Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 136, diciembre 2022, pp. 7-31
ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea)
La política exterior de Mauricio Macri hacia Venezuela (2015-2019)
Delfina Sol Campanella
*
Resumen
El presente artículo analiza la política exterior argentina hacia Venezuela durante la administración de
Mauricio Macri. En primer lugar, se concentra en los principales lineamientos de la política exterior entre
2015-2019, enfatizando su dimensión económica y la prioridad otorgada a los vínculos con los poderes
tradicionales y Venezuela, para el caso de la región latinoamericana. En segunda instancia, se realiza un
abordaje sobre los vínculos bilaterales, tanto a nivel político-diplomático como económico-comercial.
Finalmente, el trabajo indaga sobre las relaciones argentino-venezolanas en instancias multilaterales,
analizando los casos del MERCOSUR, OEA, UNASUR y PROSUR. Así, el artículo busca contribuir en
la temática aportando un enfoque desde el cual abordar la inserción internacional argentina.
Palabras claves: Política exterior- Argentina- Venezuela- Macri
Abstract
This paper analyzes the argentinian foreign policy towards Venezuela during Mauricio Macri’s
government. First, it focuses on the main guidelines of foreign policy between 2015-2019, emphasizing
its economic dimension and the priority given to links with traditional powers and Venezuela, in the case
of the Latin American region. Second, it makes an approach about bilateral relations, both at the politic-
diplomatic and economic-commercial levels. Finally, the paper investigates argentine-venezuelan
relations in multilateral spaces, analyzing the cases of MERCOSUR, OAS, UNASUR and PROSUR.
Thus, the article represents a breakthrough in providing an approach from which to address Argentina's
international insertion.
Keywords: Foreign policy- Argentina- Venezuela- Macri
TRABAJO RECIBIDO: 06/06/2022 TRABAJO ACEPTADO: 15/09/2022
Esta obra está bajo una licencia internacional https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
*
Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires (U.N.C.P.B.A). Integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas
Internacionales y Locales (CEIPIL). Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET). E-mail: delficampanella@gmail.com
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Introducción
Los cambios experimentados a nivel internacional, regional y nacional–derivados de profundos
procesos económicos, políticos, sociales e internacionales–para el año 2015 en Argentina
marcaron el final del periodo “kirchnerista” y dieron comienzo a la gestión de Mauricio Macri,
quien asumió la presidencia a través de la alianza “Cambiemos”.
Desde su llegada a la Casa Rosada, el nuevo gobierno buscó diferenciarse de las
administraciones anteriores y diseñó una agenda con numerosos cambios a nivel político,
económico, social e internacional: ello supuso un cambio en la estrategia de desarrollo que, por
ende, tuvo su correlato en el ámbito de la política exterior (D’Alesio, 2019, p.196).
En el presente artículo, se parte de entender la política exterior (en adelante PE) como el
conjunto de acciones desarrolladas por un Estado-nación, en respuesta a demandas y
determinantes internos y externos (Perina, 1988), considerándola como una acción de política
gubernamental, y, como tal, una política pública (Tomassini, 1987). Así, se analiza la política
exterior como producto de la conjunción de variables internas y externas, puesto que la mayoría
de los estudios que tienen por objeto su análisis, la consideran como una variable dependiente,
en gran medida del modelo de desarrollo y demás condicionantes del Estado en cuestión.
De esta manera, en términos analíticos, se adhiere a los postulados del modelo “interactivo” o
“interméstico”, que concibe a la política exterior como producto de condicionantes de origen
interno y externo (Soares de Lima, 1994). En este punto, cabe mencionar que se considera al
modelo de desarrollo implementado por la gestión macrista como uno de los factores internos
centrales, mientras que el rol de los Estados Unidos y el giro a la derecha en la región
latinoamericana se configuran como los principales condicionantes externos incidentes en la
formulación de la PE entre 2015-2019.
En este marco, la hipótesis central del trabajo sostiene que a partir de la presidencia de Mauricio
Macri se desarrolló una política exterior confrontativa con respecto a Venezuela, lo que se
evidencia tanto a nivel bilateral como en instancias multilaterales. Ello fue producto de la
incidencia de factores internos y externos, como se trabajó en otras obras (Campanella,
2020;2021).
En este sentido, se resalta que la elección de la vinculación con Venezuela como objeto de
estudio permite analizar la política exterior argentina y sus variaciones desde una óptica
diferente a la tradicional, la cual ha centrado su atención en los centros de poder mundial (como
Estados Unidos, Europa) o regional en el ámbito del Cono Sur (como Brasil). Además,
entendiendo que la relación con Venezuela fue uno de los ejes de la política exterior macrista
entre 2015-2019 –período que aún hoy cuenta con investigaciones limitadas–, dicha arista de
análisis buscará establecer una mirada innovadora sobre el estudio de la inserción internacional
argentina en términos contemporáneos.
Finalmente, el enfoque de esta investigación es fundamentalmente cualitativo, y se realizó un
análisis de fuentes primarias y secundarias. Entre las fuentes primarias se encuentran discursos
de los representantes del Poder Ejecutivo, documentos oficiales de la Cancillería Argentina y de
Venezuela, artículos e informes elaborados por otras entidades nacionales, regionales e
internacionales, entre otras. Dicho análisis permitió detectar el posicionamiento argentino en
términos de política exterior y los lineamientos referidos a la vinculación con Venezuela, entre
otros. En relación a las fuentes secundarias, se realizó una búsqueda y análisis de documentos
académicos y se trabajó complementariamente con material de fuentes periodísticas vinculadas
a la temática.
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1. Principales lineamientos de la política exterior de Mauricio Macri (2015-2019)
La formulación e implementación de la política exterior es un proceso complejo, resultado de la
conjunción de factores internos y externos del contexto nacional, regional e internacional. A los
fines de proceder al análisis de la política exterior argentina durante la gestión de Mauricio
Macri (2015-2019), se parte de considerar que ésta estuvo incidida por múltiples
condicionantes, entre ellas el modelo de desarrollo, el giro a la derecha en la región
latinoamericana y el rol de los Estados Unidos, como se profundiza a lo largo de otros trabajos
(Campanella, 2020; 2021).
Por un lado, la implementación de un modelo de desarrollo económico, político y de inserción
internacional neoliberal se constituyó en uno de los condicionantes internos centrales para
comprender la formulación e implementación de la PE entre 2015-2019. Como señala María
Elena Lorenzini (2011, p.43), el modelo de desarrollo no es sino la manera en que se articula la
política y la economía en un contexto histórico determinado. Así, a cada modelo le corresponde
un modo de producción, de distribución de la riqueza y una estrategia de inserción internacional
(Lorenzini, 2011, p.43) y, como agrega Laura D’Alesio (2019, p.197), la vinculación de la
política exterior con dicha estrategia cobra diferentes valores y magnitudes según cada modelo
de desarrollo.
De esta manera y a modo de síntesis, en términos económicos, el gobierno de Macri adhirió a
los postulados del modelo neoliberal de los años noventa, como lo ilustran las principales
medidas tomadas. A rasgos generales, se entiende que en cuanto al régimen de acumulación se
optó por una distribución regresiva del ingreso en favor de las clases más concentradas y los
grandes capitales, lo que a su vez fue de la mano con un modelo de producción extractivista,
buscando acentuar la especialización sojera que venían gestando los sectores primarios y
beneficiar también a algunos sectores industriales (Campanella, 2020, p.136). Asimismo, las
grandes corporaciones económicas y sectores de las finanzas fueron sus grandes beneficiarios.
Por otro lado y en términos políticos, se vislumbra que en el nivel de las relaciones de fuerzas
políticas en el gobierno de Macri coincidió el poder social (sectores económicos predominantes)
con el poder político (gobierno) de manera inédita. Además, numerosos análisis catalogan a su
equipo como el “gobierno de los CEOs”, en tanto la mayor parte de los funcionarios de primer
rango representaron los intereses de las grandes empresas y sectores de las finanzas
(Campanella, 2020, p.136). Por último, en la dimensión social, la idea de “cambio” implicó
lograr un cambio cultural profundo en la Argentina, destinado a sepultar el populismo
(entendido como peronismo). No obstante, lejos de recomponer ese vínculo entre gobierno y
sociedad “desgastado” años anteriores, hubo numerosos retrocesos en materia de derechos.
Por otro lado, el giro a la derecha en la región latinoamericana a partir del año 2015 y el rol de
los Estados Unidos se erigen como condicionantes externos incidentes en la formulación de la
política exterior argentina y de los países de la región. Por un lado, para la segunda década del
siglo XXI, las características del orden internacional mutarían hacia un perfil más “restrictivo”
que las décadas anteriores, marcado por acontecimientos como la crisis internacional del 2008 y
el surgimiento de tendencias proteccionistas y nacionalistas, con sucesos como el Brexit y la
llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que pusieron en jaque los pilares del orden
internacional liberal cimentado por las potencias occidentales (Campanella, 2020, p.65).
Trabajos como los de Astroza Suárez (2019); Cobarrubia (2015); Gullo Maraví (2018); Merino
(2017; 2019), Sanahuja (2018), entre otros, exploran las temáticas.
Por otra parte, en América Latina, el debilitamiento del multilateralismo dio lugar a la
emergencia de nuevos enfoques de la integración regional y a una transformación de la
cartografía geopolítica, que afectaron la formulación e implementación de las políticas
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exteriores de los principales actores latinoamericanos (Hershberg et al, 2014, p.12). Así,
tomaron fuerza las tendencias de regionalismo abierto y “giro a la derecha” en la región, siendo
el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil, el triunfo de la oposición venezolana, el no al
referéndum boliviano y la llegada al poder de Mauricio Macri algunas de sus expresiones
(Campanella, 2020, p.66). De esta manera, numerosos análisis académicos y políticos advierten
una lectura negativa en el devenir de las relaciones internacionales sudamericanas a partir de
entonces, tanto en la proyección de la región a nivel global y sus procesos de integración, como
así también en lo que respecta a la profundización y densidad de los vínculos bilaterales entre
los países del sur del continente (Busso, 2016, p.126). Autores como Ceppi (2019), Lorenzini y
Pereyra Doval (2018), Natanson (2014), entre otros, abordan las diversas dinámicas de procesos
políticos que darían lugar al ascenso de esta “nueva derecha”.
En este marco, en abril de 2015–meses antes de las elecciones presidenciales que darían el
triunfo a Macri– se hizo público el documento “Reflexiones sobre los desafíos externos de la
Argentina: Seremos afuera lo que seamos dentro”, del autodenominado “Grupo Consenso”
(Morgenfeld, 2017, p.1). Este estaba integrado por referentes de la oposición al kirchnerismo
que planteaban cuáles serían los desafíos, en materia de política exterior, que debería asumir
quien sucediera a Cristina Fernández. En síntesis, se planteaba:
la necesidad de insertar adecuadamente a la Argentina en el mundo (…), ser un activo y
responsable actor global (…), partiendo de nuestra identidad occidental, como sociedad
que practica y defiende las instituciones republicanas, la división de poderes, la libertad
de expresión, los derechos humanos y las garantías individuales (…), consolidando los
valores de una sociedad abierta, moderna y respetuosa del ordenamiento internacional
(Grupo Consenso, 2015, p. 1).
Retomando a Morgenfeld (2017, p.2), había que volver a ser un país “normal” y “serio” como
venían sosteniendo mucho de los firmantes en los últimos años. Es decir, asumir la condición
periférica del país y evitar cuestionar el rol de gendarme global ejercido desde décadas por
Estados Unidos, con Europa y Japón como socios. Además, el documento del Grupo bregaba
por:
una adecuada convergencia entre el Mercosur atlántico y la promisoria Alianza del
Pacífico para acceder, con máxima capacidad negociadora, al centro económico
mundial que se está conformando en torno a la región Asia-Pacífico (…) En paralelo,
en ejercicio del multilateralismo que debe orientar nuestro accionar externo, trabajar
para fortalecer nuestras tradicionales relaciones con Europa y los Estados Unidos
(Grupo Consenso, 2015, p. 3).
En definitiva, parecían promover las ideas del Consenso de Washington de los años noventa, en
tanto la política exterior desplegada por el gobierno de Macri compartió varias de sus
premisas(Morgenfeld, 2017, p.2). Así y en palabras de Busso (2017, p.3), desde el inicio del
gobierno de Macri se privilegió la inserción occidental, lo que supone, entre otros factores, un
mayor relacionamiento con organismos multilaterales y de crédito y un estrechamiento de lazos
con los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Asia, dejando poco lugar a los esquemas de
política exterior que desde 1983 priorizaron los vínculos y las estrategias de integración con la
región. En ese sentido, Simonoff (2016, p.44) señala que se dio un “giro de 180 grados” en los
vínculos con las potencias tradicionales –EEUU, Europa Occidental– y que apuntaba a esos
actores del poder mundial en una construcción más “occidentalista” o “globalista” que la
desarrollada por las administraciones Cristina Fernández. Así, se parte de una postura crítica
frente a la política exterior desarrollada por su predecesora, entendiendo que durante los
gobiernos anteriores el país se había aislado internacionalmente. Como señalan Tomás Listrani
Blanco y Carolina Zaccato (2018, p.168), se buscó reinsertar a Argentina en el mundo y
recomponer los vínculos que, bajo esta mirada, habían sido descuidados en los años
precedentes.
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Por su parte, María Cecilia Míguez (2018, p.20) entiende la política exterior de Macri en “clave
económica”, siendo que ésta se orientó a profundizar lazos de dependencia económica y política
respecto de las potencias, basándose en la idea de “acoplarse” (bandwagoning) y entendida
como la contrapartida del “aislamiento”–al cual se creía que se había incurrido durante la etapa
kirchnerista–. En esta línea, Listrani Blanco y Zaccato (2018, p.183) expresan que la Argentina
de Macri se posicionó como un bastión partidario del orden liberal internacional en América
Latina, teniendo como axioma que las relaciones exteriores estuvieran al servicio de las
potencialidades económicas.
Como se mencionó, en vistas de la construcción “occidentalista” de la política exterior
(Simonoff, 2016), el gobierno argentino buscó privilegiar los vínculos con las potencias
tradicionales. Con la Unión Europea, un ejemplo de ello fue la firma del Acuerdo
MERCOSUR-UE, donde se buscó utilizar al MERCOSUR como un “trampolín” o “puerta de
acceso” a mercados como el de la UE o la Alianza del Pacífico. Por su parte, la vinculación con
Estados Unidos experimentó un cambio importante con la llegada al poder de Mauricio Macri.
En el marco de la concepción favorable del gobierno al proceso de globalización, se proclamaría
la necesidad de “volver al mundo” y desideologizar la política exterior. De esta manera, la
relación con la potencia del norte constituiría otra de las dimensiones más notables del viraje en
materia de política exterior (Frenkel, 2016, p.4) y sería una de las prioridades reconstruir dicho
vínculo (Mazzina y González Cambel, 2018, p.198). El diagnóstico partía de la idea de que
lograr el beneplácito de la primera potencia facilitaría una mejor obtención de los dividendos de
la globalización, atraería capitales y coadyuvaría a una inserción competitiva en las cadenas
globales de valor (Frenkel y Azzi, 2018, p.190). Así, el gobierno de Macri no ahorró señales
hacia el gran capital financiero, pero sobre todo hacia los Estados Unidos (Morgenfeld, 2017,
p.2).
Otro rasgo a destacar fue la búsqueda de una rápida transformación en la inserción regional,
abandonando los valores vinculados a la integración regional y a la cooperación Sur-Sur
(D’Alesio, 2019, p.210). Siguiendo a la autora, desde un primer momento Macri postuló a la
región como un eje central de su política exterior y como puntapié para lograr una mayor
proyección a nivel internacional. Partiendo de la idea de la “vuelta al mundo”, se asumió a éste
como un tablero de ajedrez de múltiples niveles, donde la vinculación con dicho tablero debía
ejecutarse a partir de círculos concéntricos, siendo el primero de ellos América Latina (Comini
y Tussie, 2016, p.10). Además, entendiendo a la PE en clave económica es que desde los
comienzos de su mandato Macri apuntaría al MERCOSUR y a la Alianza del Pacífico como los
organismos regionales hacia los cuales canalizar las aspiraciones argentinas en materia de
integración, mientras que instancias de cooperación como la UNASUR o CELAC irían
desapareciendo del radar del Palacio San Martín (Frenkel, 2016, p.5).
En este marco, uno de los ejes de la política exterior de Cambiemos hacia América Latina se
orientó a desalentar las relaciones con los países del eje bolivariano (Carmody, 2016, p.383).
Incluso desde antes de la asunción de Macri, se libraría una batalla contra la Venezuela de
Nicolás Maduro, lo que, lejos de desideologizar la política exterior
1
, le agregaría un matiz
ideológico a las relaciones con la región (Frenkel, 2016, p.9). En esta línea, cabe mencionar el
trabajo de Lorenzini (2021, p.103), quien pondera la dimensión ideológica como variable de
1
Pocos días antes de asumir en su cargo, la canciller Susana Malcorra señaló que habría que “hablar de
las relaciones exteriores como políticas de Estado, desideologizando lo que se hace” y que trabajaría
“ajustándose a los lineamientos que lleva adelante el presidente Macri”, basándose “en principios a los
que adhirió la Argentina a lo largo del tiempo” (Dinatale y Liotti, 2015). Asimismo, Malcorra sostuvo
que todas las plataformas –regionales, globales– se utilizarían “para el interés argentino”, sin dar lugar
a una “aproximación ideológica a esas cuestiones”: “pragmatismo y desideologización son dos
palabras que incorporaremos al nuevo diccionario de la diplomacia argentina”, relató para La Nación
(Dinatale y Liotti, 2015).
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análisis, argumentando que el modo en que el presidente argentino se posicionó frente a la crisis
venezolana –a diferencia de cómo lo hizo su predecesora— guarda relación con su idiosincrasia,
es decir con el conjunto de principios, ideas y creencias que tenía y/o tiene en tanto sujeto
social.
A modo de síntesis, la postura crítica esbozada hacia el país bolivariano se alineó a la estrategia
del gobierno norteamericano contra Nicolás Maduro, y se encontró atravesada por múltiples
variables, como se aborda en los próximos apartados.
En suma, entre los principales temas de agenda en materia de política exterior durante la gestión
macrista se pueden mencionar la búsqueda de reforzar vínculos con poderes tradicionales como
los EEUU y la UE, la participación en instancias multilaterales, la apertura de mercados –
resaltando la dimensión económica de la PE–, entre otros. Asimismo, el modelo de desarrollo
económico y político neoliberal, con una agenda de inserción internacional marcadamente
aperturista y pro-occidental explica la orientación de la política exterior y los vínculos
adoptados en el periodo 2015-2019.
2. Las relaciones bilaterales entre Argentina y Venezuela
Como se adelantó, los vínculos adoptados con Venezuela fueron uno de los ejes centrales de la
política exterior argentina durante la gestión de Macri. Ya desde la campaña electoral de 2015,
la política exterior de la etapa kirchnerista fue objeto de crítica y se expresaba la preocupación
ante la situación venezolana. Antes de asumir la presidencia, Macri ya había manifestado su
repudio al régimen chavista, denunciando la persecución a opositores y las violaciones
sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. En este sentido, reclamaría la aplicación de
la cláusula democrática en el seno del MERCOSUR.
Desde entonces, se iniciaría una escalada en el conflicto bilateral, con altibajos y acusaciones
cruzadas (Frenkel, 2016, p.9). Una de las constantes en la política exterior del gobierno
argentino entre 2015-2019 fueron las acusaciones que tildaban al régimen venezolano como
antidemocrático. En varias ocasiones, la Cancillería argentina hizo referencia a “la importancia
de la defensa y firme impulso de los valores y la plena vigencia de las instituciones
democráticas y de la protección, promoción y respeto irrestricto de los Derechos Humanos, para
consolidar los procesos democráticos” (Comunicado Conjunto de los Presidentes del
MERCOSUR y Estados asociados- Cumbre de Asunción, 2015, p.1). Por otro lado, también lo
fueron las denuncias por violaciones a los derechos humanos, derecho a manifestaciones
pacíficas y libertad de expresión.
Por su parte, el gobierno de Venezuela respondería denunciando la injerencia de la Argentina y
otros países de la región en sus asuntos internos. Tanto el presidente Nicolás Maduro como la
ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, criticaron la preocupación de sus vecinos
por “incursos en delitos terroristas” –haciendo alusión a la oposición– y repudiaron las
“acciones en contra de la Patria de Simón Bolívar a manos de los carteles de la derecha
internacional”
2
.
Siguiendo a Frenkel (2016, p.9-10), esta confrontación con Caracas obedecería a dos razones
primordiales. Por un lado, dar cuenta de la nueva estrategia de inserción internacional argentina,
marcadamente aperturista y pro-occidental, como ya se mencionó. Según Francisco Castaño
(2017, p.16), la búsqueda de capitales externos por parte del gobierno de Macri ha ido de la
mano con la condena esbozada hacia Venezuela y el acercamiento con Estados Unidos. Por otra
parte, la ofensiva contra Venezuela también significaría correr a un potencial veto a la
2
Página12 (2015, 17 de diciembre): “Venezuela, contra la “injerencia” de la canciller Malcorra”.
Recuperado de www.pagina12.com.ar
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flexibilización del MERCOSUR, impulsada por Argentina y otros países de la región. En este
sentido Macri buscó abordar su estrategia de inserción internacional: “la idea de una Argentina
abierta al mundo se va a concretar desde el MERCOSUR, bloque al que hay que dinamizar ya
que está congelado hace tiempo” (Diario 26, 2016
3
citado por Mastropierro, 2016, p. 4).
En el marco de la búsqueda de convergencia entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico y
del reimpulso de esquemas de regionalismo abierto es que debe entenderse la pretensión de
redefinir al MERCOSUR, buscando una flexibilización que les permita a sus socios una mayor
libertad de movimiento. Esta pretensión choca con la idea de una profundización y ampliación
de la integración en la región, representada por Venezuela, idea que comienza a ser combatida,
y con ella el gobierno de Maduro (Quintanar y Cifuentes, 2016, p.5).
Con respecto a los vínculos económicos, según datos del INDEC (s/f), se pueden dilucidar
algunas variaciones en el intercambio comercial argentino con Venezuela a partir de finales de
2013, que se profundizan a lo largo de la administración de Mauricio Macri. Según el
organismo, hasta 2015 Venezuela constituía, detrás de Brasil, uno de los países con el que se
registraron mayores intercambios en materia de comercio exterior en el seno del MERCOSUR.
Según los datos de los vínculos comerciales bilaterales durante el gobierno de Cristina
Fernández, en el año 2014 hubo un saldo positivo en la balanza comercial argentino-venezolana
de aproximadamente unos U$S1.977 millones, y de manera similar en el 2015 se registró un
saldo positivo de US$1.363 millones. No obstante, a partir del año 2016, si bien persiste una
balanza superavitaria, se comenzaron a registrar descensos en la magnitud de los intercambios,
pasando de un saldo de US$639 millones en 2016 a uno de US$351 millones en el año 2018.
Tal es así, que para el año 2017 el comercio bilateral se ubicó en un setenta por ciento (70%)
debajo del récord del año 2013, pasando Venezuela de ser el quinto mercado para la Argentina
al vigésimo tercero en 2017
4
. Para el año 2019, los intercambios fueron muy atenuados
(Cuadro Nº1).
Cuadro Nº1. Intercambio comercial con Venezuela durante el gobierno de Mauricio Macri
Año Exportaciones** Importaciones** Saldo Comercial**
2015 1.370 7 1.363
2016 707 68 639
2017 246 16 231
2018 359 8 351
2019 126 1 125
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC y CEI.
**En millones de dólares FOB y CIF.
Por otra parte, en lo que respecta a la composición de las importaciones y exportaciones, puede
decirse que ésta fue constante a lo largo del periodo 2013-2019. Siguiendo los datos del INDEC
(s/f), entre 2015-2019 la Argentina exportó mayoritariamente productos del rubro agrícola-
ganadero, tales como carne ovina deshuesada y congelada, maíz, porotos, sorgo, levaduras,
vinos y otros preparados alimenticios. Otro rubro importante en la participación del comercio
exterior fue el de medicamentos y laboratorios e insumos de higiene, como también vacunas por
3
Diario 26 (2016, 30 de junio): “Macri en Chile. Argentina debe insertarse en el mundo”. Recuperado de
www.diario26.com
4
El Cronista (2017, 4 de agosto): “Venezuela: cómo pasó de ser el puesto 5 al 23 para las exportaciones
argentinas”. Recuperado de www.cronista.com
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ejemplo contra la aftosa, lo que se explica en parte debido a la crítica situación humanitaria en
la que se encuentra Venezuela. Por su parte, también se mantuvo la composición de las
importaciones, encontrando entre los principales productos insumos químicos como metanol y
etanodiol, también papeles y cartones testliner y acanalados y otros materiales para la
fabricación de envases, cacao y autopartes.
Cabe mencionar que estas variaciones en la balanza comercial se dan en un contexto de recesión
económica de la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, además de la agudización de
la situación económica, política, institucional, social y humanitaria de Venezuela. Así lo afirmó
el presidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Argentina (CAVENARG), Benjamín
Tripier: “el comercio bilateral ha disminuido, debido a que la recesión hace que Venezuela
importe menos y que la producción para exportar en Argentina ha disminuido”
5
. De esta
manera, a pesar de existir diferencias político-ideológicas entre los gobiernos de Macri y
Maduro, estas no explican por sí mismas la disminución del intercambio comercial.
En cuanto a la vinculación diplomática, los contactos entre Argentina y Venezuela durante
2015-2019 fueron escasos. A lo largo de la administración de Macri, con Susana Malcorra –
hasta 2017– y Jorge Faurie –hasta la finalización del mandato– como cancilleres, no se
sustanciaron acuerdos bilaterales entre ambos países. Como se esbozó anteriormente, la relación
estuvo marcada por acusaciones cruzadas
6
. Por otro lado, tampoco hubo prácticamente
intercambio de visitas entre altos funcionarios del Estado argentino y la RBV
7
.
Solamente en una ocasión en 2016, la canciller Malcorra se reunió en Caracas con la ministra
Delcy Rodríguez, buscando una alternativa de diálogo para afrontar la crisis
8
. Cabe aclarar que a
lo largo de su actividad como canciller, Malcorra adoptó, a diferencia del presidente, una
postura más moderada. Durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA, Malcorra
consideró que la discusión acerca de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana era
apresurada (Dinatale, 2016). La oposición de Venezuela acusó a Macri de no cumplir con su
palabra, luego de haberlo escuchado pedir la aplicación de la misma, y adjudicó este “giro” en
la postura de Malcorra al interés del gobierno en reunir los votos necesarios para que sucediera
a Ban Ki Moon como Secretaria General de la ONU en 2016
9
. No obstante, el gobierno sostuvo
que no había tenido lugar ningún giro en la postura crítica hacia Nicolás Maduro.
Cuando asumió la presidencia en 2015, Macri ordenó extender hasta agosto de 2017 la misión
de Eduardo Porretti, diplomático de carrera, como Encargado de Negocios en la Embajada de la
República Argentina en Venezuela (Niebieskikwiat, 2017). Finalizado ese lapso, el presidente
5
El Nacional (2016, 12 de agosto): “Cavenarg asegura que el comercio entre Venezuela y Argentina ha
disminuido”. Recuperado de www.elnacional.com
6
Otro ejemplo de ello fueron las sucesivas referencias del presidente argentino, quien sostuvo que
“Venezuela vive bajo una dictadura” y catalogó a Maduro como “un victimario que se victimiza” (La
Voz del Pueblo, 2019). Asimismo, el presidente venezolano criticó en varias ocasiones a su par
argentino por “haber entregado al país en los brazos del Fondo Monetario Internacional”, agregando
que “Macri pasará a la historia como uno de los personajes más nefastos, oscuros y criminales que haya
existido en la historia”, como señaló durante una cadena nacional (Perfil, 2018).
La Voz del Pueblo (2019, 10 de enero): “Macri: “Venezuela vive bajo dictadura” y “Maduro es un
victimario que se victimiza”. Recuperado de www.lavozdelpueblo.com.ar
Perfil (2018, 4 de septiembre): “Cadena nacional de Maduro contra Macri: “es uno de los personajes
más oscuros, nefastos y criminales”. Recuperado de https://www.perfil.com/noticias/internacional/cade
na-nacional-de-maduro-contra-macri-uno-de-los-personajes-mas-oscuros-nefastos-y-criminales.phtml
7
República Bolivariana de Venezuela, en adelante RBV.
8
El Cronista (2016, 8 de junio): “Exclusivo: Malcorra viajó en secreto a Venezuela”. Recuperado de
www.cronista.com
9
La Política Online (2016, 4 de junio): “Peña tuvo que aclarar que el Gobierno sigue siendo crítico de
Nicolás Maduro”. Recuperado de www.lapoliticaonline.com
14
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determinó que la embajada en Caracas permanezca en el nivel de encargada de negocios. Como
señala Natasha Niebieskikwiat para Clarín, en materia diplomática ello supone una
demostración de frialdad en un vínculo cuando existe algún conflicto, y efectivamente así fue.
Durante la gestión del canciller Faurie, en el año 2019 tras el reconocimiento de Juan Guaidó
como presidente encargado de Venezuela, Elisa Trotta Gamus (designada por la Asamblea
Nacional) fue reconocida como embajadora de la RBV. En esa ocasión, Faurie sostuvo que la
Argentina no había roto relaciones con Venezuela, sino que “los Estados mantienen relaciones
entre sí, con independencia de los gobiernos”
10
. Al igual que los demás integrantes del Grupo de
Lima, Argentina desconoció los documentos de los diplomáticos emitidos por Maduro. En una
conferencia de prensa, además, el Canciller agregó que “el relacionamiento comercial entre
ambos países es prácticamente inexistente” y que “desde Argentina no tenemos relaciones
culturales de relieve ni otras de tipo social o deportivo”
11
.
De esta manera y en base a lo expuesto, se puede concluir que los vínculos bilaterales entre
Argentina y Venezuela durante el periodo 2015-2019 dan cuenta de una orientación
confrontativa en materia de política exterior, lo que se evidencia fundamentalmente en el ámbito
político-diplomático, lo cual a su vez fue incentivado por intercambios económico-comerciales
cada vez menos relevantes.
3. Los vínculos Argentina-Venezuela en instancias multilaterales
A lo largo de la gestión de Macri, la diplomacia argentina también profundizó una política
exterior caracterizada por la condena al gobierno de Nicolás Maduro en distintas instancias
regionales. El MERCOSUR fue uno de ellos, pero también lo hizo a través de su participación
en organismos como el Grupo de Lima y en el seno de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Como señala Guadalupe Dithurbide (2018, p.6), estos elementos permiten
vislumbrar el destacado papel de la Argentina en la estrategia de aislamiento de Venezuela,
impulsada fuertemente por el gobierno de Estados Unidos.
Con el objetivo de dar cuenta de la vinculación multilateral argentino-venezolana entre 2015-
2019, se procedió a analizar algunos hechos concretos que permiten dilucidar la hipótesis
planteada en este trabajo. Estos son: la suspensión de Venezuela del MERCOSUR (2017), el
accionar del gobierno argentino en la OEA y el reconocimiento de Juan Guaidó como
presidente legítimo de la RBV (2019), y la creación del PROSUR y posterior retiro argentino de
la UNASUR (2019).
1. La suspensión de Venezuela del MERCOSUR
En 2016, los países fundadores del MERCOSUR ejercieron de manera conjunta la Presidencia
pro témpore del bloque. Entendiendo que el traspaso en dicho cargo se realiza siguiendo el
orden alfabético, luego de haberlo ejercido Uruguay en el 2015, le hubiera correspondido a
Venezuela hacerlo. No obstante, Argentina y Paraguay, junto con Temer como presidente en
Brasil, manifestaron que no aceptarían el traspaso ya que Venezuela incumplía una serie de
disposiciones que se exigen a los países miembros (Rivas Molina, 2016).
En diciembre de 2016, luego de un plazo de varios meses que le otorgaron al gobierno de
Nicolás Maduro para incorporar disposiciones a su legislación, los cancilleres de los Estados
miembros y signatarios del Tratado de Asunción dieron a conocer su decisión conjunta de dejar
sin efectos los derechos inherentes a la condición de Venezuela como Estado parte asociado del
bloque.
10
Telam (2019a, 12 de octubre): “Faurie afirmó que la Argentina “no ha roto relaciones” con Venezuela
sino que reconoce a Guaidó”. Recuperado de www.telam.com.ar
11
Op. Cit.
15
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Tras la agudización de la crisis venezolana, en agosto del año siguiente decidieron avanzar en la
suspensión. Entre las razones que se alegaron en la decisión se mencionó la ruptura del orden
democrático, obstáculo para la continuidad del proceso de integración. A juicio de los Estados
fundadores, se incumplió con lo determinado por el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso
Democrático del año 1998, que entendía a la plena vigencia de las instituciones democráticas
como una condición esencial para el proceso de integración. En la Declaración del
MERCOSUR (2017), los cancilleres señalaron que las consultas con Venezuela resultaron
infructuosas debido al rechazo del gobierno a las mismas, sin tampoco haberse registrado
medidas eficaces y oportunas para la restauración de la democracia.
Por su parte, el gobierno venezolano rechazó la Declaración y sostuvo que se aplicó de manera
ilegal el Protocolo, violando además principios elementales del derecho internacional. El
Comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
12
(2017) sostuvo:
nefastos intereses anti integracionistas han convertido a MERCOSUR en un órgano de
persecución política contra Venezuela al procurar avanzar en una senda de ilegalidad e
intolerancia política, semejante a la que fue sometida la República de Cuba en los años
60 del pasado siglo.
En esta línea también se expresó Bolivia–Estado asociado en proceso de adhesión al
MERCOSUR–a través de un comunicado oficial, donde rechazó las injerencias y la maniobra
utilizada para suspender a Venezuela del bloque.
Por otra parte, Armendáriz (2017) agrega que la cuestión visible en la crisis del MERCOSUR es
el nivel de cumplimiento “a tiempo” de sus normas y disposiciones, como argumentaron
Argentina, Brasil, Paraguay –con la ambivalencia de Uruguay– para saquearle la presidencia
pro tempore. No obstante, Venezuela afirma que es el país que más normativas tiene aprobadas,
1.479 de un total de 1.563, lo que equivale al 93% –le resta un 6% por aprobar–. En cambio,
Brasil y Uruguay tienen el 42%, la Argentina el 37% y Paraguay el 32% por aprobar.
De este modo, puede entenderse que la decisión de suspender a Venezuela del MERCOSUR
corresponde más a una postura política e ideológica que el hecho de establecer sanciones al
gobierno de Maduro y abogar por la restauración del orden democrático.
Siguiendo a Mariana Vázquez (2018, p.119), a pesar de su pseudo mascara jurídica, la
suspensión de Venezuela viola el derecho del MERCOSUR y principios del derecho
internacional público. Así, lo que se busca en realidad es imponer un proyecto regional
dependiente en lo económico y subordinado en lo político, tirando por tierra al Estado de
derecho y los principios democráticos en la región. Un claro ejemplo de ello fue el interés del
bloque, particularmente del gobierno de Macri, de firmar un Acuerdo de Libre Comercio con la
UE. Según Morgenfeld (2019) al buscar expulsar a Venezuela se hirió de muerte al organismo,
procurando transformarlo en una estructura más flexible, alejada de los objetivos iniciales de
desarrollo con inclusión. De esta manera, la suspensión debe entenderse dentro de la
reorientación neoliberal del MERCOSUR, ya que Venezuela significaba un obstáculo para el
cumplimiento de los objetivos fijados por los gobiernos que representan el cierre del ciclo
progresista (Frenkel, 2016).
2. El accionar de la delegación argentina ante la OEA
Desde sus comienzos, la agenda de la OEA estuvo determinada por la influencia norteamericana
y sus pretensiones hegemónicas en el continente. Así, en lo que respecta a Venezuela, los
Estados Unidos han seguido una estrategia de aislamiento que sigue la tradicional política hacia
Cuba. Para ello, se han servido de distintos espacios multilaterales, donde la OEA aparece como
un espacio prioritario. De acuerdo con Dithurbide (2018, p.3), Estados Unidos ha impulsado y
12
En adelante, MPPRE.
16
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apoyado las iniciativas para la conformación de un “cerco de contención” conformado por los
países sudamericanos más afines políticamente, lo que se evidenció, por ejemplo, en la creación
del Grupo de Lima y en numerosas decisiones tomadas por la OEA. Se busca, por un lado,
evitar que la conflictividad social venezolana se expanda más allá de sus fronteras y genere
conflictos regionales, y por otro aislar al gobierno de Nicolás Maduro para ejercer presión sobre
éste.
Siguiendo a Dithurbide (2018),
la estrategia de aislamiento a Venezuela en la región se ejecuta por diversos medios: 1)
A partir del apoyo político e impulso de instancias regionales de condena al gobierno de
Maduro. Aquí podemos mencionar la creación del Grupo de Lima y la decisión de la
suspensión de Venezuela del MERCOSUR. 2) Las visitas de funcionarios de alto nivel
a países socios claves. Aquí nuevamente toma relevancia la Argentina, ya que tanto el
Vicepresidente Mike Pence (agosto de 2017) como el ex- Secretario de Estado Rex
Tillerson (febrero de 2018) visitaron nuestro país en las giras que hicieron por
Latinoamérica (p. 4).
Así, en la OEA, la diplomacia argentina se alineó a la estrategia de Estados Unidos de
aislamiento hacia Venezuela. Sin embargo, cabe aclarar que este alineamiento a la potencia
norteamericana es propio del período de Jorge Faurie como canciller, dado que Susana Malcorra
había manifestado una posición más ambigua.
Desde 2016, durante la gestión del uruguayo Luis Almagro como Secretario General de la
organización –cuya posición ante la crisis venezolana viró bruscamente desde su asunción,
siendo actualmente el principal portavoz de una postura similar a la norteamericana y
sancionatoria de la OEA– se sucedieron distintos intentos por activar el artículo 21 de la Carta
Democrática Interamericana, buscando la suspensión de la RBV del organismo. Siguiendo a
Quintanar y López (2019, p.16-17) la primera ocasión fue en junio de 2016 al invocar el artículo
20 de la Carta, que solicita al Consejo Permanente de la organización el inicio de gestiones
diplomáticas ante la alteración del orden constitucional de un país miembro. En dicha ocasión,
sin embargo, terminó por aprobarse una declaración promovida por el gobierno argentino –
presidencia del Consejo– que contempló el acuerdo con el gobierno venezolano como condición
para cualquier gestión de dialogo, mientras que la iniciativa de Almagro fue activada contra la
voluntad de la RBV. Cabe señalar que la propuesta argentina fue calificada como “blanda”, pero
era importante sumar a países que apoyaban al gobierno venezolano. La canciller Malcorra
sostuvo que la mejor salida era el diálogo entre el gobierno y la oposición, mientras que la
aplicación de la Carta Democrática no resolvería la crisis económica, política y social del país
petrolero
13
.
Una de las claves para entender la imposibilidad de aplicar la Carta Democrática a Venezuela se
basa en el hecho de que el número de votos necesarios para suspender al régimen es de 23
(como lo establece el artículo 21, dos tercios de los 34 miembros de la organización), pero no se
ha logrado conjurar un consenso de más de 20 votos debido a la negativa de los países
pertenecientes a Petrocaribe
14
, fieles al régimen venezolano que les ha subvencionado petróleo
durante años. En palabras de Quintanar y López (2019, p.22), tanto el grupo de los 14 como
Venezuela han realizado una intensa labor diplomática para intentar inclinar la balanza a su
13
El País (2016, 1 de junio): “Para Argentina, la Carta Democrática de la OEA no resolverá la crisis en
Venezuela”. Recuperado de www.elpais.com
14
Petrocaribe es una iniciativa de cooperación venezolana con países centroamericanos y caribeños
creada hacia 2005, siendo su objetivo principal contribuir a la seguridad energética. Defiende un
modelo de cooperación energética guiado por la solidaridad y el trato especial y diferenciado, cuya base
es la política venezolana de otorgar precios subsidiados y desarrollar empresas mixtas para operar los
mercados de petróleo. Debe ser entendido, además, como un instrumento de cooperación en el marco
del ALBA (Altmann Borbón, 2009, p. 128-129).
17
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favor, dado que la profunda división de la OEA con respecto al tema bloquea cualquier tipo de
acuerdo. De esta manera, los países opositores se han limitado a emitir declaraciones en repudio
al accionar del gobierno de Maduro.
Como parte de dicha estrategia de aislamiento, en septiembre de 2019 tuvo lugar la aplicación
del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) a Venezuela. La activación del
órgano de consulta del TIAR fue votada en el Consejo Permanente de la OEA por 12 de los 19
países signatarios, entre ellos Argentina y Venezuela –representada por los delegados de Juan
Guaidó, autoproclamado presidente interino de la RBV–. Estos argumentaron que “la crisis en
Venezuela tiene un efecto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la
seguridad en el Hemisferio”, por lo que se puede aplicar el principio de defensa mutua
proclamado en el TIAR (OEA, 2019).
El gobierno de Cambiemos apoyó la decisión refrendada en Nueva York, aunque transmitió que
la posición oficial era la de excluir medidas que impliquen el empleo de la fuerza armada,
dentro del abanico de opciones previsto en el artículo 8
15
del Tratado (Niebieskilkwait, 2019).
No obstante, siguiendo a autores como Simonoff (2019b, p.12), el llamado hace dudar sobre la
proclamada actitud mediadora del Grupo de Lima entre Washington y Caracas, al compartir el
diagnóstico del gobierno de Trump, pero excluir la opción de la intervención bélica.
La decisión tomada en Nueva York generó varias controversias. Del lado argentino, como
señala Niebieskilkwait (2019) en el ámbito de Cancillería hubo críticas veladas a la decisión de
participar en el TIAR en pleno periodo electoral, donde se preveía que en caso de ganar Alberto
Fernández cambiaría por completo la política hacia Venezuela. Por su parte, la RBV que se
había retirado del tratado en el año 2013 con Hugo Chávez aprobó a partir de la Asamblea
Nacional su regreso e invocación, decisión que no reconoce el Ejecutivo de Maduro
16
. En el
seno de la reunión, cinco países se abstuvieron, entre ellos Costa Rica, Panamá, Perú, Trinidad y
Tobago y Uruguay, en tanto Bahamas estuvo ausente. Luego de la votación final, Costa Rica y
Chile presentaron una enmienda para excluir el posible uso de la fuerza, la cual fue rechazada
17
.
México también rechazó de manera rotunda la propuesta, su representante señaló que “no hay
un conflicto armado en el continente que amerite la aplicación del TIAR. Creemos que es inútil
la aplicación de este mecanismo si no se busca una intervención armada en la región”
18
.
Por su parte, la ofensiva contra el régimen bolivariano también fue seguida en espacios como el
Grupo de Lima, que incidió en la agenda de la crisis venezolana en la OEA.
2.1 El Grupo de Lima
El llamado Grupo de Lima (GL) es un mecanismo de concertación política que tuvo su origen
en la Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017, como resultado de una reunión entre los
cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay y Perú. Estos se encontraron para abordar la situación en Venezuela
y buscar formas de contribuir a la restauración de la democracia a través de una salida pacífica y
negociada.
15
El artículo 8 del TIAR prevé una gama de opciones, entre las que se encuentran el retiro de los jefes de
misión, la ruptura de las relaciones diplomáticas, consulares, la interrupción parcial o total de las
relaciones económicas, o comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas postales, telegráficas,
incluyendo el empleo de la fuerza armada.
16
Infobae (2019a, 11 de septiembre): “El Consejo Permanente de la OEA dio un primer paso para la
activación del TIAR en Venezuela”. Recuperado de www.infobae.com
17
Voa Noticias (2019, 11 de septiembre): “OEA aprueba convocatoria para activar el TIAR en
Venezuela”. Recuperado de www.voanoticias.com
18
Op. Cit.
18
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El primer encuentro fue convocado por el gobierno de Perú, con el objetivo de evaluar la
situación en Caracas tras las elecciones de una Asamblea Constituyente, alegando la ruptura del
orden democrático. Ricardo Luna, ministro de Relaciones Exteriores peruano, sostuvo: “el
grupo es para activar las iniciativas que se puedan tomar en la OEA o en el marco de otros
organismos, pero no limitarnos por el tipo de reglamento de votación que hay en los organismos
internacionales”
19
. En esta línea y como señalan Quintanar y López (2019, p.24), el GL surge
dada la imposibilidad de activar en la OEA la Carta Democrática Interamericana, debido al
bloqueo de votos por parte de los países caribeños, y en respuesta a la puesta en funciones de la
Asamblea Nacional Constituyente.
Siguiendo a los autores, el Grupo de Lima constituye un nuevo espacio sin sostén legal de
ningún tipo, un grupo de presión que elige esta fórmula política contra el gobierno de Maduro.
Con el transcurso de los acontecimientos, pudo verse que su límite lo constituye la posibilidad
de una intervención militar, frente a la cual se manifestaron en contra. En septiembre de 2018,
en un comunicado once de los catorce gobiernos que lo integran –entre ellos el argentino–
expresaron “su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que
implique una intervención militar en Venezuela”
20
. Esto respondía a los dichos del Secretario
General de la OEA Luis Almagro, quien sostuvo en una conferencia de prensa en Colombia:
“en cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar
ninguna opción”
21
.
No obstante, pueden vislumbrarse numerosas contradicciones políticas al interior del
mecanismo. Un ejemplo de ellas fue la decisión de rechazar la decisión soberana de la RBV a la
convocatoria a elecciones presidenciales para abril del 2018. En un comunicado –del que
participó Argentina– se insistió en que éstas debían ser democráticas, transparentes y creíbles,
rechazando además la participación del presidente Maduro en la reunión de la Cumbre de las
Américas que se celebraría en Perú
22
. Ello deja en evidencia sus inconsistencias legales y
políticas con respecto a sus propias demandas en el pasado reciente, y también expone sus
contradicciones al realizarse ahora la celebración electoral por la que bregaban (Quintanar y
López, 2019, p.25).
Como se mencionó, el GL fue una de las materializaciones de la estrategia perseguida contra
Venezuela por países afines a los Estados Unidos. Otro de los sucesos que lo ilustra fue el
apoyo y reconocimiento brindado al autoproclamado presidente interino de Venezuela, en
calidad de presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a desarrollar en el siguiente
apartado. En la reunión del 4 de febrero del 2019 en Ottawa, Canadá, se anunció la declaración
que reconocía la presidencia interina de Guaidó, haciendo un llamado a la comunidad
internacional para que también brinde su respaldo. Además, los gobiernos de Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paragua y Perú
expresaron que “acogen con gran satisfacción la solicitud del Presidente Encargado Juan
Guaidó de incorporar al legitimo gobierno de Venezuela al Grupo de Lima y le dan la
bienvenida” (Declaración del Grupo de Lima, 2019).
Con respecto a la convocatoria del TIAR en septiembre de 2019, los países del GL emitieron un
documento donde se manifestaron a favor de implementar nuevas sanciones o medidas
19
Andina (2017, 5 de agosto): “Ricardo Luna: 14 cancilleres abordarán en Lima crisis de Venezuela”.
Recuperado de www.andina.pe
20
El País (2018, 16 de septiembre): “El Grupo de Lima rechaza cualquier intervención militar en
Venezuela”. Recuperado de www.elpais.com
21
La Capital (2018, 16 de septiembre): “La OEA no descarta una intervención militar en Venezuela”.
Recuperado de www.lacapital.com.ar
22
PanamPost (2018, 13 de febrero): “Grupo de Lima acuerda impedir visita de Maduro a Perú: No será
bienvenido en Cumbre de las Américas”. Recuperado de www.es.panampost.com
19
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económicas y políticas contra el gobierno de Maduro, pero sin recurrir al uso de la fuerza, con el
fin de favorecer al restablecimiento del Estado de derecho y el orden constitucional y
democrático en Venezuela
23
. Asimismo, solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la
ONU “establecer un mecanismo independiente de seguimiento e investigación sobre la
violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela”, y exhortaron a la Asamblea
General de la ONU a rechazar la candidatura del gobierno de Maduro para ocupar un puesto en
dicho Consejo (Declaración conjunta del Grupo de Lima, 2019).
De este modo, puede concluirse que a partir de su accionar en el Grupo de Lima la Argentina y
el resto de sus miembros no contribuyeron a una salida pacífica y negociada de la situación
venezolana –objetivos iniciales del grupo–, y lejos de ello, se acentuaron las presiones y el
aislamiento de la RBV en instancias como la OEA, en línea con la estrategia propulsada por el
gobierno norteamericano.
2.2 El reconocimiento internacional a Juan Guaidó
El 23 de enero del 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Juan
Guaidó, asumió las funciones de Presidente Encargado de la República, invocando los artículos
233, 333 y 350 de la Constitución bolivariana, que establecen que en caso de ausencia absoluta
del jefe de Estado, corresponde al presidente del Legislativo ocupar de forma temporal el
Ejecutivo y convocar nuevas elecciones. La Asamblea Nacional –al igual que el GL y la
oposición a Venezuela en la OEA– considera que Maduro usurpa el poder desde enero del 2019,
tras haber sido elegido el pasado 20 de mayo de 2018 en elecciones fraudulentas, no
reconocidas por los Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países
latinoamericanos
24
. Guaidó, presidente de la Asamblea controlada por la oposición y declarada
en desacato por las autoridades judiciales afines al gobierno, sostuvo que dio este “paso” para
"lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres"
25
.
Tras el anuncio, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Estados Unidos y Perú expresaron su reconocimiento a Guaidó, mientras que países
como México y Bolivia reafirmaron su respaldo a Maduro. En el comunicado oficial de
Cancillería (2019b) y en conformidad con los integrantes del Grupo de Lima, el gobierno de
Cambiemos comunicó su decisión. Este sostuvo:
el gobierno de la República Argentina reconoce al Diputado Juan Guaidó como
Presidente Encargado de Venezuela. La Argentina continuará apoyando el
restablecimiento de la democracia, el pleno respeto de los derechos humanos en ese
país hermano y la recuperación de las condiciones de vida dignas para el pueblo
venezolano.
Asimismo, a través de una serie de tweets, el presidente Mauricio Macri agregó que confiaba en
que dicha decisión contribuiría al “restablecimiento de la democracia a partir de elecciones
libres y transparentes, con plena vigencia de la Constitución y la participación de líderes de la
oposición”
26
.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros mandatarios en
brindar el reconocimiento, a través de un comunicado de la Casa Blanca también vía Twitter. El
23
Nodal (2019, 23 de septiembre): “Miembros del TIAR y el Grupo de Lima llaman a adoptar nuevas
sanciones contra Venezuela”. Recuperado dewww.nodal.am
24
BBC (2019, 23 de enero): “Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se
juramente como presidente encargado del país”. Recuperado de www.bbc.com
25
Op. Cit.
26
Infobae (2019b, 23 de enero): “La Argentina reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela”.
Recuperado de www.infobae.com
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Secretario General de la OEA se expresó en el mismo sentido
27
. Siguiendo a Simonoff (2019a,
p.1), la mayoría de los países de la región se plegaron a la estrategia motorizada por el
presidente norteamericano junto a legisladores republicanos anticastristas, aprovechando la
consolidación del giro hacia la derecha con los triunfos de Bolsonaro y Duque en Brasil y
Colombia. No obstante, ni México ni Uruguay acompañaron la acción, por considerar que ésta
atenta contra el principio de no intervención, pilar indiscutido del sistema interamericano.
En cuanto a la Unión Europea, cabe mencionar que si bien la mayoría de los países reconoció a
Guaidó, a finales de enero de 2019 anunció la creación del llamado Grupo de Contacto
Internacional (GCI), con el objetivo de coordinar esfuerzos internacionales a fin de facilitar la
celebración de nuevas elecciones presidenciales, dejando en manos de los gobiernos el
reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado. De hecho, el GCI también integra a
países latinoamericanos que no lo hicieron, como Costa Rica y Uruguay
28
.
Por su parte, en el seno de la OEA, la decisión de reconocer al representante de Guaidó, estuvo
plagada de controversias. En la reunión del 9 de abril del 2019, el Consejo Permanente resolvió,
por iniciativa del gobierno norteamericano, reconocer a Gustavo Tarre como representante de la
Asamblea Nacional, que tiene a la cabeza al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó
(Quintanar y López, 2019, p.31). Ya unos meses antes Luis Almagro había señalado que la
OEA no podía tener doble representación de un país, frente a lo cual el representante del
chavismo en la organización, Samuel Moncada, reiteró su derecho a ocupar esa silla, salvo que
una resolución de la Asamblea General aprobada con 24 votos suspendiera a Venezuela. En su
intervención, además, Moncada señaló que el reconocimiento de un gobierno era un derecho
soberano de cada país (MPPRE, 2019a).
En principio, la iniciativa en la OEA buscaba reconocer al enviado de Guaidó como embajador
del Estado de Venezuela, pero la resolución incluyó a última hora una enmienda de Jamaica y
acabó por reconocerse a Tarre como representante de la AN. Una de las postura más críticas fue
la de México, que cuestionó la capacidad del Consejo Permanente para reconocer un enviado
del legislativo como embajador ante el organismo, puesto que los representantes siempre son
nombrados por el Ejecutivo (Quintanar y López, 2019, p.31). En la misma línea se expresó el
embajador uruguayo –y otros 10 países que desconocieron la designación de Tarre– quien
sostuvo: “la OEA no tiene competencia para efectuar un reconocimiento colectivo, facultad que
sólo reside en los Estados miembros. La resolución es contraria al derecho internacional y a la
normativa de la OEA” (Quintanar y López, 2019, p.32).
En síntesis, el reconocimiento de Guaidó en la OEA se trató de una resolución sin precedentes,
dado que muchos países miembros no lo reconocen, y en materia de derecho internacional
consuetudinario, la regla es que el reconocimiento de un Estado es un acto individual de cada
gobierno. Al plegarse a esta iniciativa, la Argentina dio cuenta, una vez más, de su política
confrontativa e injerencista para con el gobierno de Maduro y la RBV.
2.3 El retiro de Venezuela de la OEA
El 28 de abril de 2017, la Cancillería venezolana anunció que se retiraría de la OEA, alegando la
defensa de la soberanía del país para evitar el intervencionismo e injerencismo extranjero
(Meier García, 2018, p.103). Consecuentemente, se inició oficialmente el procedimiento de
retiro voluntario de la organización, que tarda un lapso de 24 meses.
La denuncia fue presentada por la embajadora venezolana ante la OEA, Carmen Luisa
Velázquez, ante el Secretario General de la organización, Luis Almagro, y fue anunciada por la
27
Telam (2019b, 23 de enero): “Trump reconoce a Guaidó como presidente legítimo”. Recuperado de
www.telam.com.ar
28
Europa Press (2019, 31 de enero): “La UE anuncia un Grupo de Contacto Internacional y deja en manos
de los países el reconocimiento a Guaidó”. Recuperado de www.europapress.es/internacional
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canciller Delcy Rodríguez, minutos después de que los miembros de la OEA aprobaran la
convocatoria a una reunión para tratar la crisis del país sin su consentimiento
29
. Cabe destacar
que la decisión de Caracas se produjo en un contexto de intensas protestas contra el gobierno y
acciones violentas, que dejaron decenas de muertos, heridos y daños a espacios públicos
30
. La
solicitud fue escrita por el mandatario Nicolás Maduro, quien señaló que la decisión se ajusta de
manera soberana a los postulados históricos y doctrinales del proceso independentista
bolivariano.
Siguiendo a Quintanar y López (2019, p.20-21), el representante permanente de Venezuela ante
la OEA, Samuel Moncada, explicó que su país se retiró del organismo debido a tres razones. En
primer lugar, se refirió a la violación del derecho y soberanía de Venezuela, como así también
de la Constitución bolivariana y el principio fundamental de la OEA –artículo 1 de la Carta, la
no intervención en asuntos de jurisdicción interna de los Estados miembros–. En segundo lugar,
Moncada mencionó el fraude ocurrido el 3 de abril, al aprobar una resolución contra Venezuela
sin contar con los votos necesarios, habiéndola llamado por “consenso”. Por último, el
diplomático acusó al Secretario General de ser “el agente de los partidos de derecha en
Venezuela, de llamar al golpe de Estado y a la insurrección de los mandos militares” (Quintanar
y López, 2019, p. 21).
La canciller argentina, Susana Malcorra, negó que se tratara de una intromisión en los asuntos
internos de Venezuela, “donde las instituciones en este momento no están respondiendo a lo
establecido en los mecanismos democráticos”
31
, aunque su gobierno respaldó las resoluciones y
la ofensiva contra Maduro en el seno de la organización.
En abril del año 2019, cumplido el periodo de 24 meses, Venezuela completó su salida oficial
de la OEA. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de
Maduro celebró “el rompimiento de las cadenas que la ataban a la dictadura impuesta por
Estados Unidos en la OEA” (MPPRE, 2019b). En este, se criticó además a los “gobiernos
satélites que, liderados por EEUU, sacrificaron la Carta fundacional de la organización y la
convirtieron en un instrumento cómplice de una intervención militar extranjera contra el pueblo
venezolano” (MPPRE, 2019b).
En dicha ocasión, la postura argentina se plegó al reconocimiento de Juan Guaidó. Consultado
por una de las reuniones de la OEA, el canciller Jorge Faurie expresó que “no se tomará en
cuenta el pedido de Maduro, de hace dos años, de abandonar el organismo continental, a pedido
de Guaidó” y que “en el 2017 Venezuela planteó que quería apartarse de la OEA, y ahora
Guaidó pidió no efectivizar ese retiro”
32
. De esta manera, la estrategia impulsada por el gobierno
norteamericano, seguida por el gobierno de Mauricio Macri y otros de la región, acabó por
alejar al régimen de Maduro del organismo, reconociendo el derecho del representante de
Guaidó para ocupar la banca.
3. La emergencia del PROSUR y el retiro de la UNASUR
Un último punto a analizar en lo que respecta al relacionamiento impulsado por la Argentina
para con Venezuela lo constituyen la emergencia del PROSUR y la decisión del gobierno
argentino de suspender su participación en la UNASUR, en marzo y abril de 2019,
respectivamente.
29
El País (2017, 27 de abril): “Venezuela anuncia su retirada de la OEA”. Recuperado de
www.elpais.com
30
Hispan TV (2017, 29 de abril): “Venezuela inicia oficialmente el proceso de salir de la OEA”.
Recuperado de www.hispantv.com
31
Univisión (2017, 26 de abril): “Venezuela anuncia su retiro de la OEA”. Recuperado de
www.univision.com
32
Página12 (2019, 24 de enero): “Alineados con Estados Unidos”. Recuperado de www.pagina12.com.ar
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De acuerdo con Mocciola (2019, p.81), el giro político que la región experimentó a partir del
año 2015 tuvo como resultado una serie de transformaciones en el escenario latinoamericano,
siendo una de ellas la desaceleración de los procesos de concertación política regional –la
mayoría, impulsados años atrás por iniciativa de los gobiernos de raigambre progresista–, como
lo fue el caso de UNASUR. En palabras de Nolte y Mijares (2018), para entender el ocaso de
UNASUR es preciso tener en cuenta el contexto de su nacimiento, siendo ésta resultado y
denominador común de proyectos regionales liderados por el Brasil de Lula y la Venezuela de
Chávez.
A partir de 2015, el gobierno de Macri en la Argentina –como el de otros líderes de derecha de
la región– representó una ruptura frente a aquella concepción integracionista. No obstante,
además de ello, Tokatlián (2019) resalta una serie de factores que se conjugaron en el deterioro
y posterior desplome del organismo:
a) el gradual desinterés de Brasil (…) de invertir recursos diplomáticos en América del
Sur; b) la desafortunada elección del ex presidente Ernesto Samper al frente de la
Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas; c) la acefalía en la
conducción de UNASUR desde principios de 2017 en medio de distintas estrategias
simultáneas de diferentes países destinadas más a la obstrucción de candidaturas que al
logro de un candidato de consenso; d) el fracaso de las gestiones de buenos oficios
auspiciadas por UNASUR ante la profundización de la crisis en Venezuela en el marco
de irresponsabilidades compartidas por parte del gobierno y de la oposición; e) el
establecimiento del llamado Grupo de Lima en agosto de 2017 con el fin de debilitar,
cercar y aislar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela; f) la mediocre presidencia
pro témpore de la Argentina entre abril de 2017-abril 2018 que nunca citó una cumbre
de mandatarios, de cancilleres o de ministros de Defensa; g) la suspensión de la
participación de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay en el bloque
sudamericano justo cuando la presidencia pro témpore pasaba a Bolivia; y h) la salida
definitiva de Colombia (agosto 2018) y Ecuador (marzo 2019) del mecanismo de
concertación (Tokatlián, 2019, p. 2).
A los fines del análisis, resulta central destacar que el mecanismo idóneo para encontrar una
solución política a la crisis venezolana sería la UNASUR, ya que desde el año 2009 funcionó
como ámbito de resolución de diversos conflictos regionales (Simonoff, 2019b, p.11). No
obstante, la decisión del gobierno argentino de suspender su participación en abril de 2019,
debido a la existencia de una agenda con un “alto contenido ideológico” (Cancillería argentina,
2019a), pone en tela de juicio su vocación de encontrar una solución a la situación venezolana.
En esta línea, Emanuel Porcelli (2019) habla de una sobre ideologización de la integración
regional, haciendo referencia al hecho de que el gobierno de Cambiemos utilizó, desde la
campaña electoral, los asuntos suramericanos como un elemento para el debate político
doméstico, demonizando y simplificando esa esfera. De esta manera, el autor señala que esto ha
llevado al gobierno de Macri a una incapacidad de apropiarse de plataformas como UNASUR –
o MERCOSUR–, como así también de resignificarlas y utilizarlas para sus objetivos regionales
como una herramienta válida para objetivos de la PE.
El fin de la UNASUR se materializó en la iniciativa de los presidentes Duque y Piñera de crear
el Foro para el Progreso de América del Sur, o PROSUR. En marzo de 2019, en el marco de un
encuentro bilateral con su par chileno, el colombiano Iván Duque anticipó que “el PROSUR se
trata de una herramienta de cooperación, de dialogo sin ideologización alguna”
33
. A esta
iniciativa se sumaron pronto los gobiernos de Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y Paraguay,
33
El País (2019, 22 de marzo): “Sudamérica entierra a la Unasur de Chávez, Kirchner y Lula”.
Recuperado de www.elpais.com
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habiendo quedado al margen Bolivia y Uruguay –“donde la izquierda goza de buena salud”– y
por su puesto Venezuela, el enemigo común del bloque
34
.
No obstante, a pesar de que a nivel discursivo los firmantes manifestaron no querer formar un
bloque ideológico que impida la toma de decisiones, esto no tiene su correlato en la realidad.
Lejos de hacerlo, el PROSUR constituye una plataforma regional de gobiernos de derecha y
alineados a los Estados Unidos. Así lo ilustran algunos de los objetivos del nuevo organismo,
entre ellos: “avanzar en una zona de libre comercio, coordinar la luchar contra el terrorismo,
tráfico de drogas, armas y personas, y; potenciar el intercambio de información y experiencias
en materia de defensa y ciberataques” (Beldyk, 17 marzo 2019, p. 8, citado por Simonoff, 2019,
p. 11).
Algunos analistas han calificado al PROSUR como el nuevo bloque regional que excluye a
Venezuela. Según el documento oficial, el organismo pone como barrera de entrada la plena
vigencia de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales y el respeto por los
derechos humanos. Estas condiciones, en palabras del mandatario chileno Sebastián Piñera, no
son cumplidas por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, motivo por el cual no fue
invitado a formar parte
35
. No obstante, sí fue invitado Juan Guaidó como presidente de la
Asamblea Nacional y reconocido por estos países también como el presidente encargado de la
RBV. Si bien no asistió a la reunión en Santiago, Guaidó elogió la iniciativa y la calificó como
“el futuro de la integración suramericana”
36
.
En línea con esta política confrontativa hacia Caracas de la región, cabe mencionar la llamada
Operación Cúcuta fraguada al interior del Grupo de Lima, la cual, según Carlos Ominami
(2021, p.162) constituyó una suerte de preestreno internacional de lo que Colombia y Chile
querían que fuera el PROSUR. Esta tuvo lugar el 22 de febrero de 2019, cuando la creación del
PROSUR ya había sido anunciada por el presidente colombiano: el objetivo era acompañar el
ingreso de ayuda humanitaria desde la frontera con Colombia, provocando un fuerte impacto en
el Ejército Bolivariano para precipitar la caída de Maduro. Así, Guaidó en tanto “presidente
encargado” podría hacer su entrada triunfal en Venezuela, acompañado por Duque, Piñera, y el
paraguayo Abdo Benítez (Ominami, 2021, p.162). No obstante, no sólo no se produjo la
deserción masiva en las filas del ejército, sino que tampoco se logró hacer ingresar la ayuda;
además de que la mayoría de los presidentes del Grupo de Lima no asistieron (ni Bolsonaro, ni
Macri, ni Vizcarra)y Maduro terminó fortalecido. De esta manera, como señalan Ominami
(2021, p.161) y Canelas (2022, p.3) la Operación Cúcuta quedó en la historia como un bochorno
y fracaso internacional, teniendo los protagonistas de la operación que deshacerse en
explicaciones.
En suma, teniendo en cuenta lo anterior y en palabras de Alejandro Frenkel (2019, p.2), la
creación del PROSUR “no significó agregar una nueva sigla al rompecabezas de la integración
latinoamericana, sino reemplazar otra existente”: la UNASUR, al haber abandonado la misma
aduciendo al exceso de ideologismo y burocracia. En este sentido, Frenkel (2019) exclama: “si
la UNASUR contuvo diferentes formas de mirar al mundo, el PROSUR carece de pluralidad”
(p. 2). Siguiendo al autor, el argumento compartido por el gobierno argentino de que el
PROSUR es una instancia que carece de ideologización y la rigidez institucional de su
antecesora, es difícil de sostener.
En definitiva, la decisión que llevó a suspender la participación argentina de la UNASUR y, de
manera paralela sumarse al PROSUR, constituye dos caras de una misma moneda: alejarse del
34
Op. Cit.
35
El Espectador (2019, 22 de marzo): “Prosur, el nuevo bloque regional que excluye a Venezuela”.
Recuperado dewww.elespectador.com
36
Infobae (2019c, 22 de marzo): “Juan Guaidó: el PROSUR es el futuro de la integración suramericana”.
Recuperado de www.infobae.com
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sueño de la integración bolivariana y reconvertirse hacia un regionalismo alineado con la
potencia del norte; lo que da cuenta, una vez más, de la ofensiva desarrollada contra la RBV.
Conclusiones
A lo largo de este artículo se analizaron los principales rasgos que adquirió la vinculación con
Venezuela durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), considerando que la elección de
dicha temática permite realizar un aporte a los estudios sobre la política exterior argentina en
términos contemporáneos y, además, desde una óptica alternativa a la tradicional. En ese
sentido, la investigación se orientó a determinar si la Argentina desarrolló una postura
confrontativa con Venezuela, a partir de su relacionamiento a nivel bilateral y en instancias
multilaterales, tal como se planteó en la hipótesis del presente trabajo.
A tal fin, fue necesario resaltar algunos de los lineamientos y condicionantes de la política
exterior del gobierno de Cambiemos, abordados con mayor profundidad en trabajos previos. En
primer lugar, partiendo de la implementación de un modelo de desarrollo económico, político y
de inserción internacional neoliberal a partir del año 2015 es que debe entenderse la puesta en
marcha de dicha estrategia. Se desplegó una política aperturista y favorable al proceso de
globalización, que buscó flexibilizar los mecanismos de integración regional existentes a los
fines de “reinsertar a la Argentina en el mundo” y atraer las inversiones extranjeras necesarias
para la resolución de los problemas domésticos. En este punto, se entendía que la vinculación de
los gobiernos anteriores con la Venezuela chavista había aislado al país internacionalmente y
que, además representaba una amenaza a la consecución de dichos intereses en espacios
regionales, como se evidenció en el caso del MERCOSUR, los intentos de incorporarse a la AP
y en el retiro de la UNASUR.
Asimismo, la necesidad de acceder a financiamiento externo y el desarrollo de la política
exterior en clave económica –que buscó ganar el beneplácito de la potencia del norte—explican
el acoplamiento a la estrategia de aislamiento internacional y regional sostenida por los
gobiernos de derecha de América Latina y las gestiones de los Estados Unidos. En términos
políticos, se menciona la concepción del gobierno argentino de su par venezolano como un
régimen autoritario y dictatorial y las críticas esbozadas en relación a su calidad democrática y
de violaciones a los derechos humanos, como así también la implementación de dos modelos de
desarrollo antagónicos (punto abordado en otros trabajos), como fundamentos para explicar la
confrontación en el plano bilateral y multilateral.
En segunda instancia, también tuvieron una singular incidencia los condicionantes externos,
entre ellos el giro a la derecha en América Latina y el rol de los Estados Unidos en la
formulación de la política exterior argentina y de los países de la región. En este punto, cabe
destacar que la postura dura seguida por el gobierno macrista no distó mucho de las políticas
exteriores adoptadas por otros gobiernos latinoamericanos, como Colombia, Chile, o Brasil:
Venezuela representaba un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos fijados por la nueva
derecha regional y la potencia del norte.
De esta manera, los vínculos con Venezuela durante el gobierno de Cambiemos se erigieron
como fundamentales. Como se mencionó, ya desde la campaña presidencial el relacionamiento
establecido en los años precedentes fue objeto de numerosas críticas, derivadas de la calidad
democrática del régimen, la persecución a opositores y las violaciones a los derechos humanos.
Así, se afirma que uno de los rasgos de la política latinoamericana del macrismo se orientaría a
desalentar las relaciones con los países del eje bolivariano, sostenidas durante los gobiernos
kirchneristas. Como se evidenció, la confrontación con Caracas obedeció a dos objetivos
primordiales: dar cuenta de la estrategia internacional aperturista y pro-occidental y debilitar a
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un potencial veto a la flexibilización del MERCOSUR, impulsada por Argentina y otros países
de la región.
De esta manera, es posible afirmar que durante el gobierno de Macri se desarrolla una política
exterior confrontativa hacia Venezuela, tanto en el plano bilateral como en instancias
multilaterales. A nivel bilateral, se evidencia una marcada confrontación en términos político-
diplomáticos, ya que durante el periodo 2015-2019 no hubo acuerdos, intercambios de visitas,
se desjerarquizó el nivel de la Embajada a encargada de negocios y reconoció a Juan Guaidó y
sus representantes; lo que a su vez fue potenciado por intercambios económico-comerciales
cada vez más escasos.
Por otro lado, en el plano multilateral, se vislumbra la postura argentina con relación a tres
sucesos: la suspensión de Venezuela del MERCOSUR –donde se postuló la aplicación de la
cláusula democrática para expulsar al país del bloque–; también en torno al accionar ante la
OEA –a partir de su participación en el Grupo de Lima, la postura ante la salida de Venezuela
del organismo y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de la RBV—; y
finalmente en la creación y participación del PROSUR –como iniciativa regional que excluyó a
Venezuela— y posterior decisión de retirada de la UNASUR –organismo regional que hubiera
constituido el espacio idóneo para la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la crisis
venezolana—.
Para finalizar, resulta relevante plantear algunos interrogantes para profundizar dicho análisis en
investigaciones futuras. Entre ellos, el abordaje de la vinculación con Venezuela durante las
diferentes administraciones desde el retorno de la democracia en 1983, como así también la
incidencia de otras variables internas–tales como los actores y sectores domésticos participantes
de la política exterior y sus intereses en Venezuela– y externas–el papel de los Estados Unidos
llegada una nueva administración demócrata a la Casa Blanca, el rol de organismos como el
MERCOSUR–, entre otras líneas de análisis.
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