalecer las medidas con el aumento en las multas y su actualización permanente, e incluso
considerar la incautación de la pesca/mercadería y la posible detención de los tripulantes (lo
cual requiere una reforma del Código Penal).
En esa línea, en el año 2020, se modificó la Ley de Pesca (Cancillería, 2/9/20) para actualizar el
monto de las multas, en base al precio del litro del gasoil, que no se actualizaban desde 1998.
Sin embargo, hasta el momento, ningún buque extranjero fue sancionado con las nuevas tarifas.
Entonces, se requiere la fórmula del nuevo esquema con buenos niveles de aplicación, lo cual
no solo serviría para fortalecer la posición argentina, sino también nos permitiría obtener fondos
que podrían ser asignados para solventar algunos de los gastos necesarios planteados en este
trabajo. Una posibilidad, sería que los fondos tengan asignación específica, donde una parte
(60%) este dirigido a continuar con la terea de control y captura, y el resto (40%) para un fondo
destinado al desarrollo de la industria naval. Esto permitiría tener más recursos para continuar
con las actividades de control y captura, así como para equipar a la fuerza con equipamiento
moderno, y tener financiamiento suficiente para suministrar insumos necesarios para la
logística.
Otra medida, más práctica, tiene que ver con llevar adelante una tarea conjunta entre las
empresas pesquera nacionales y la Armada. Esta es una idea de Lerena, quien propone ubicar
toda la flota congeladora en la milla 200 con combustible libre de impuestos pescando con el
apoyo de la Armada (Lerena, 2021). Esto podría impulsar aún más el desarrollo pesquero, el
cual permitiría fortalecer al empresariado nacional vinculado a esta región y crearía intereses y
preferencias tanto de trabajadores como empresarios, con sus vínculos en la sociedad civil, para
robustecer el reclamo argentino por Malvinas.
Todas estas medidas, podrían enmarcarse en un Ministerio del Mar o secretaria de estado, que
sea la encargada de entender sobre las prácticas de extracción, explotación, investigación,
tecnología, calidad, sanidad y seguridad de los recursos naturales (Lerena, 2021).
Por supuesto, estas son algunas posibles medidas a las que se debería apuntar, ajustándolas a la
realidad presupuestaria de nuestro país. Posiblemente sean sujetas a críticas, y quizás la más
importante podría ser el planteo de una posible militarización por parte de Argentina. El
problema de esa crítica es que omite que la zona de Malvinas ya está militarizada e
internacionalizada.
Por todo esto, el reclamo soberano por Malvinas debe persistir en lo diplomático y sostenerse en
las políticas internas que permitan acelerar y presionar sobre los procesos de diálogo y acuerdo.
Mientras tanto, este tipo de políticas podrían generar grandes efectos positivos en toda la
economía nacional a la par que generarían una gran visibilizarían del tema.
Para eso, resulta fundamental que se haga una primera visibilizarían sobre la población,
gobernantes y referentes internacionales, que puedan actuar como impulso motor para iniciar
11
En las últimas 3 décadas se capturaron 80 buques: 15 de Corea del Sur, 12 de China, 11de Taiwan, y
11 de España (PNA, s.f).
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este tipo de medidas. En ese sentido, un gran paso ha sido el reconocimiento y difusión, en la
cartografía y en escuelas, de nuestro país en su carácter de bicontinental y marítimo.
5. Conclusión
A modo de cierre, se puede decir que la recuperación de las Malvinas y el pleno ejercicio del
control sobre nuestra ZEE en el Atlántico Sur, implica algo más que el reclamo diplomático.
Nuestro país lleva más de 40 años esperando que RU se siente a dialogar, en el marco de la
resolución 2065 de Naciones Unidas, y aún no ha ocurrido. Por esa razón, las medidas
planteadas en este trabajo podrían servir para generar presión para provocar el dialogo, a la par
que nos permitiría desarrollar muchas áreas de la economía y aprovechar buena parte de
nuestros recursos.
La disponibilidad de una gran cantidad de recursos, energéticos y alimenticios, entre otros,
puede funcionar como un gran incentivo para el interés económico nacional, público y/o
privado en el marco de la recuperación de nuestros territorios. Ese potencial económico debe ser
conocido por todos, así como se conoce sobre la ocupación ilegal por parte de los británicos.
Entender que esa porción del Atlántico nos pertenece, implica una responsabilidad para
protegerla de países extranjeros que realizan actividades extractivas ilegales. Para preservar el
territorio, la biodiversidad y los recursos, resulta esencial la planificación de la Defensa en este
sentido, acompañada por un incremento considerable en el gasto para equipar a nuestras fuerzas
en las tareas de vigilancia, patrullaje y control.
Estas iniciativas podrían fortalecer la posición argentina a la hora de dialogar. Pese que algunos
consideren a la resolución 2065/65 como la única forma de resolver el conflicto y de recuperar
las islas. La falta de resultados ha dejado en evidencia las insuficiencias de esa estrategia.
Además, con un mayor control de la zona bajo actual control nacional, por parte de la Armada y
Prefectura, puede generar más recursos por recaudación de multas a la pesca ilegal, los cuales
pueden servir para reequipar a las FFAA.
Creer que la recuperación de nuestros territorios puede darse solo a través de la cooperación
pareciera algo ingenuo. Debemos poner el foco en pensar al Atlántico Sur desde una visión
nacional, donde se puedan incrementar los grupos de presión de la sociedad civil. Por eso, las
medidas planteadas en este trabajo apuntan a generar intereses económicos y/o políticos-
sociales, que actúen como agentes de presión y se anexionen a los ya existentes como los
veteranos, académicos, y fuerzas armadas.
Por último, cabe destacar que vivimos en un mundo incierto donde las amenazas trasnacionales
están dando lugar, nuevamente, tanto a la geopolítica como al balance de poder, y en ese sentido
es fundamental que Argentina haga esfuerzos por incrementar su presencia en el Atlántico Sur
para mejorar su posición en una futura mesa de dialogo. Recuperar un territorio invadido
requerirá de grandes esfuerzos. Continuar con una política pasiva, no nos conducirá a ningún
resultado positivo.
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Esta obra está bajo una licencia internacional https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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